La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Donald Trump ya conoce el caminito y mejor que nadie conoce a los políticos mexicanos, en especial, los emanados de la 4T. Lo hizo de nuevo.
Ahora el blanco de sus amenazas es el nuevo gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Creer que México tendrá en Trump un amigo, o de perdida un aliado, es de una inocencia espeluznante.
Solo hay que seguir sus discursos de campaña y su gestión como presidente de Estados Unidos hace 8 años, para conocer que volverá más “recargado”.
Hace ocho años Marcelo Ebrard operó en su autoexilio a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton de varias maneras.
Una de ellas fue promover mensajes de crítica y rechazo al candidato republicano Donald Trump para influir entre los votantes latinos.
Lo hacía por su jefe político Andrés Manuel López Obrador, quien inclusive publicó el libro “Oye, Trump” para su párrafo de contexto: “Por qué Peña no contesta, a Peña lo asustó Trump desde que le habló por teléfono. Le alzó la voz, lo calló, pero con nosotros es distinto. Sin faltarle al respeto, lo vamos a poner en su sitio, lo vamos a hacer entrar en razón”. Fue al revés.
AMLO puso un muro militar –28 mil soldados, según Trump– para contener el paso de migrantes desde Chiapas hasta la frontera norte. ¿Quién fue el operador?
El canciller Ebrard, quien pasó de opositor a aliado a través de Jared Kushner, influyentísimo yerno de Trump. Esa relación sigue.
El secretario de Economía conduce el diálogo rumbo a los nuevos gobiernos y en especial hacia la revisión del T-MEC.
Trump tuvo ya una charla telefónica con Sheinbaum, la primera que sostienen de manera oficial, aunque él asumirá el cargo hasta enero del próximo año.
Sheinbaum dijo que la plática fue cordial y que acordaron trabajar por el bien de ambas naciones, es decir, nada del otro mundo.
Pero, después de la charla con la mandataria mexicana, Trump ofreció varias entrevistas a medios estadounidenses a quienes expresó que en su primer día en la Casa Blanca ordenará el cierre de la frontera “para los ilegales”, que “combatirá a los cárteles del narcotráfico” (mexicanos, desde luego, porque a los de allá ni los ven ni los oyen) y que firmará una orden ejecutiva para que los recién nacidos en EEUU, de padres indocumentados, dejen de recibir la ciudadanía en automático, como ocurre hasta hoy.
Trump manifestó su rencor a los regímenes “socialista” que “solo traen pobreza”, en un mensaje que el gobierno mexicano consideró que “no le aplica”.
Trump podría, como ya advirtió, pasarse el tratado de libre comercio por el arco del triunfo alegando que el pueblo “güero y sabio” votó por proteger a la industria nacional y sus empleos, y nadie le podría decir nada.
Porque Trump, señalado por varios delitos federales, demuestra con su triunfo que a él y a sus simpatizantes no les pueden salir con que “la es la ley”.
Uno de los ganadores claros de la elección presidencial de Estados Unidos fue el magnate sudafricano Elon Musk que le puso a la campaña de Trump más de cien millones de dólares, mismos que ya recuperó y obtuvo jugosas ganancias pues las acciones de su empresa Tesla subieron 15 por ciento en un solo día, algo inusitado.
Gran decepción quedó entre las organizaciones civiles y muchos otros sectores de la sociedad, ante las presiones que hubo para reelegir a María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a quien han señalado por ser una ombudsperson sumisa al gobierno federal y la 4T.
Desde el inicio del proceso se esperaba y se presagiaba un cambio al frente del organismo defensor, sin embargo, de manera sorpresiva, la bancada morenista mostró fisuras insospechadas en el proceso de selección de la titular. Tal parece que la historia se repite.
Por órdenes expresas de Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila fue retado a demostrar su control senatorial en 2019.
De esa forma, López Obrador anuló uno de los principales órganos responsables de vigilar al gobierno y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Por el contrario: colocó en posición clave a una activista cuya servidumbre al régimen la llevó al extremo de meterse en temas prohibidos para la Comisión, los electorales, en 2022.
Piedra Ibarra, sin conocimientos jurídicos ni cumplir muchos requisitos para su designación, fue colocada al final de una lista de 57 aspirantes en 2019.
Aquí vienen las dudas: uso de documentos falsos, rechazo de organizaciones civiles, pésimo desempeño en el período por expirar, ocultamiento de recomendaciones, incapacidad administrativa…
Esta vez no varió el mecanismo, si en 2019 a Piedra Ibarra le escalaron posiciones en las comisiones del Senado, ahora se le colocó sorpresivamente como tercera finalista al lado de Paulina Hernández Diz y Nashieli Ramírez.
Según la sesuda explicación de Javier Corral, en la terna no se inscribieron los perfiles mejor evaluados, que se supone que eso era lo que debía hacerse, sino que también hubo “trabajo político’’, es decir, las opiniones de los grupos parlamentarios.
Ni siquiera debería estar en ese lugar, no solo porque solo obtuvo un voto o un punto en su evaluación, sino porque presentó un documento falso en donde supuestamente el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, le daba su apoyo; mismo que ya desmintió.
¿Qué garantía hay o qué garantías existen para que en las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros no estén los “recomendados’’ por las fracciones partidistas en el Senado? Ninguna, ninguna, ninguna.
El problema ya ni siquiera es la designación de Piedra Ibarra, sino el mensaje que envían Morena y Palacio Nacional, al impulsar y respaldar a una persona que claramente no es idónea para el cargo contraviniendo la propia convocatoria y la ley de la CNDH.
Ahora que la queja de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, es en contra de los 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué no responsabilizan también a la Secretaría de Hacienda?
La dependencia, encabezada por Rogelio Ramírez de la O, aseguró en febrero pasado que la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial “carece de impacto presupuestario’’.
La opinión de la SHCP establece: “La Secretaría de Hacienda, luego de hacer un análisis de la iniciativa que se dictamina, arribó al juicio de que carece de impacto presupuestal al no prever ni tener por efecto, un impacto sobre el presupuesto programado ni la regulación presupuestal”.
En cambio, en la misma página 140 de la iniciativa en la que la SHCP incluye su opinión, también se anexa la opinión del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas en la que advierte de un “impacto positivo’’ derivado de la elección de los juzgadores.
La semana anterior se publicaron las respectivas convocatorias emitidas por el Senado, el Ejecutivo y el Judicial para la elección de jueces de Distrito, magistrados de Distrito, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
Tratándose de un tema tan delicado, como es la selección de quienes serán los juzgadores de los próximos años, se esperaba que los criterios de selección fueran homogéneos, pero no es así.
Cada convocatoria tiene sus propios criterios de selección y concede diversas calificaciones a los aspectos que cada comité evaluador consideró importantes.
De entrada, por ejemplo, el Ejecutivo no aclara cómo dividirá las calificaciones entre los aspirantes que se registren en su plataforma.
Hay criterios generales de aplicación universal, pero no está definido cómo calificará a cada candidato.
En el Senado, en cambio, se especificaron de la siguiente manera los criterios de evaluación: mérito académico, 40 puntos de la calificación; experiencia profesional, 30 puntos y honestidad y buena fama (sin reírse que es cosa seria), los 30 puntos restantes.
¿Quién decidirá qué es la buena fama y la honestidad? Pues el comité de evaluación avalado por las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados.
En el Poder Judicial, los criterios a evaluar y sus calificaciones son las siguientes: actividad profesional, 40 puntos; formación académica, 40 puntos y 20 puntos para la actividad académica.
Aquí, a diferencia de las otras convocatorias, se concede mayor valor a la actividad profesional, es decir, a la experiencia en el sistema judicial, en cualquiera de los cargos en disputa.
El cierre para los registros es el 24 de noviembre próximo. Apúrele, mi futuro togado/a.
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