POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Desde que Felipe Calderón tomó la decisión de declarar la guerra al narcotráfico, mucha sangre ha corrido en nuestro país, sangre de uniformados y sicarios, pero también de víctimas inocentes. Los costos más altos de la torpe decisión de Calderón los está pagando la gente, los ciudadanos que respetan la ley pero que se encuentraron en el lugar y momento equivocados. Costos que tienen que ver con la muerte y con las desapariciones forzadas, con el desarraigo de quienes abandonan su hogar buscando proteger a su familia, o con los niños que han sobrevivido a la muerte de sus seres queridos cargando un dolor que quizá algún día emerja como violencia.
Muchas cosas han cambiado desde la bravuconada calderonista, sobre todo la vida en el ámbito público, en la calle. A la violencia estructural (desempleo, carestía, etc.) se agregó la violencia, cada vez más cruel, del narcotráfico. A nivel de las miles de familias a las que se les ha arrebatado algún ser querido por la vía de la desaparición forzada, la situación se volvió dramáticamente difícil, angustiosa. A la incertidumbre derivada del secuestro había que agregar la pérdida del empleo, de las prestaciones, del patrimonio, de todo aquello que estaba a nombre del desaparecido pero que servía de soporte material para toda la familia.
Por eso también han tenido que cambiar diversos aspectos de nuestra vida institucional. La lucha de los familiares de desaparecidos ha fructificado en la creación de leyes e instituciones que antes eran innecesarias. Es el caso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y, además, la creación de la llamada Declaración Especial de Ausencia (DEA). Dicha ley imponía al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales la obligación de emitir las leyes que obligaran a la creación de la Declaración Especial de Ausencia, mandato que solamente cumplieron la legislatura federal y las de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz.
Se ha avanzado mucho, pero es insuficiente. Las carencias son muchas y de todo tipo. Las labores de búsqueda que llevan a cabo los colectivos de familiares de desaparecidos, y el hallazgo de decenas de miles de fragmentos de huesos humanos, ha evidenciado la enorme falta laboratorios que permitan la identificación de los restos. También está la creciente necesidad de profesionales especializados como abogados, médicos, psicólogos, arqueólogos y antropólogos forenses, entre otros.
Para hacer una primera aproximación de este fenómeno la Escuela de Ciencias de la Comunidad, de la Universidad Autónoma de Coahuila, decidió organizar las Primeras Jornadas de Memoria y Compromiso el próximo viernes 30 de agosto, decretado por la ONU cómo Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Se contará con la participación del Dr. Luis Efrén Ríos Vega, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, quién impartirá la Conferencia Magistral “Los Derechos de los Desaparecidos y de sus Familiares”, para luego dar paso a una Mesa de Diálogo con los colectivos de familiares de desaparecidos: “Víctimas por sus Derechos en Acción” (Grupo VIDA), la “Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México” (ASINBUDES) y “Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas”.
Será una interesante oportunidad para aprender de un gran especialista en Derechos Humanos, así como para conversar con quienes se dedican la difícil labor de hacer que esos derechos sean reconocidos por la legislación. Nos vemos el 30 de agosto, 9:00 hrs., en Infoteca de la UAdeC. Invita el Cuerpo Académico Sociología de las Organizaciones, Intervención Social y Desarrollo Humano.
