La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

La agenda política de México se encuentra marcada por grandes temas que no solo captaron la atención nacional, sino que también repercutieron en el escenario internacional. Desde la creciente tensión comercial con Estados Unidos, hasta la polémica en torno a la elección judicial del próximo 1 de junio, cada uno de estos asuntos revela cómo se teje la política mexicana en tiempos de incertidumbre y reconfiguración.

Por más que se hable de campañas, de votos y de democracia participativa, lo que verdaderamente mueve los hilos del poder —hoy— en México, es el miedo. Miedo a Trump, miedo a los aranceles, miedo a una elección que puede ser el pretexto perfecto para desmontar, ahora sí, lo poco que queda del INE.

La tensión en la frontera con Estados Unidos es más que diplomática: es económica y es electoral. Los aranceles anunciados por Washington —25% a sectores clave como el automotriz y el siderúrgico— no son sólo una amenaza comercial. Son un aviso político. Vienen tiempos de definiciones. Y no todos están preparados.

Pero mientras la Cancillería toma notas y emite comunicados tibios, en Coahuila sí actúan. Manolo Jiménez Salinas, gobernador que entiende que el norte del país es la primera línea de defensa, ha implementado operativos “espejo” con el gobierno estadounidense.

No es solo fentanilo, aunque ese sea el mantra electoral de Trump. Es también migración, robo de combustible, crimen organizado. Y mientras otros estados se pierden en el caos —vea Tamaulipas, mire Sonora—, en Coahuila las cosas se hacen con estrategia, inteligencia e institucionalidad.

Por eso no extraña que se hable ya de la creación de una Subsecretaría de Investigación e Inteligencia. Porque en Coahuila se juega en serio. No con abrazos, sino con resultados. Mientras tanto, los soldados siguen desplegados en toda la frontera. Más de diez mil elementos que bien podrían ser redistribuidos si otros mandatarios hicieran la tarea como Manolo Jiménez.

Pero la seguridad no es el único frente donde las cosas arden. En el sur del país, la cultura del narco sigue contaminando hasta los escenarios. El caso de Los Alegres del Barranco es el ejemplo más claro. Se subieron a un escenario, rindieron homenaje al Mencho que tal vez siga siendo jefe de ese Cartel si es que no ya murió y está en el infierno, ahora claman ignorancia. ¿No leen la prensa? ¿No saben lo que pasa en Jalisco? ¿No han oído del Rancho Izaguirre?

Los Alegres del Barranco ya metieron en problemas a personas e instituciones que les abrieron un espacio y que ahora no saben qué hacer ante las acusaciones de apología del delito, de simpatía por el diablo. Si van a Teuchitlán seguro a Los Alegres se les borra la sonrisa.

Ya les retiraron las visas. Pero el daño está hecho. La apología del crimen no es solo un delito moral: es una estrategia de normalización del terror. Y ahí, otra vez, el Estado se queda corto.

Y mientras el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, enfrenta el desafío de presentar un plan económico para 2026 que asegure la estabilidad financiera del país en los próximos años.

Se están llevando a cabo elecciones en varias entidades del país, lo que ha generado un ambiente político intenso y diversas discusiones sobre el futuro político del país.

El 1 de junio, los mexicanos enfrentarán una jornada electoral compleja. En estados como Veracruz y Durango, los votantes recibirán hasta una docena de papeletas, debido a la coincidencia de las elecciones judiciales con comicios municipales y estatales. Se prevé que cada ciudadano requiera alrededor de 20 minutos para completar su voto, lo que podría generar largas filas y desincentivar la participación.

Claro que la elección del Poder Judicial del primer domingo de junio necesita toda la promoción posible. Se trata de un ejercicio inédito. Hasta el momento la ciudadanía no está enganchada en el proceso. Eso no se discute.

El INE ha impuesto restricciones significativas: se prohíben actos masivos, publicidad en medios tradicionales y encuestas pagadas. Los candidatos deben basar su promoción en redes sociales y propaganda impresa. Además, no cuentan con financiamiento público, lo que los obliga a recurrir a recursos personales dentro de límites establecidos.

La regla es que esa promoción no toca hacerla a los servidores públicos, de manera que se tienen que quedar al margen o cambiar las reglas, pero no saltarse las trancas, ya que sería un pésimo ejemplo.

Los que sí estén autorizados a hacer la promoción que la hagan, de otra forma será muy complicado que los ciudadanos se sumen al esfuerzo de elegir a los nuevos impartidores de justicia.

No se olvida que los aspirantes tienen limitaciones serias de tiempo, recursos y alternativas, pero el andamiaje legal alrededor de la elección del Poder Judicial lo hicieron los legisladores de la coalición oficialista. No pueden salir a decir que están inconformes con las reglas que ellos mismos diseñaron.

Como usted sabe, el 30 de marzo arrancaron las campañas judiciales y se extenderá por 60 días, concluyendo el 28 de mayo, para que usted y yo votemos por ministros, magistrados y jueces. Suena democrático, suena progresista, esa es la democracia, según el discurso oficial… pero esconde un monstruo.

Los números no mienten. Guadalupe Taddei, presidenta del INE —incondicional del régimen, no lo olvide— estima una participación de entre 8% y 15%. ¿Qué clase de legitimidad puede nacer de una elección donde 85 millones de mexicanos se quedarán en casa?

Taddei especuló hace unas semanas que esperaban (en el mejor de los casos), una participación de entre el 8 y el 15% del padrón electoral, compuesto por 99 millones de ciudadanos, lo que representaría que, si fuera el porcentaje alto, 15 millones de mexicanos decidirían quiénes serán los impartidores de justicia, en todo el país, por lo menos la próxima década.

Un 15% de votación sería un fracaso para una elección que lleva más de un año promoviéndose; pero incluso los pronósticos pesimistas estiman entre 5 y 7% la participación ciudadana, por el poco interés que el proceso ha generado.

Y no es culpa de la apatía. Es culpa del diseño. No hay spots, no hay debates, no hay dinero público para promoverse. La mayoría de los candidatos son unos desconocidos. Nadie sabe quiénes son, qué piensan o por qué quieren ser juzgadores federales.

Los candidatos deben basar su promoción en redes sociales y propaganda impresa. Además, no cuentan con financiamiento público, lo que los obliga a recurrir a recursos personales dentro de límites establecidos: desde 220,000 pesos para jueces hasta 1.47 millones de pesos para ministros de la Suprema Corte .  

En este escenario digital, en el Octavo Circuito del Poder Judicial que abarca el territorio de Coahuila y municipios de la Comarca Lagunera de Durango, por ejemplo, figuras como Maribel Villanueva Salas (candidata a jueza de Distrito), Jorge Trejo Veloz (candidato a juez de Distrito) y Valeria Delgado Urby (candidata a magistrada de Circuito), destacan por su actividad en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Estas candidaturas, han aprovechado el inicio de sus campañas para ganar visibilidad y seguidores. No los pierda de vista.

Eso sí: las tres ministras del bienestar, que no renunciaron a sus cargos, llevan meses en campaña. Ahí están Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel. Expuestas, promovidas, protegidas. Competencia desleal con todo el sello de la casa, sin que el INE o el Tribunal Electoral le hicieran un llamado al orden.

Esa exposición constante en medios, que ningún otro aspirante tiene, debería ser considerada como una competencia desleal y podría equilibrarse si el tridente renunciara a la Suprema Corte.

Ya dijeron que no lo harán mientras que la mayoría de los candidatos a los cargos (magistrados y jueces) tuvieron que hacerlo. Y luego dicen que no hay mano negra.

El INE, tal como lo conocemos, se juega la vida. Si el proceso judicial fracasa en participación o en legitimidad, el régimen tendrá la excusa perfecta para su siguiente movimiento: la toma total del órgano electoral. Y lo harán con el aplauso de una ciudadanía mal informada, desmotivada, dividida.

La iniciativa para que el gobierno retome el control de los procesos electorales la tiene Morena a la espera de darle luz verde, quizá después de ver los números que arroje el ejercicio del 1 de junio.

Mientras tanto, en Coahuila se sigue gobernando. Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, ya lo advirtió: esto no puede convertirse en un botín político. Pero ¿quién escucha?

Porque la elección judicial, así como está, huele más a simulacro que a democracia. Y eso, en este país, ya es peligroso.

El magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, ha expresado preocupación por la posible politización del Poder Judicial derivada de este proceso electoral.

Mery Ayup advierte que la elección popular de jueces y magistrados podría comprometer la independencia judicial, al someter a los impartidores de justicia a intereses partidistas y electorales. Subraya la necesidad de garantizar que los criterios de selección se basen en méritos y capacidades, evitando que la justicia se vea influenciada por dinámicas políticas.

Los días 9 y 19 de mayo, respectivamente, inician campañas los candidatos a magistrados y jueces en Coahuila.

La elección judicial de 2025 representa un hito en la democracia mexicana, con potencial para democratizar la justicia, pero también con riesgos de politización y desafíos logísticos. Es esencial que la ciudadanía se informe y participe activamente para fortalecer el Estado de derecho en México.

Veremos qué ocurre el 1 de junio. Si hay participación o hay funeral. Porque en esta elección no solo se define quién juzga. También se define quién manda.

Es importante tomar una decisión informada para tener una nueva y mejor justicia en México. ¿No cree?

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