POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Finalmente fue aprobada la Ley de Amnistía prometida por López Obrador desde su última campaña presidencial. El objetivo de la misma, según AMLO, es buscar la pacificación del país perdonando los delitos no graves, cometidos en torno a la actividad del narcotráfico y cometidos por personas que, de alguna manera, no pudieron evitar incurrir en esas conductas delictivas. Ya sea que algunos se convirtieron en sembradores o distribuidores de droga o en “halcones”, o cometieron algún delito menor. La presión para delinquir fue producto de amenazas directas de narcotraficantes, familiares o incluso, por las circunstancias económicas o desventajas culturales que les impidieron conducirse dentro de la ley.
La aplicación de la amnistía no es algo nuevo en México. Ya antes se ha utilizado ese medio para buscar la pacificación y la reconciliación nacional. En este caso, aunque se trata de un instrumento jurídico que lleva dedicatoria especial a quienes delinquieron vinculados al narcotráfico, también abre las puertas para salir de prisión a las mujeres que se encuentran en la cárcel por abortar, así como al personal médico que las haya asistido. De igual manera se benefician con esta ley quienes cometieron el delito de robo, pero cuya pena no amerita más de cuatro años de prisión.
Mención aparte merecen los indígenas que se beneficiarán de con esta Ley si están presos acusados de cualquier delito, pero que no hayan recibido asistencia legal. En estricto sentido, ese criterio debería aplicarse a cualquier ciudadano, indígena o no, que se encuentre encarcelado sin haberse podido defender pues los indígenas no son los únicos que requieren de asistencia para conocer sus derechos y entender el lenguaje jurídico que les permita defenderse.
Como quiera, lo que hay que resaltar es que también en este caso emergen las diferencias conceptuales en términos de justicia. Quienes en la Cámara de Diputados se opusieron a la aprobación de esta ley argumentan que el mensaje que se envía a la sociedad es que “se vale robar poquito”. Consideran que es tan importante castigar los delitos pequeños como los más graves. Eso recuerda la justificación de la política de “cero tolerancia”, cuya justificación consistía, precisamente, en que las leyes deben aplicarse simplemente porque son leyes, independientemente de si son o no justas. Con ese criterio se criminalizó todo aquello que atentara contra los valores sobre los que descansa una estructura social tan clasista y racista como la norteamericana.
Y por supuesto que en México no estamos tan alejados de esas características. De hecho, las desigualdades sociales son aún más marcadas entre los mexicanos que entre los norteamericanos. Por eso no es raro que las cárceles tengan como común denominador el humilde origen de sus reclusos, sin que ello quiera decir que son inocentes porque son pobres. La pobreza no es sinónimo de inocencia, pero tampoco de culpabilidad. Sin embargo, quienes promueven el Estado policial como sustituto del Estado de Bienestar sí están conscientes de que una de las consecuencias del neoliberalismo es la marginación, el creciente empobrecimiento de quienes ya son pobres y a quienes no les va quedando otra opción que la criminalidad para sobrevivir. Por eso, una de las consecuencias lógicas de esa concepción es el crecimiento de los penales y el endurecimiento de las penas corporales. En esa lógica avanzamos en los periodos de Fox y Calderón con la construcción de más cárceles que universidades.
Sin embargo y afortunadamente, parece que es una tendencia que tendrá que esperar mejores momentos, al menos hasta que termine la presidencia de López Obrador.
