POR: REDACCIÓN
Francisco I. Madero, Coahuila.-
El Juzgado Primero de Distrito con sede en La Laguna, ordenó la suspensión provisional de la construcción del Banco del Bienestar que se realiza en este municipio coahuilense por el juicio de amparo promovido por el ciudadano Adrián de la Rosa Godoy, quien ostenta desde hace 24 años la posesión del terreno donde se llevan a cabo las obras.
Entrevistado por Sin Censura, el afectado señaló que a pesar de la suspensión decretada por el juez, los trabajos de construcción continúan, por lo que las autoridades involucradas en la obra presuntamente estarían incurriendo en un desacato, mismo que tendría graves consecuencias legales para quienes desafiaron la suspensión ordenada por el juez de distrito.
De la Rosa, cuenta con todos sus papeles en regla. Ha pagado todos sus impuestos (predial), y, lo más importante, es que tiene la posesión legal del terreno y contra esto, no hay acción legal o capricho que valga. Por esa razón, asegura que peleará con todo para que se respete su posesíon, ya que es un patrimonio que no puede ceder.
RELATORÍA DE HECHOS
De acuerdo con el testimonio de la Rosa Godoy habita en el predio donde ahora se construye el banco del bienestar desde hace más de dos décadas. El predio, de más de mil 600 metros cuadrados (m2), era utilizado como caseta por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), pero con permiso de la desaparecida secretaría, él la utilizó como casa habitación desde septiembre de 1996, cuando regresó a radicar a La Laguna por motivos de trabajo.
Desde entonces, y hasta la noche el 21 de abril del presente año, nadie había reclamado la propiedad del terreno ni le había solicitado al afectado que desalojara el predio, del cual tiene recibos que demuestran el pago de servicios e impuestos. “La ley reconoce la propiedad o posesión de un inmueble, yo tengo la posesión continua, pública, ininterrumpida y de buena fe durante 24 años, por lo que la ley me protege”, afirma durante la entrevista.
Explica que ese día, domingo 21 de abril, se llevó a cabo lo que califica como “una invasión, tumbando postes de concreto y destrozando el alambre de púas con que estaba delimitado el terreno. Se realizó sin previo aviso ni sustento jurídico alguno”. Unas semanas después, el 3 de mayo, “el alcalde Jonathan Ávalos, anuncia en redes sociales la construcción del Banco del Bienestar en el terreno cuya posesión tengo desde 1996”, añade de la Rosa.
Fue entonces, que decidió buscar la protección de la justicia, pues nadie se acercó a conversar de manera previa antes de los hechos relatados. El único acercamiento, que no puede tomarse como oficial por la informalidad con que se llevó a cabo, fue cuando tres personas, una mujer y dos hombres que se identificaron (extraoficialmente) como parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y un supuesto coronel del Ejército mexicano, se apersonaron en las inmediaciones del terreno para hacerle algunas preguntas y nada más. Después de eso, utilizaron maquinaria pesada para iniciar con las obras que ahora un juez ha ordenado que se suspendan.
“Durante 24 años nadie se molestó en reclamar ese terreno, entonces, por qué hasta ahora. Dicen que pienses mal y acertarás, y yo pienso que tal vez hay un muy jugoso negocio detrás de esto, en el que hay varios involucrados”, añadió de la Rosa Godoy.
El afectado se dice sorprendido por la actitud del alcalde maderense, a quien califica como neófito en cuestiones políticas, pues fue colaborador suyo durante el primer año de su administración, cundo Adrián de la Rosa fue nombrado director de Turismo del municipio, puesto al que renunció en diciembre del año pasado. Señala que en todo ese tiempo nunca tuvo conflicto alguno con el munícipe, de quien reconoce es un excelente médico, pero un pésimo político. “Ganó porque en Madero la gente ya estaba harta del PRI, a quien Morena hubiera puesta como candidato hubiera ganado”, sentenció.
Asimismo, señala que a pesar de las acciones legales que ha llevado a cabo hasta el día de hoy, nadie, ni de la dependencia federal ni del ayuntamiento se han acercado con él para sostener una conversación ni ponerse de acuerdo. “Tal parece que se están pasando la resolución por el arco del triunfo, pero tendrán que afrontar las consecuencias legales. Yo lo único que quiero es mi tranquilidad, recuperar mi casa y mi posesión, que me dejen en paz, o que podamos llegar a un acuerdo, nada más”, sentenció.
Finalmente, afirma que se encuentra preocupado por su integridad física y la de su familia, y responsabilizó directamente al alcalde, Jonathan Ávalos, “de lo que pudiera llegar a sucederme a mí o a mi familia, a mis bienes y a mi posesión”, concluyó.
