POR: ABEL ALCALÁ H.
El pacto de impunidad con el que trabajó Peña Nieto, muchos servidores públicos del gabinete y gobernadores y exgobernadores durante su sexenio que indignó y hartó a la gran mayoría de mexicanos necesita desaparecer y que los individuos, hombres y mujeres, que se enriquecieron ilegalmente, devuelvan los robado y paguen corporalmente su sentencia.
Para tal efecto de aplicar las leyes sabemos que hay la Fiscalía General de la República, órgano autónomo federal en México; institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal, siendo su titular Alejandro Gertz Manero.
Con el objetivo de dotar de mejores instrumentos legales se legisló en materia de extinción de dominio, y en seguida cito el texto del decreto de fecha del 09 de agosto de 2019: “DECRETO por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”., además cito el artículo primero de la Ley Nacional de Extinción:
“LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO TÍTULO PRIMER, CAPÍTULO PRIMERO, Disposiciones Preliminares: Artículo 1. La presente Ley Nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil que es la materia de esta Ley, vinculatorios para el Estado Mexicano. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular”, no se citan las 5 fracciones ni los 11 incisos del artículo.
De lo anterior se desprende que fue “La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (Unodc) la que exigió a los gobiernos de México y américa latina fortalecer las leyes de extinción de dominio.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, como todo lo que hace el hombre no tienen el sello de ser infalible, razón por la cual se han levantado voces autorizadas señalando que adolece de errores jurídico que ponen en peligro su legal aplicación o su abuso por parte de las autoridades encargadas de su aplicación.
Las leyes dan el marco legal para la actuación de quienes tiene la obligación de aplicarlas y para quienes se ven afectados en su aplicación usen los recursos a su favor, recordemos que las leyes por sí mismas no garantiza que su aplicación sea justa y equitativa, lo cierto es que se depende de la moralidad de todos los servidores públicos involucrados en su observancia y aplicación. Y este es el talón de Aquiles de todas las leyes, que dependen de la moralidad de las personas humanas para que sean respetadas y aplicadas justa y equitativamente.
El mejor ejemplo lo tenemos con la anterior ley de extinción de dominio; qué se recuperó con su aplicación, cuáles fueron sus resultados favorables para los mexicanos?
Ciertamente en Coahuila hay muchos individuos que en los dos sexenios anteriores se enriquecieron brutal como ilegalmente y aún siguen disfrutando del patrimonio y riqueza robada a los coahuilense, deseamos que con la nueva ley Nacional de Extinción de dominio se termine al pacto de impunidad y se logré recuperar los miles de millones robado al pueblo y les apliquen la pena corporal que se merecen.
Sólo me resta invitar a los servidores públicos responsables de su aplicación evitar caer en la tentación de usarla políticamente para intimidar a los críticos y opositores al gobierno y así constituirse en una dictadura o tiranía.
