POR: REDACCIÓN
Tlahualilo, Durango.-
En el ejido La Sierrita, ubicado en este pequeño municipio lagunero, se encuentra la mina conocida como La Platosa, propiedad de la empresa canadiense Excellon, S.A. de C.V., que desde hace siete años explota mas de mil 100 hectáreas (ha) propiedad de los ejidatarios de esa comunidad, sin pagar un solo peso por la extracción de grandes cantidades de plomo, zinc y plata, que le generan millones de dólares en ganancias al año.
Fue en el 2008, cuando los legítimos propietarios de esas tierras ricas en minerales firmaron el convenio con los representantes de la minera, primero, para explotar 4 hectáreas que luego se convirtieron en 27 ha y que finalmente fueron mil 100 ha, por las que pagarían 5 mil pesos por cada una, es decir, 5 millones de pesos que se ajustarían de acuerdo a la inflación anual. Para los ejidatarios sonaba como el negocio de sus vidas, pues además de lo económico, la empresa se comprometió a construir una planta tratadora y entregarles una parte del agua tratada para cultivar, además de entregar despensas y contratar a trabajadores locales, entre otras, obligaciones que también incumplió.
Por ello, los ejidatarios han emprendido una batalla legal que hasta ahora solo les ha dejado frustraciones, pues reconocen que no cuentan con los recursos suficientes para hacerle frente al poderío económico y político de Excellon, S.A de C.V. Ante tal situación, recurrieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que intervenga y la minera les pague lo pendiente o, en su defecto, les regrese las tierras que legítimamente les pertenecen y que siguen explotando de manera “ilegal”, de acuerdo con el testimonio que los ejidatarios dieron a Sin Censura.
Entrevistados por Sin Censura, Juan Guadalupe Zamarripa González, presidente del comisariado del ejido La Sierrita, y Carlos Godoy Rivera, secretario del mismo ejido, afirmaron que los primeros cuatro años de la sociedad no hubo problemas con los pagos por parte de la empresa minera, pero a partir del 2012, empezaron a recibir largas por parte de los representantes de La Platosa, que acumulan siete años en total impunidad, gracias a que las instituciones encarqadas de impartir justicia en este país tienen la tendencia a favorecer a los poderos económica y políticamente hablando.
“En el 2012 empezaron a incumplir. Les pedíamos reunirnos para revisar el contrato y acudíamos nosotros pero ellos no, nos cambiaban la fecha y así estuvimos varios meses hasta que la gente del ejido tomo la decisión de hacer un plantón pacífico para manifestarnos a las afueras de la mina sin tapar la entrada ni la salida. Ahí estuvimos como tres meses hasta que nos echaron con ayuda del gobierno municipal, estatal y federal”, relata Zamarripa González.
El ejidatario añade que el uso de la fuerza para el desalojo fue brutal: “estuvimos en plantón desde 8 de julio hasta el 24 de octubre del 2012, esa noche llegaron golpeadores de Naica junto con las corporaciones policiacas del municipio, el estado, los federales y soldados. Nos sacaron y quemaron todos los jacalitos… con un trascabo quisieron tirar las casas, nos tuvimos que subir en la máquina para que se detuviera, y como el muchacho era conocido se bajó y apagó la maquina. Pero tiraron casi todo”, relata Godoy Rivera.
Al fracasar el plantón, decidieron acudir a los tribunales, donde se han encontrado que el dinero y el influyentismo son más poderosos que la justicia, donde no han encontrado apoyo ni solución a un conflicto que parece interminable y en el que solo han encontrado dilaciones. “Nosotros no estamos en contra de la mina ni de las fuentes de empleo, al contrario, queremos que haya trabajo e inversión, pero con la condición de que todos ganemos, no queremos que se vayan, pero que cumplan con el contrato”, añade el comisariado ejidal.
Asimismo, el ambientalista Juan Carlos Parga, quien es parte del movimiento, afirma que el agua que se está utilizando en los procesos para extraer el mineral se utiliza para regar cientos de hectáreas de alfalfa y maíz forrajero, que se usa para alimentar ganado lechero. Otra parte termina en los afluentes de los arroyos cercanos, lo que ha resultado en una contaminación que ya afectó a la flora y fauna del lugar, sin que ninguna autoridad haya hecho algo al respecto.
“El agua se usa sin tratar, y se riegan cultivos para engorda de ganado, y en el río no hay peces ni alguna otra forma de vida, también están muriendo los animales nativos que están bebiendo esa agua, pero parece que a nadie le importa”, afirma Parga Torres.
Y es que, como se mencionó, la minera se había comprometido a construir una planta tratadora, misma que nunca concretó bajo el argumento de que los permisos debían tramitarlos los ejidatarios, por tanto, el agua que se utiliza en sus procesos es rehusada sin ningún tipo de tratamiento, generando un enorme e irreversible daño ecológico en las zonas aledañas a su ubicación.
Ante tal panorama, los ejidatarios de La Sierrita tienen el panorama muy claro: “o la minera paga los adeudos y cumple las clausulas del contrato, o que se disuelva la sociedad y nos regresen las tierras, pero nosotros le apostamos a que esto se arregle para bien”, concluyó Zamarripa González.
