La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

Manolo Jiménez Salinas, rendirá su Primer Informe de labores como gobernador de Coahuila el sábado 30 de noviembre y presentará a la vez su paquete económico para 2025.

Con una característica: en 2024 el Gobierno federal le redujo en 30 por ciento las participaciones y para el año próximo no espera mayor generosidad de Hacienda.

Manolo Jiménez Salinas cumple las expectativas de las y los coahuilenses. A pesar de un entorno hostil y presiones presupuestales tiene oportunidad de reportar avances en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

Coahuila es el estado fronterizo con mejor nivel de seguridad y ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, atraídas por el buen clima de negocios que existen nuestra entidad.

Ningún logro es causal, es producto de trabajo diario. Por ejemplo, este año en materia de seguridad se implementó un modelo que privilegia la prevención y la proximidad, así como la entrega de pertrechos de última generación a la policía estatal.

El gobernador de Coahuila ha logrado establecer una relación respetuosa con el Gobierno federal y una muy funcional con sus vecinos del norte, el Gobierno de Texas, que refleja las bondades de la coordinación binacional.

Además, Manolo Jiménez Salinas está decidido en ir contra la corrupción e impunidad. Por ejemplo, ha dado indicaciones a sus colaboradores del gabinete para exterminar un cáncer político que ha afectado a los torreonenses y que se desarrolló bajo la impunidad desde el sexenio de Humberto Moreira Valdés.

Nos referimos desde luego al “Cártel de los Cepeda” y su exlíder el Profesor Mario Cepeda Ramírez, recientemente fue vinculado a procesos por los presuntos delitos de lesiones levísimas calificadas, por razón de género, amenazas y discriminación bajo la causa penal 2085/2024.

Asimismo, se logró detectar una red de colaboradores que servían directamente al “Cártel de los Cepeda”, esto a partir de las investigaciones y auditorías realizadas por parte de la administración estatal. Los resultados del informe fueron presentados al mandatario, quien, a su vez y sin titubeos, giro instrucciones claras: cesarlos de manera inmediata sin importar sean sindicalizados o de confianza. No habrá impunidad, es el mensaje.

Por otra parte, el IMCO ubicó a Saltillo como la ciudad más competitiva del país ya que mostró avances significativos en indicadores como innovación, seguridad y crecimiento económico.

Detrás de Saltillo aparecieron en la lista metrópolis como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que muestra la importancia del nombramiento.

Cabe resaltar que muchas de las acciones que permitieron este logro se llevaron a cabo cuando Manolo Jiménez Salinas, el actual gobernador, era alcalde y sentó las bases para tener el Saltillo que hoy se considera la ciudad más competitiva del país. Ahí el dato.

No hay que esperar al 20 de enero del año próximo para lidiar con Donald Trump. De hecho, su segundo gobierno ya empezó, aunque todavía no haya rendido protesta. En los hechos sus fanfarronerías ya tienen consecuencias en aspectos sensibles como el tipo de cambio.

De modo que fue atinado que la presidenta Sheinbaum Pardo haya emprendido con vigor la defensa de los intereses nacionales. Su carta de respuesta al amago de subir aranceles dejó en claro que esta vez nadie se doblará. A un arancel impuesto allá, vendrá otro de respuesta desde el sur de la frontera.

Se avecina un temporal, de eso no hay duda. La versión de México tiene que escucharse fuerte y clara, sobre todo en el sector empresarial del vecino del Norte, cuyos intereses, quién lo diría, también comienzan a verse afectados por la palabrería del presidente electo que, queriendo golpear a China, lastima a los empresarios norteamericanos.

¿Por qué Donald Trump intensifica las amenazas al país contra migrantes, contra las exportaciones, contra cárteles?

El magnate ha prometido afectar a México y Canadá con su primera orden ejecutiva el 20 de enero.

Según su dicho, desde ese día aplicará 25% de aranceles para todas las exportaciones de los dos países mientras no se contengan los flujos migratorios y el ingreso de drogas, en especial el fentanilo.

La medida sería violatoria del Tratado Comercial de América del Norte, pero eso no le preocupa al futuro presidente vecino.

Mal, muy mal haría el Gobierno mexicano en soslayar ese aviso, que ya no es advertencia.

Trump probó, durante su primer mandato, que basta con un apretoncito a la tuerca del comercio internacional para doblar a las autoridades mexicanas.

Durante su primer año de gobierno, en su primera administración, el empresario amenazó con imponer el mismo arancel a los productos mexicanos.

López Obrador envió a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, a “negociar’’ con Trump, que logró del Gobierno mexicano el compromiso de militarizar las fronteras sur y norte de nuestro país para evitar el cruce de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

En más de 30 ocasiones, Trump celebró “el acuerdo’’ por el que México destinó unos 28 mil miembros de la Guardia Nacional para cerrar el paso a las caravanas migrantes, a pesar de que al inicio de su mandato López Obrador abrió las puertas del territorio nacional a la migración ilegal.

Trump descalificaría, ya en su anterior campaña, el desempeño de Ebrard y presumía como “lo dobló’’.

El arancel que dijo impondrá a México tiene como origen la misma demanda que la vez anterior: frenar la migración y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, de México a EUA.

El Gobierno mexicano tiene dos meses para tratar de evitar que Trump castigue con ese arancel a los productos mexicanos.

El cómo lo hará es una incógnita, porque por más que Sheinbaum y Ebrard digan que sería violatorio del T-MEC, Trump está dispuesto a pasar dos años en litigios antes que incumplir una de sus ofertas de campaña que más votos le dio.

México puede, sin embargo, asociarse con Canadá, país al que Trump también avisó del arancel a todos sus productos, a pesar de que Justin Trudeau ya no nos ve con buenos ojos como aliado comercial. A ver.

De acuerdo con un documento presentado por la presidenta, cada uno de los Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), tenía que proponer un listado mínimo de 5,410 aspirantes para los 881 cargos en disputa (9 ministros de la nueva Corte, 2 magistrados del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, 5 ministros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito).

La hicieron de emoción, pero finalmente se aceleró la inscripción de aspirantes a los puestos del Poder Judicial de la Federación que quedarán libres este año.

En tres días se pasó de 3 mil 500 aspirantes a 18 mil. Esto cambia el panorama y permite a las autoridades respirar con tranquilidad.

Que haya tela de donde cortar es lo primero, lo que sigue es el trabajo, que se adivina exhaustivo, del Comité de Evaluación que deberá hacer un análisis riguroso para que pasen a las boletas los mejores prospectos.

Se dice que se alentó a jóvenes abogados, recién graduados, a no dejar pasar la oportunidad de que su primera chamba sea ser juez o magistrado. Parece chiste.

La elección será un proceso complejo y caro y por esa razón es deseable que se cumpla la expectativa de que los cambios, al final del día, sean para bien de la impartición de justicia en el país.

Si de entrada la inscripción al concurso para la selección de los juzgadores federales resultó ser un cochinero, ¿cómo será la elección de los nombres que estarán en las boletas y después la votación?

Y es que nadie con dos dedos de frente cree que en tres días se hayan registrado, en las plataformas del Ejecutivo y el Legislativo, más de 18 mil aspirantes, cuyos nombres y preparación ni siquiera se han hechos públicos, a diferencia de los candidatos inscritos a través de la plataforma del Poder Judicial.

En las redes alguien hizo un ejercicio para determinar cómo fue posible la multiplicación de candidatos y encontró que, para llegar a esa cifra, debió registrarse un candidato cada dos minutos.

Hay que decirlo con todas las letras: hay aspirantes de primera y de segunda. No importa si aspiran a ser jueces, magistrados o ministros.

Quienes tendrán oportunidad serán los inscritos ante los Poderes Ejecutivo o Legislativo, pero no quienes escojan la vía del Judicial. Ellos serán vetados por el Congreso o desde Palacio Nacional.

Ante el fracaso de la convocatoria, la maquinaria oficial estaba en marcha y había el riesgo de llenar solicitudes con candidatos fantasmas. Las dos circunstancias están confirmadas.

Estructura hay de sobra: funcionarios federales, operadores de programas asistencialistas, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, organismos de abogados con gran influencia morenista…

Con todo, esa reforma Judicial es una vergüenza.

La selección de juzgadores federales ya se le salió de control al Legislativo, al Ejecutivo y al propio INE, organizador del magno evento.

Los detalles: La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informa que hay una “mesa de diálogo’’ con diputados para lograr una reducción del presupuesto de 13,205 millones de pesos, necesario para la elección de jueces, magistrados y ministros federales.

La propia Taddei, sin embargo, asegura que esa cifra es lo mínimo que se requiere para la organización del proceso electoral en el que serán elegidos 881 personas a diferentes cargos en el nuevo Poder Judicial de la Federación.

Taddei confirma, además, que el INE solicitó al Senado, formalmente, que la elección sea pospuesta tres meses “o más’’, en virtud de que, según ella, los amparos promovidos en contra de la reforma judicial detuvieron dos meses la organización del proceso.

Sin embargo, dicha elección no podría posponerse, a menos que se modificara la Constitución pues la fecha fijada, el primer día de junio del 2025, la fijaron los propios legisladores en la Carta Magna.

Claro que podrían cambiar la fecha, pero los dejaría en ridículo.

De hecho, esta semana comenzó el operativo de las bancadas oficialistas para reformar esa reforma y violentar una vez más la Constitución.

Lo encabezará presidente senatorial Gerardo Fernández Noroña, quien propondrá un nuevo artículo transitorio para… ¡posponer la votación de jueces, magistrados y ministros!

Todo porque Guadalupe Taddei, la morenista presidenta del INE, pidió retrasar esa jornada hasta el 1° de octubre porque no está preparado el organismo para la tarea.

Y no sólo eso: también deberán hacer ajustes a fin de abaratar su propia democracia, pues en lugar de instalar 172 mil casillas como mandata la Constitución, se bajará a la mitad o menos.

Unos 80 mil centros de votación… ¡Qué desastre!

Preparémonos pues para una selección por tómbola o un proceso viciado desde su origen.

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