POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
El año pasado en nuestro país, según el Inegi, de un total de poco más de 680 mil defunciones registradas entre enero y agosto, el 9 por ciento se debió a tumores malignos; mientras que el año anterior, 2019, la proporción fue del 12 por ciento. Si bien es cierto que esta enfermedad no respeta género, lo que también es cierto es que las mujeres son quienes tienen un mayor riesgo de padecerlo.
Según diversas fuentes, las cifras relacionadas con la incidencia de este tipo de enfermedades, se disparó en lo que va de este siglo, en buena medida debido a la carencia de sanos hábitos alimenticios, la ausencia de prácticas de ejercicio físico y el deterioro del medio ambiente que se expresa en agua y aire contaminados con sustancias cancerígenas como el plomo y el arsénico, por ejemplo.
Aunque se han hecho avances enormes en lo que se refiere a la detección temprana y tratamiento de padecimientos cancerosos, es mucho más lo que falta por hacer. No solamente en términos de investigación para la prevención, detección oportuna y tratamiento eficiente sino que, además, se requiere una reestructuración en la gestión de los recursos científicos, humanos y materiales expresados en políticas y presupuestos que se materialicen en hospitales con el equipamiento humano y material, suficiente en cantidad y calidad para dar la batalla a una enfermedad que causa muchos y muy graves estragos, tanto en términos de sufrimiento humano como en costos sociales y económicos.
Y entonces, ante circunstancias como las que arriba se mencionan, se vuelve fundamental la perspectiva desde la cual se aborda una problemática de salud de esas dimensiones que, por si fuera poco, es una mas de las muchas enfermedades que exigen una atención desde una perspectiva de sociedad y no desde la oportunidad de hacer negocios. Sin embargo, ésta última es la que ha guiado la política de salud del Estado mexicano en los últimos treinta o cuarenta años, según reiteradas denuncias de diversos personajes del actual gobierno, empezando por el presidente López Obrador.
La necesidad de atención médica para población derechohabiente del IMSS y del ISSSTE e, incluso, para la población sin acceso a estas instituciones, se convirtió en una gran oportunidad de negocio para farmacéuticas, distribuidoras y funcionarios gubernamentales, a grado tal que los precios de los medicamentos se establecían al arbitrio de los fabricantes y distribuidores, no bajo la lógica del mercado verdaderamente libre que, por supuesto, es una ilusión.
De acuerdo con la narrativa de los voceros del actual régimen lopezobradorista, el sistema de salud estaba totalmente descuidado en términos de equipamiento material, o en lo referente a la disponibilidad de personal suficiente y, además, las adquisiciones de insumos para su operación estaban en manos de mafias que imponían al gobierno sus condiciones para el abasto de dichos insumos. Por esa razón, desde hace dos sexenios se veía, por ejemplo, a un Seguro Social subcontratando servicios que, por ley, estaba obligado a ofrecer, lo mismo ultrasonidos que guarderías.
Desde el gobierno federal se favorecían los negocios privados y ahora, que les han quitado esa posibilidad, atacan una y otra vez las políticas de un gobierno que, sin duda está cometiendo muchos errores, pero intenta reestructurar la manera en que se llevan los asuntos de la administración pública.
Son, según el presidente López Obrador, fundamentalmente tres empresas las que controlaban un mercado farmacéutico de cien mil millones de pesos a través de un monopolio que incluso vendía al gobierno productos de mala calidad y a precios muy elevados. Esas son el cáncer que hay que extirpar.
