POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Se trata de un clásico electoral que ciertamente ha sido ya generalizado y que hasta hoy en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra el candidato priista en Nuevo León, Adrián de la Garza, parece configurarse como un delito (electoral). En Nuevo León se llama Tarjeta Rosa; aquí en Coahuila se llama “la mera mera”, y solo aparece en tiempos electorales; su finalidad es ofrecer promociones, apoyos, descuentos, etc., en algunos establecimientos comerciales que tienen convenio con el gobierno del Estado. Las preguntas que muchos se hacen es saber si estos plásticos constituyen en delito electoral al tenor del contenido del artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales que dice que “se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”. Si bien es cierto, este tipo de tarjetas que, cabe mencionar, también uso José Antonio Meade en su campaña presidencial también bajo el nombre de tarjeta rosa o “La Efectiva” usada por Eruviel Ávila -todos ellos priistas- no cuentan con dinero electrónico ni tampoco son para crédito, por lo que no se cumple lo sancionado en el artículo anterior en lo que respecta a pago o promesa de dinero, y, en lo que se refiere a contraprestación, este último término hace referencia a un pago que corresponde por ley, por lo que tampoco aplica. En términos generales, tiene razón el consejero del INE, Ciro Murayama, cuando señala que no se trata de actos y objetos violatorios de la ley, solo propaganda de mal gusto, y a pesar de las denuncias del dirigente de morena y la inservible investigación que realiza la fiscalía, no hay nada de ilegal en el uso de estas tarjetas, pues detrás de ella solo se trata de falsas promesas que ciertamente engañan, que sirven como propaganda y que son un hábito electoral en la maquinaria priista tradicional, sobre todo en sus bastiones: Coahuila y Estado de México. Me parece que morena recurre a la denuncia de lo absurdo, usando a la Fiscalía para tratar de golpear a un candidato en un Estado en donde parece que su candidata se hunde en el tercer lugar sin posibilidades ya de remontar, a menos que un buen escándalo surgiera, por eso no llama la atención que existan investigaciones y denuncias en contra del puntero, Samuel García de movimiento ciudadano y Adrián de la Garza del PRI en un aparente afán de encontrar resquicios de corrupción que pudieran cambiar las tendencias a menos de un mes de la elección. Hay otro tipo de delitos que merecen la atención de la fiscalía, no desgastarse en donde no hay conculcación de leyes electorales. El uso de tarjetas seguirá siendo una lastimosa y patética estrategia priista, tan predecible que el solo hecho de anunciar estos plásticos ofende la inteligencia de muchos, que al final no sirven para nada que no sea propaganda coyuntural, pero jamás se configurará como un delito electoral, a menos que morena y su mayoría reformen la ley electoral y las prohíban en las siguientes elecciones.
