POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Luego de que la fiebre privatizadora desatada desde 1982, justificada por Miguel de la Madrid con la idea de que el Estado mexicano estaba demasiado “obeso”, poco quedó de aquél Estado de Bienestar construido por algunos de los gobiernos autollamados “de la Revolución”. Los penúltimos remates los hizo el gobierno de Peña Nieto y los remanentes quedarían para que Anaya o Mead, el que ganara, hiciera una venta de saldos. Solo que se les atravesó López Obrador que, encarnando el hartazgo de una ciudadanía que ya no se tragó el cuento de que primero habría que generar riqueza y luego ya se vería como se distribuiría, les ganó la presidencia.
El compromiso explícito lopezobradorista de reinstaurar el Estado benefactor choca de inmediato con los intereses creados, con la estructura clientelar construida con los empresarios, pero también con una ideología neoliberal cultivada con fervor durante casi cuatro décadas y que ha echado raíces en la clase media mexicana, esa que frunce la nariz cada que oye hablar de programas sociales.
Sin embargo, ahí va. Contra viento y marea la reestructuración del Estado mexicano sigue. La votación obtenida en 2018 permitió a López Obrador contar con los escaños suficientes en el poder legislativo para convertir en leyes algunas de sus transformaciones. Sin embargo, es mucho lo que pretende cambiar el presidente y, para ello, le hace falta tiempo y poder. Necesita mantener, si no es que acrecentar, la mayoría que ahora tiene en ambas Cámaras del legislativo, y eso es justamente lo que está en disputa en el actual proceso electoral.
El próximo mes se verá que tato puede seguir avanzando ésta que han dado en llamar la Cuarta Transformación o sí, por fin, la oposición la para en seco. Los cargos en disputa son 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 más por el principio de representación proporcional y, básicamente, son dos los proyectos de nación los que necesitan la mayoría de esos cargos para que sus ideas se conviertan en políticas, programas y presupuestos. De un lado está el proyecto del presidente encarnado en el partido oficial, Morena, mientras que del otro lado podemos encontrar al PRI, PAN y PRD, una muy extraña alianza que solo se vuelve explicable cuando vemos que el patrocinador es el sector empresarial que ha sido desplazado de los negocios con los recursos públicos, todos ellos cobijados bajo el emblema de la Coalición “Va, por México”.
Para el caso de Coahuila se disputan 38 presidencias municipales, 76 sindicaturas y 400 regidurías y, por supuesto, es también escenario de la competencia por el voto en torno a esos dos proyectos de país arriba mencionados. Lo cual no quiere decir que la contienda sea rica en propuestas de gobierno, o que las campañas tengan ese refinamiento que atraiga la atención del electorado a la calidad de los mensajes de candidatos. Por el contrario, seguimos con la cultura del lodo, esa idea de desacreditar al adversario alumbrando las zonas oscuras de su pasado e inventándole o acreditándole fallas actuales, aunque no las puedan comprobar. La lucha no es por aparecer como el mejor candidato, sino como el menos peor.
Así, ni partidos ni ciudadanos aprendemos a valorar el espacio para la participación ciudadana que se abrió en un país acostumbrado a obedecer, a que sean otros los que decidan. Lo peor es que ni el Instituto electoral ha sabido conservar su estatura de árbitro al tomar partido en la contienda y, al parecer, lo mismo sucede con el Tribunal Electoral. Y entonces, ¿quién gana con ese escenario?
