POR: EDUARDO GRANADOS PALMA
Analista internacional
En Seguridad Pública,
Inteligencia y Defensa.
www.ciasid.org
Dos tragedias han marcado a dos países latinoamericanos en días recientes. El incidente, como oficialmente ha sido llamado el desplome del metro en Ciudad de México que dejó 25 muertos y un centenar de heridos, y en Colombia en solo cinco días de protestas contra la reforma fiscal dejaron al menos 19 muertos y más de 800 heridos. Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública. Choques inéditos en su historia reciente por su alcance y constancia. Los datos disponibles son preliminares pero las cifras oscilan entre más de 19 muertos, 89 desaparecidos y miles de heridos. Pero solo en Siloé el lunes, por ejemplo, la alcaldía de Cali contabilizó cinco muertos al igual que otros sucedidos desde el inicio de las manifestaciones (28 de abril), lo atribuyen los vecinos al controversial Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, conocido en el país como ESMAD, una unidad antidisturbios que fue creada en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana en uno de los periodos más agudos de la guerra en Colombia. Depende de la policía y está adscrito al Ministerio de Defensa. Aunque fue fundado bajo un decreto transitorio, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el padrino político de Duque, lo formalizó y creó el curso que capacita a los agentes de esta unidad. Entre 1999 y 2018, las acciones del bloque policial produjeron la muerte de 18 personas solo en Bogotá, según la ONG Paz y Reconciliación. Pero los reportes oficiales muestran que la mayoría de las intervenciones del organismo han sido en el departamento del Cauca, zona de presencia guerrillera e indígena. Durante los últimos años, el organismo realizó operaciones de desalojo de propiedades: 1.154 entre 2013 y 2015, según cifras oficiales. La escalada de la violencia en todo el país, con Cali como epicentro pero también en municipios pequeños y de tamaño medio, tiene las principales carreteras bloqueadas, decenas de peajes destrozados y cientos de edificios públicos y privados quemados. El gobierno de Iván Duque atribuye la violencia a infiltrados de grupos guerrilleros y terroristas, así como a vándalos que aprovechan para saquear el comercio. Los críticos, sin embargo, hablan de masacres a mano del Estado tras el anuncio del mandatario de militarizar las calles. Cali tiene un flujo de armas inusual, aunque no existen cifras consolidadas de armas por habitante, las autoridades incautan cientos cada mes. Además, pese a que logró reducir los homicidios en un 30% en las últimas dos décadas, la capital del Valle del Cauca es la más peligrosa de Colombia con 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, según cifras oficiales. Parte de su incapacidad de acabar con la violencia se debe a que se encuentra ubicada entre tres regiones afectadas por el conflicto, el narcotráfico y el desplazamiento: el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca. Y eso ha contribuido a que la versión más violenta de esta nueva ola de protesta se dé en esa ciudad.
