POR REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.-
José Guadalupe Burciaga Álvarez, afirma haber sido despojado “ilegalmente” de su vivienda, mediante un proceso judicial que presenta “graves irregularidades”, de acuerdo con la defensa legal del afectado, que ha enfrentado una batalla en los juzgados desde hace dos años para conservar lo que, señala, “legítimamente” le pertenece.
Todo comenzó el 18 de enero del 2017, cuando se inició en contra de Burciaga Álvarez un juicio ejecutivo mercantil, en el expediente 29/2017, radicado en el juzgado Tercero Mercantil de esta ciudad; mediante el cual fue desposeído de su vivienda, en un procedimiento que, de acuerdo con sus representantes legales, violentó el debido proceso y, por tanto, es ilegal.
El del ciudadano en mención no es el único caso, pues es de conocimiento público que varios jueces han sido suspendidos por haber despojado ilegalmente a miles de ciudadanos de sus viviendas para luego rematarlas y volverlas a vender, un jugoso negocio que generó miles de millones en ganancias ilegales, convirtiendo a quienes deberían velar por impartir justicia en cómplices de una red de corrupción que beneficia a quienes pueden pagar el precio de la “justicia”. La historia es la siguiente.
CRÓNICA DE IRREGULARIDADES
En fecha 21 de febrero 2017, la parte actora solicita se envíe oficio al titular del Registro Público de la Propiedad con sede en esta ciudad, para efecto de que se ordene inscribir embargo en el inmueble propiedad del ciudadano José Guadalupe Burciaga Álvarez y Olga Liliana De León Favela, el cual está inscrito bajo la partida 4871 libro 17, foja 170 sección I, de fecha 10 de julio de 1986.
Ahora bien, cuando el Registro Público de la Propiedad recibe el oficio que ordena el embrago, este “omite” informar que la propiedad que se pretende embargar está a nombre de dos personas, por ello, debió informar que solo se puede embargar el 50% de la propiedad perteneciente a JOSE GUADALUPE BURCIAGA, lo que en el presente caso no sucedió, ya que no solo ocultó que dicho inmueble se encuentra en copropiedad, si no que inscribió al 100% el embargo, perjudicando directamente al señor Burciaga Álvarez.
Posteriormente, se adjudica y se ordena tirar la escritura del inmueble propiedad de Burciaga Álvarez y De León Favela, lo que significa que el registro público fue omiso en realizar una búsqueda para corroborar si era procedente que se adjudique y se registre la escritura, puesto que no era posible ya que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de dos personas, por lo que al aprobar la escritura e inscribirla “viola francamente derechos de terceras personas, la cuales no fueron llamadas a juicio”, de acuerdo con la representación legal del afectado.
Luego, con fecha 1 de noviembre de 2018, el juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil con sede en esta ciudad, emite la orden de desalojo, la cual fue ejecutada el día 16 de noviembre de 2018. Cabe resaltar que antes de ejecutar el desalojo se debió solicitar que de manera voluntaria se entregara el inmueble, lo que el presente caso la autoridad omitió dolosamente otorgar el término de “desalojo voluntario”, y al saltarse dicha etapa y ordenar ejecutarlo “violó francamente la garantía de audiencia y, por tanto, el debido proceso legal”.
SE VIOLENTA LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO
De acuerdo con la defensa el señor Burciaga Álvarez, “el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución mexicana exige que todo acto privativo sea dictado por tribunales previamente establecidos, en un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento”.
En el caso que nos ocupa, señala la parte afectada, “es muy notorio que en el proceso ejecutivo mercantil seguido en contra del señor Burciaga Álvarez, se ha violado su garantía de audiencia y debido proceso, mismo que inicia cuando el Registro Público de le Propiedad de Torreón, Coahuila, al inscribir ilegalmente al 100% el embargo del inmueble de su propiedad, cuando la realidad el registro público debió informar que la propiedad está a nombre de dos personas.
“Y no solo ello –prosiguen- ya que al aprobar la escritura e inscribirla por la venta de la inmueble, no era procedente, ya que este, como se ha dicho, se encontraba a nombre de dos personas, y para no violentar sus derechos de copropiedad, debió informarse que solo es procedente por el 50% del valor del inmueble”.
Por supuesto, el señor Burciaga sigue peleando por recuperar lo que legítimamente le pertenece, pero el caso expone el grado de descomposición que existe dentro de las instituciones que, se supone, deben proporcionar seguridad a los ciudadanos, tanto en su persona como en su propiedad, y como el contubernio entre las personas que las representan termina por lesionar gravemente los derechos de ciudadanos que con esfuerzo y trabajo se hicieron de un patrimonio que en cualquier momento se puede esfumar.
