La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

En el ajedrez político de México, cada semana parece una partida interminable donde los peones se sacrifican y los reyes se esconden detrás del tablero. Mientras tanto, el ciudadano observa, cada vez más resignado, cómo se repiten las jugadas y cómo los discursos se reciclan con la misma frescura con la que se maquilla una vieja fachada.

Estados Unidos sigue viendo a México como el socio incómodo y funcional: útil para detener migrantes, abrir mercados y comprar voluntades, pero sin el respeto que merece un verdadero aliado. Por si fuera poco, el fantasma de la corrupción y las viejas prácticas políticas vuelven a tomar forma con la reaparición de figuras que juraron haberse retirado.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha convertido en un espectáculo de anuncios inconclusos y promesas pospuestas. La esperada visita de Marco Rubio a México —anunciada una y otra vez con bombo y platillo— sigue sin concretarse, dejando claro que, para Washington, nuestro país no figura como prioridad en su agenda real, aunque se le invoque constantemente en el discurso político.

La reciente visita de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, añade un toque sombrío a esta puesta en escena. Sus mensajes crípticos y los rumores sobre listas secretas de políticos y narcotraficantes alimentan la narrativa de que Estados Unidos sigue dispuesto a “limpiar” México a su manera, aunque sea a costa de la soberanía y la estabilidad política interna.

Como complemento simbólico, este fin de semana el nuevo embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, encabezará una cena de alto nivel organizada por la American Society y patrocinada por grandes conglomerados empresariales. Más que un simple encuentro diplomático, será un escaparate cuidadosamente diseñado para afianzar relaciones con las élites políticas y económicas mexicanas, con la participación destacada de actores como TV Azteca y Grupo Salinas. Un espacio donde se reafirma quiénes tienen realmente la capacidad de moldear la agenda binacional y enviar señales de alineamiento político.

A todo este guion se suma el episodio reciente con Julio César Chávez Jr., detenido de manera espectacular en Los Ángeles por agentes estadounidenses. La imagen del hijo del legendario boxeador esposado, mientras se habla de cargos por migración, nexos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas, envía un mensaje contundente. Lo que México no hace en materia de persecución al crimen organizado, Estados Unidos lo hará por su cuenta.

La relación de Chávez Jr. con Frida Muñoz Román —viuda de Edgar Guzmán López e integrante del clan Guzmán— se convierte en el hilo que jaló la investigación. La intervención norteamericana no sólo exhibe la pasividad de la Fiscalía General de la República, que tenía una orden de aprehensión desde 2023, sino también refuerza la idea de que Washington opera sin pedir permiso y actúa cuando le conviene, sin importar las implicaciones políticas o diplomáticas en México.

Hoy, México sigue apareciendo en el radar norteamericano, pero como piñata política: útil para exhibir fuerza, reforzar agendas internas y alimentar el discurso electoral. Un papel que, lejos de fortalecer nuestra posición, confirma la fragilidad de una relación donde el respeto mutuo sigue siendo la gran promesa incumplida.

La discusión sobre la reforma judicial, de hecho, ha sido el escenario ideal para la reaparición de otro expresidente: Ernesto Zedillo. El economista que impulsó la transformación del Poder Judicial en 1995 hoy observa con alarma —y denuncia— la posible desaparición de la independencia judicial, convertida en una ratificación plebiscitaria con un puñado de votos. Desde Palacio Nacional, el contragolpe no tardó: se le recordó a Zedillo que él mismo, en su momento, promovió un “golpe judicial” al remover a la Corte de entonces y conformar una nueva.

Felipe Calderón, por su parte, también reaparece, esta vez vinculado a redes políticas y mediáticas que operan desde el norte. Su figura, aunque gastada, sirve como referente útil para polarizar y reactivar viejos resentimientos.

El caso de Enrique Peña Nieto agrega otra capa a esta opereta política. Señalado por empresarios israelíes de haber recibido 25 millones de dólares a cambio de permitir la operación del software espía Pegasus en México, Peña se defiende públicamente con un “totalmente falsa la nota”, aunque el daño mediático ya está hecho. Su reaparición, más bien involuntaria, sirve de recordatorio de que ningún expresidente está a salvo cuando se necesita reactivar el enemigo interno para consolidar el relato oficial.

Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari se mantiene en un silencio estratégico, con un peso político que sigue siendo muy superior al de Fox o Peña, y con la libertad de moverse y opinar cuando quiera. Salinas, el gran arquitecto del México moderno, sabe cuándo hablar y cuándo dejar que otros se quemen.

El retorno de los expresidentes no es casual ni espontáneo. Es parte de la misma pinza que se va cerrando: afuera, los golpes diplomáticos y las detenciones espectaculares; adentro, los viejos villanos reciclados para justificar un presente que cada vez se complica más.

Mientras el gobierno federal busca distraer con fantasmas del pasado y viejos enemigos políticos, en el norte del país se libra otra batalla: la del huachicol. Una guerra silenciosa, compleja y muchas veces olvidada, donde se confunden delincuentes, empresarios y funcionarios públicos.

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas descarriló el tren del huachicol con el decomiso de más de 15 millones de litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe, el más grande del sexenio, fue presentado como prueba de que, cuando existe voluntad política y coordinación real, se pueden dar golpes certeros al crimen organizado.

Manolo Jiménez no tardó en capitalizar el golpe, declarando que esta acción representa un cambio de estrategia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en contraste con lo que llamó la “tolerancia” al huachicol durante el sexenio de López Obrador. Su mensaje fue claro: en Coahuila hay cero tolerancia, y aquí la seguridad no se negocia.

Sin embargo, hay un aspecto oscuro que no puede quedar fuera de la narrativa. Los decomisos espectaculares suelen ir acompañados de un dato preocupante: la ausencia casi total de detenidos en el momento de los operativos. Así sucedió con los buques en Tampico, donde ni un solo operador fue arrestado pese a la magnitud del hallazgo, y así ocurrió nuevamente con los 129 carro-tanques en Coahuila. Esto revela un problema estructural: se golpea la logística, pero no se desmantelan las redes profundas, ni se persigue a quienes perforan ductos o controlan los grandes flujos de dinero.

El caso reciente del empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano añade un ingrediente adicional. Muñoz, conocido por su historial de detenciones y acusaciones en España y Estados Unidos, ha señalado a la Policía Estatal de Coahuila de estar coludida con el crimen organizado y proteger el contrabando de gasolina desde Texas. Aunque las autoridades estatales desmintieron con firmeza sus declaraciones y recordaron su largo prontuario criminal, no deja de llamar la atención la influencia política que el personaje sigue teniendo. Su figura, aunque tóxica, representa un grupo de intereses empresariales y políticos cercanos a ciertas esferas de la actual administración municipal en la región lagunera. Un entorno que, si no se observa con lupa, puede convertirse en un punto ciego peligroso para la narrativa oficial de seguridad.

El gobernador Manolo Jiménez ha dejado claro que en Coahuila la coordinación con la Federación y las fuerzas armadas es total y que el estado seguirá siendo ejemplo de seguridad y orden. Sin embargo, el verdadero reto será demostrar que detrás de cada operativo no sólo hay números, sino procesos judiciales sólidos y voluntad para ir contra quienes verdaderamente mandan en el negocio del huachicol.

El decomiso récord en Saltillo puede leerse como un triunfo simbólico de la nueva estrategia de Sheinbaum y Manolo, pero también como un espejo incómodo que muestra las fisuras en la cadena de mando y la vulnerabilidad de los controles fronterizos. México puede celebrar cada tonelada recuperada, pero si no se detiene a los capos reales, seguiremos jugando a un eterno gato y ratón, donde el ciudadano termina pagando el costo más alto.

En medio de la crispación diplomática y la tensión interna, la reciente decisión del gobernador Manolo Jiménez Salinas de enviar ayuda a Texas para enfrentar las devastadoras inundaciones del fin de semana se convierte en un capítulo aparte, que deja claro cómo un gesto humanitario puede transformarse en un movimiento político estratégico.

La solidaridad mostrada hacia el país vecino no solo fue vista como un acto de humanidad elemental, sino como un guiño diplomático cuidadosamente calculado. La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en felicitar públicamente al gobernador coahuilense, reforzando la narrativa de un gobierno federal que apuesta por la cooperación regional y por reconstruir puentes, aun cuando las relaciones con Estados Unidos atraviesan momentos complicados.

El impacto de esta ayuda se reflejó rápidamente en los medios estadounidenses. Las notas positivas sustituyeron, aunque momentáneamente, los titulares negativos sobre migración, seguridad y comercio. Crónicas elogiosas contaron la historia de dos jóvenes mexicanas que, en un acto heroico, salvaron a varias adolescentes estadounidenses atrapadas en el agua. Pequeños episodios que terminan construyendo una imagen renovada del país: un México solidario, responsable y cercano a su comunidad vecina, más allá de las diferencias políticas o económicas.

El propio Departamento de Estado y el embajador en México, Ron Johnson, expresaron de manera oficial su agradecimiento. En un tono poco habitual en la relación bilateral, destacaron a México como un “amigo verdadero” y “vecino solidario”. Estas palabras, que en otro contexto podrían pasar como cortesía diplomática, hoy adquieren relevancia estratégica. Sirven para matizar la narrativa agresiva que había dominado las últimas semanas, y que incluía presiones comerciales, acusaciones de inacción contra el narcotráfico y tensiones en el tema energético.

Para Manolo Jiménez, el gesto no pudo llegar en mejor momento. Su administración, fortalecida por los recientes operativos contra el huachicol y la coordinación con fuerzas federales, suma ahora un punto internacional que lo proyecta como un gobernador con visión global, sensible y pragmático. La felicitación de Sheinbaum, por su parte, no es solo un espaldarazo: es también un mensaje interno, un reconocimiento público que refuerza la narrativa de unidad y de cooperación intergubernamental en tiempos donde cualquier diferencia puede ser magnificada políticamente.

En un país acostumbrado a ver la política exterior como un terreno lejano y reservado para el centro, la ayuda enviada desde el norte, desde la frontera, demuestra que la diplomacia también puede construirse desde los estados, desde lo local. Y que la empatía, bien administrada, puede transformarse en influencia y legitimidad.

La llegada de Claudia Sheinbaum al poder trajo la promesa de un “nuevo Pemex”. Sin embargo, los problemas no se solucionan con narrativa. Los retos son gigantescos: financieros, operativos, laborales y hasta de infraestructura básica. El peso de los pasivos —alrededor de 2.5 billones de pesos— amenaza con tragarse no solo a la empresa, sino a una parte significativa de las finanzas públicas.

Tal como advertimos en esta columna: el Fobaproa energético está aquí. Su nombre es Pemex y su factura, tarde o temprano, la pagaremos todos.

Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna!

Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx