La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El 15 de septiembre fue, para muchos mexicanos en Estados Unidos, el más triste en años: Fiestas Patrias de puertas cerradas, con miedo a retenes mixtos y redadas “de ocasión”. No es paranoia: la red consular viene activada desde principios de año para reforzar información, defensa y acompañamiento a connacionales.
Del otro lado de la frontera, el balcón central del Palacio Nacional ofreció una postal inédita: Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en encabezar el “Grito” en 215 años. No fue un detalle menor: la Presidenta puso el acento en las heroínas —de Josefa Ortiz Téllez-Girón a Leona Vicario y Manuela Medina— y en un dispositivo simbólico conducido por mujeres (escolta, banda, curaduría). La lectura es clara: apropiarse del rito para fijar narrativa de legitimidad y continuidad.
El lunes, mientras en Palacio Nacional se evocaban héroes y símbolos, Ricardo Salinas Pliego lanzó su propio grito, pero en clave disruptiva: vida, propiedad y libertad como ejes de un movimiento recién bautizado “Anticrimen y Anticorrupción”. El gesto no fue casualidad ni ocurrencia: es la primera vez que el magnate convierte sus arengas de redes en plataforma política abierta, con página de afiliación en camino y la consigna de definirse “por los buenos o por los malos”.
Este viraje marca dos puntos clave. Primero, oficializa un proyecto ideológico en respuesta a un gobierno que tacha de corrupto y aliado de la delincuencia. Segundo, busca obligar a la sociedad a tomar partido, sabiendo que ello desatará otra avalancha de críticas desde los sectores beneficiados por el régimen. Salinas no ha declarado aspiraciones presidenciales, pero sus discursos, el tono de confrontación y la estrategia de posicionamiento apuntan, cada vez más, a 2030.
No obstante, antes de dar ese salto debe sortear su talón de Aquiles: los litigios fiscales con el SAT, que arrastra desde 2008 por presunta doble tributación. Ahí aguarda el fallo de la nueva Corte, y ese resultado marcará el piso —o el techo— de sus ambiciones políticas.
El impulso político se complementa con el mediático. Al anuncio del movimiento siguió la renovación de adn40, ahora adn Noticias, con foro renovado, cinco sets, más de diez pantallas y conducción de Manuel López San Martín. Bajo la batuta de Benjamín Salinas Sada y Luciano Pascoe, el canal busca convertirse en referente del “periodismo crítico en México”, con despliegue tecnológico y contenidos diseñados para competir en tiempo real con redes y streaming.
El apellido Ojeda Durán vuelve a sonar, y no por razones de honor institucional. El exsecretario de Marina en tiempos de López Obrador, José Rafael Ojeda, arrastra dos sombras: la tragedia de Ayotzinapa, con marinos acusados de manipular evidencias, y ahora la liga de sus sobrinos —el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, prófugo— con una red de contrabando de combustibles desde puertos estratégicos. La sospecha crece: versiones apuntan a que Bobby López Beltrán, hijo del expresidente, sostuvo reuniones con estos mandos mientras desde el SAT se validaban fracciones arancelarias y beneficios fiscales que blindaron a empresas fantasma y operadores ligados al crimen.
El tema ya no es un escándalo naval aislado: es un mapa de poder donde confluyen militares, burócratas y políticos en beneficio de huachicoleros de cuello blanco y cárteles. La narrativa oficial puede minimizarlo, pero los datos filtrados en círculos de seguridad son demoledores: se habla de un daño anual de 45 mil millones de dólares, suficiente para sanear Pemex o cubrir programas sociales. Una cifra que multiplica por cuatro lo que el gobierno recauda con impuestos especiales a refrescos y tabacos.
Una estafa histórica en comparación, ponerlo en contexto ayuda a dimensionar:
Segalmex costó 15 mil millones de pesos.
La “Estafa Maestra”, 5,700 millones.
El Pemexgate, apenas 1,000 millones.
En este tablero aparece otro nombre: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y jefe del cártel “La Barredora”. Su detención, junto con la de Farías Laguna, salva momentáneamente el discurso de “cero tolerancia”. Pero en los pasillos del Gabinete de Seguridad circula una versión inquietante: la investigación iría “tope donde tope” y podría alcanzar al exgobernador tabasqueño Adán Augusto López, antiguo jefe político de Bermúdez.
¿Se romperá el blindaje político que ha protegido a ciertos cuadros surianos? Esa es la incógnita. De no hacerlo, las capturas quedarán en pirotecnia judicial, fuegos artificiales sin derribar las estructuras de protección política ni tocar a los beneficiarios multimillonarios del esquema.
La captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder del cártel “La Barredora”, llegó envuelta en expectativas desmedidas. La versión oficial presume un paso decisivo contra la corrupción y el crimen organizado; sin embargo, en los pasillos de la FGR abundan dudas: no existe, al menos hasta hoy, una línea clara de investigación que apunte hacia los nexos políticos que todos sospechan.
Aquí surge la primera contradicción: ¿cómo es que un gobernador —hoy senador y líder de bancada en Morena— pudo ignorar las operaciones ilícitas de su propio secretario de Seguridad? Resulta poco creíble que Adán Augusto no conociera lo que ocurría a su alrededor, cuando hasta el actual gobernador Javier May reconoció públicamente que Bermúdez había convertido a Tabasco en un infierno.
El escándalo tiene raíces más profundas. Desde 2022, investigaciones periodísticas ya advertían sobre los Farías Laguna y sus conexiones en la Marina; desde 2024, las aduanas comenzaron a exhibir corrupción a niveles que hoy suman al menos siete muertos en circunstancias sospechosas. Todo estaba a la vista, pero la protección política y militar funcionó como blindaje hasta que el escándalo se hizo insostenible.
El accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa dejó un saldo dramático: tres muertos, setenta heridos y más de dieciocho vehículos destruidos. La escena obligó a la jefa de Gobierno Clara Brugada a regresar de inmediato a la zona y a coordinarse, paradójicamente, con su rival política Aleida Alavez. En paralelo, desplazó al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y al subsecretario de Tránsito, Cristian Sumano, para un operativo que se extendió durante horas.
Lo más alarmante no fue la magnitud del accidente, sino lo que reveló: el semirremolque pertenecía a Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza. De acuerdo con la ASEA, ni la pipa ni la terminal de Tuxpan contaban con pólizas de seguro vigentes, ni ambiental ni de responsabilidad civil. Es decir, unidades cargadas de gas LP transitaban por las carreteras mexicanas sin protección legal mínima, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos.
Aquí lo importante no es solo el accidente, sino la cadena de omisiones regulatorias. ¿Cómo es que Semarnat permitió que una empresa de este tamaño operara sin seguros vigentes? ¿Por qué ASEA no verificó antes lo que era de su competencia directa? Y sobre todo: ¿cómo logró Grupo Tomza —uno de los cinco gigantes del sector gasero— mantener operaciones sin supervisión ni sanciones efectivas?
Estas preguntas llevan al mismo punto: influyentismo político. Tomás Zaragoza ha sido históricamente cercano a élites económicas y a gobiernos de distintos signos. Su peso en la industria del gas lo convierte en intocable, pese a los riesgos que representa.
La explosión de la pipa demuestra, una vez más, que en México las desgracias no son accidentes aislados: son síntomas de sistemas podridos por corrupción y negligencia. Hoy es Tomza, ayer fueron mineras, refinerías o líneas de transporte. La constante es la misma: permisos otorgados sin rigor, inspecciones simuladas y sanciones que nunca llegan.
El oficialismo juega con una meta contundente: 74 millones de votos en 2027. En papel, la estrategia asegura control absoluto de la Cámara de Diputados, un dominio casi total en congresos locales y la captura de un nuevo paquete de gobiernos estatales. La cifra no es capricho: es aritmética de ingeniería electoral, construida sobre el andamiaje de programas sociales y estructura territorial.
Un mapa amplio de poder, la elección intermedia de 2027 abrirá un abanico de cargos:
17 gubernaturas, de las cuales cinco siguen hoy en manos de la oposición: Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua (PAN), Nuevo León (MC) y San Luis Potosí (PVEM).
500 diputaciones federales, condicionadas a la reforma en curso y a las concesiones que logren o no partidos satélite como PVEM y PT.
1,088 diputaciones locales y 680 presidencias municipales, además de un sinfín de regidurías y sindicaturas.
Y, de paso, la segunda tanda de jueces y magistrados emanados de la reforma judicial, pieza clave para consolidar el control institucional.
La estructura: diez por sección
La estrategia territorial se diseñó sobre las 74 mil secciones electorales del país. En cada una, se desplegarán diez operadores, lo que suma 740 mil activistas de base. Su tarea: afiliar y movilizar, convencer a diez votantes cada uno, para llegar al objetivo de 74 millones de electores.
Aquí entran figuras clave. Formalmente, Luisa María Alcalde encabeza el partido; en los hechos, el control se comparte con Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”), secretario de Organización. La duda es cómo se equilibrará esa dupla en un sistema donde los operadores de programas sociales —el verdadero músculo— responden más a la estructura gubernamental que a la partidista.
Oposición: crítica sin proyecto
Mientras Morena despliega músculo, la oposición aparece desdibujada. MC, PAN y PRI —con Dante Delgado, Jorge Romero y Alejandro Moreno al frente— no han presentado un trazo claro más allá de críticas coyunturales y escándalos parlamentarios. Peor aún: sufren renuncias de cuadros medios que terminan absorbidos por Morena o sus partidos satélites, en un reciclaje incentivado por promesas de cargos futuros.
El riesgo es evidente: si el oficialismo llega al 2027 con esta maquinaria aceitada y la oposición sin narrativa ni estructura, la elección será trámite. Morena no solo busca ganar; pretende arrasar para llegar al 2030 con el terreno despejado.
En política no hay casualidades. La filtración de que Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente, habrían promovido “amparos buscadores” llegó justo cuando el Senado comenzaba a discutir la reforma a la Ley de Amparo. Los expedientes son reales —con folios en Zacatecas, Tabasco y CDMX— pero la veracidad de los promoventes fue puesta en duda: no hace falta ni firma personal ni de abogado para registrarlos. Andy, incluso, dejó correr la versión y horas más tarde la negó en un comunicado.
La noticia coincidió con el arranque del debate legislativo. La iniciativa enviada el 15 de septiembre por Claudia Sheinbaum busca acotar un derecho que ha sido pilar de control al poder público. Propone:
Eliminar amparos provisionales, de manera que si se congela una cuenta bancaria, el ciudadano no podrá disponer de sus recursos hasta que un juez dicte sentencia.
Exigir prueba de daño real y no potencial (ejemplo: no bastará alegar que una expropiación “puede afectar”, habrá que demostrar la afectación efectiva).
Dar a los jueces la facultad de negar un amparo si consideran que “atenta contra el interés social”.
El discurso oficial habla de “agilizar procedimientos”, pero en la práctica se trata de reducir márgenes de defensa frente al Estado.
Los amparos atribuidos a los hijos de López Obrador funcionan como distractor: desvían la conversación hacia un supuesto escándalo personal y dejan en segundo plano la discusión de fondo, que es la reforma estructural a un derecho histórico. Lo que debería analizarse con lupa —la capacidad del ciudadano de detener actos de autoridad arbitrarios— se diluye en titulares sobre si Andy o Gonzalo presentaron o no recursos.
En paralelo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aprovechó el contexto para meter presión con un punto de acuerdo en el Senado: pedir que se declare terroristas al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, ligando la narrativa de seguridad nacional con la crítica al huachicol. Moreno aseguró que el desfalco del huachicol “se ha convertido en un daño sistemático al erario desde 2018 y supera los 550 mil millones de pesos”. Es decir, intenta ligar corrupción fiscal, crimen organizado y fragilidad de los contrapesos legales para perfilar a la oposición como defensora del Estado de derecho.
Lo esencial no está en si los hijos del expresidente tramitaron o no amparos. Lo fundamental es que la reforma al amparo puede dejar a ciudadanos y empresas sin defensa efectiva frente a actos de gobierno. Si el oficialismo logra acotarlo en 2024, el México que llegue a 2027 tendrá elecciones dominadas por una maquinaria territorial… y un marco legal debilitado para frenar abusos.
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