POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Desde luego que la noticia es bienvenida, muchas son las deficiencias que existen en cuanto a obra pública por toda la entidad coahuilense (calles en pésimas condiciones, red de agua potable deficiente, falta de inversión en vialidad y espacios recreativos, etc.). Varios aspectos positivos se desprenden de la iniciativa del gobierno del Estado denominada “vamos a michas”; el cual, en términos sencillos, hace alusión a inversión en obra pública municipal; y dichas aportaciones serán en mitades iguales, una mitad aportada por el municipio y otro tanto igual por el gobierno estatal. Lo positivo sin duda alguna es el hecho de que habrá inversión tan necesaria en muchos municipios que simplemente no abandonan el esquema de fotografía, es decir, son lo mismo de siempre al realizar poca o nula inversión en obras que definitivamente hacen falta en todos los municipios de Coahuila, por otra parte, la mayoría de los municipios de la entidad no son considerados polos de desarrollo, lo cual los limita en cuanto a recaudación y consecuentemente a inversión, por lo que esta iniciativa habla bien de un gobierno que es incluyente y toma en cuenta a todas las administraciones sin importar el origen partidista del gobierno municipal del que se trate. Esto ya de por sí supone un gran avance en cuanto a sinergia gubernamental en los dos ámbitos de gobierno que deben ir inextricablemente unidos: municipios y Estado. No obstante, no todo es luces, también hay claroscuros que resultan un tanto inquietante. Se habla de una inversión de 3 mil 97 millones de pesos -mil 660 millones de pesos de recursos estatales, y mil 437 millones de pesos de recursos municipales- lo cual preocupa en cuanto al origen de los recursos para invertir, pues el fantasma de la deuda pública merodea nuevamente y nos hace pensar que lejos de salir del boquete fiscal en que nos encontramos, esta inversión podría hundirnos todavía más en un agujero sin fondo que es alimentado por inversión indiscriminada que la mayoría de las veces solo es utilizada en obras no tan necesarias y que resultan más ornamentales que indispensables para el desarrollo de la vida municipal. El problema es que se dice poco o nada del origen de los recursos; así mismo, no hay todavía reglas de operación para la aplicación de dichos recursos, o al menos no se han hecho públicos. Otro aspecto que es cuestionable es la proporcionalidad, pues no puede compararse el nivel de ingresos de un municipio como Monclova con uno como Allende; y en ese sentido, los 1600 millones de pesos estatales se inclinarán hacia los municipios con mayores recursos para inversión. Me parece que es importante tener en cuenta este detalle, lo que debe obligar al gobierno estatal a prestar mayor atención a los municipios con débil recaudación fiscal. Finalmente, resulta también preocupante que sean solo los alcaldes y sus séquitos de colaboradores los que definan las prioridades en cuanto a inversión, y es en este tipo de iniciativas en donde los ayuntamientos deben hacer esfuerzos al implementar dispositivos que involucren a la ciudadanía en la definición de prioridades en cuanto a necesidades de inversión, pues se corre el riesgo de que algunos alcaldes decidan encauzar recursos en obras que seas ornamentales, más no imprescindibles. Bienvenidos los recursos y la iniciativa estatal, pero también hay aspectos que deben ser aclarados y ordenados tanto en la planeación como en la ejecución de dicho programa, pues en ello estriba el pragmatismo final de dichas acciones que finalicen con beneficios directos para todos los habitantes de nuestro estado.
