POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
A un año de padecer una pandemia que nos ha ocasionado más de 150 mil defunciones se genera, al fin, la vacuna que permitirá hacer frente a la enfermedad que genera muerte y destruye la economía. En sus diferentes versiones el fármaco ofrece una efectividad superior al 90 por ciento, sin embargo, requiere de una estrategia de aplicación que, otra vez, nos recuerda que en una sociedad desigual es también desigual el acceso a la vacunación. Y eso no solamente es asunto de justicia o democracia sino de efectividad en el proceso de inmunización.
Se dice fácil, pero se vuelve tortuoso el camino a seguir para que la vacunación se haga siguiendo la lógica de atender primero a la población a la que es más urgente su protección, es decir, al personal sanitario porque son ellos los que están en la primera línea de combate a la pandemia. Proteger a los que nos protegen es, evidentemente, la prioridad. Sin embargo, hemos visto a algunos que se cuelan en la fila tan solo por tener algún rango de autoridad en las instituciones hospitalarias, o algún vínculo con esos directivos. Son los menos, afortunadamente.
Pero seguimos viéndonos como grupos con intereses que se confrontan unos con otros, lo que se expresa en diferentes estrategias de adquisición y, por tanto, de aplicación de las vacunas. En la visión dominante sigue imperando la idea de que es posible que se pudieran salvar algunos sacrificando al resto, exactamente como sucede cotidianamente. Así, a la estrategia del gobierno federal se contrapone la de algunos estados que cuentan con el suficiente poder adquisitivo para adquirir por su cuenta la vacuna, además de la exigencia de grupos empresariales para comercializarla ellos. La búsqueda de inmunidad de grupos dificulta la inmunidad de rebaño, es decir, la inmunización de la suficiente población para romper la cadena de contagio.
Por si fuera poco, estamos en tiempos electorales y no es poco lo que está en juego. El control del Congreso federal implica el control del presupuesto, lo que implica la posibilidad de contar con los recursos necesarios para la política social, base medular del proyecto político de la 4T pero, sobre todo es la plataforma desde la cual se impulsa el proceso transformador que devuelva la rectoría de la economía al Estado. Esto implica que los grupos desplazados del poder vean en el proceso electoral el mismo potencial, es decir, la posibilidad de recuperar sus privilegios o, por lo menos, restarle filo a los dientes de la política lopezobradorista que les quitó buena parte de sus privilegios.
La adquisición de la vacuna se da en medio de tal confrontación y vemos como es inevitable la politización de un asunto que es, literalmente, de vida o muerte. Dos proyectos de país se disputan el derecho de dirigir la nación y ambos proponen rumbos distintos. En medio nos encontramos la población que requerimos de los servicios médicos para enfrentar los estragos de la pandemia. Boicots a la página de registro de la población a vacunar, aunado a la enorme cantidad de gente que necesitamos la vacuna hacen mas difícil una situación de por sí complicada.
Las mutuas zancadillas en este proceso, en el que deberíamos caminar juntos, agrega enormes complicaciones absolutamente innecesarias. La desinformación, los rumores y las falsas noticias entorpecen el combate a la pandemia. La prioridad para los grupos políticos es el poder, no la salud de la población. La inteligencia no parece estar al mando pues, como escribe José Steinsleger en La Jornada, “Ningún científico (creo), investiga si es posible vacunarnos contra la estupidez.”
