POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.–
Un proyecto titánico con un costo superior a los 10 mil millones de pesos denominado Agua Sustentable para La Laguna, es la solución a la falta de agua que desde años padecen 1.5 millones de habitantes de la región a consecuencia de la sobreexplotación del manto acuífero que ha tenido lugar durante las últimas décadas, principalmente, para sostener el hato ganadero más grande la república.
El proyecto fue presentado hace un par de semanas por el presidente la república, Andrés Manuel López Obrador, en compañía de los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro Torres, respectivamente; así como algunos empresarios, entre ellos, Eduardo Tricio Haro, socio principal del grupo lechero señalado de sobreexplotar los mantos acuíferos para sostener cientos de miles de cabezas de ganado lechero en pleno desierto.
Los trabajos de construcción, presuntamente, iniciarían en los primeros meses del 2021 y concluirían tres años después. La potabilizadora tendría la capacidad de suministrar hasta 200 millones de metros cúbicos al año (mm3) a nueve municipios de La Laguna, cuatro del municipio de Durango y cinco de Coahuila, entre ellos, Torreón.
DEJAR DE SOBREEXPLOTAR EL ACUÍFERO PRINCIPAL
Sin embargo, existen voces que señalan que potabilizar el agua de las presas no es la panacea a la escasez, pues antes que pensar en invertir millonarios recursos para beneficiar a los que más tienen, primero se debe pensar en terminar con la sobreexplotación del acuífero que alimenta a la región y equilibrar el uso del recurso hídrico, es decir, utilizar solo la cantidad de agua que la madre naturaleza puede reponer cada año, aproximadamente 500 mm3.
Entre las voces que se oponen a la construcción de este mega proyecto está Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL), una organización integrada por ambientalistas que han denunciado el abuso un recurso que se supone es de todos para beneficio de unos cuantos que se enriquecen extrayendo ingentes cantidades de agua del subsuelo.
De acuerdo con esta asociación, “…la potabilizadora de CONAGUA, está pensada (supuestamente), en función de las necesidades de abasto de agua de la población, -que es una mirada altruista-, pero ahondando en sus fundamentos, podemos afirmar que esto no es otra cosa que pensar en las riquezas privadas que se potencian con la destrucción de las riquezas públicas”.
“En otras palabras –añade Rafael Zuno Sandoval, integrante de ECL en charla con este semanario- es la excesiva explotación del agua y la falta de medición de agua que extraen los lecheros lo que tiene empobrecida a la comunidad lagunera”. Por ello, agregó, es urgente frenar el uso excesivo de este recurso que es un bien que pertenece a la nación y es ahora reconocido como un derecho humano, según las Constitución mexicana, pero que en realizad es utilizado para enriquecer a unas cuantas personas.
Ante tal panorama, dice, en lugar de seguir invirtiendo millonarios recursos en beneficio de los potentados de siempre, es urgente, “…insistir en que para resolver los conflictos del agua, hay que apostarle a fondo a la aprobación de la Ley General de Aguas, que en el momento actual se está dirimiendo en el Congreso mediante la participación ciudadana en la modalidad de Parlamento Abierto. Esto implica una base para legislar constitucionalmente y resolver legalmente las cuestiones del agua”.
Asimismo, insistió en que es urgente terminar con la corrupción al interior de la CONAGUA, organismo que durante años ha sido omiso, por no decir cómplice, en lo que se refiere a la extracción de millones de metros cúbicos de agua de manera ilegal, pues de acuerdo con cifras otorgadas por los organismos defensores del recurso hídrico, el agua concesionada que puede extraerse de manera legal es de aproximadamente 750 mm3 anuales, es decir, 250 mm3 más de lo que se recarga de manera natural cada año, sin embargo, de manera ilegal, de acuerdo a cifras conservadoras, se extraen al menos otros 500 mm3 anuales, principalmente, en granjas donde se cultiva alfalfa para alimentar a miles de cabezas de ganado por medio de norias clandestinas que no cuentan con medidor, “y la CONAGUA sabe dónde están, sabe de quién son, pero nada hace para detener el “guachicoleo” del agua. Eso es lo primero que se tiene que hacer, antes de gastarse miles de millones de pesos del presupuesto público para darle más agua a una industria millonaria que se sigue enriqueciendo con un recurso que es de todos”, concluyó.
