Dicen que el hilo siempre se rompe por lo más delgado y así fue. Miguel Ángel Yunes Márquez fue el eslabón más débil de la oposición y terminó por romperse y vender su voto al mejor postor, en este caso, el oficialismo que logró doblarlo para entregar su voto y con este MORENA y sus aliados consiguieran los 86 votos en el senado necesarios para aprobar la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Yunes Márquez no soportó la presión a la que fue sometido tanto por sus compañeros de bancada así como por parte del aparato oficial, y pidió licencia indefinida argumentado problemas de salud, de tal manera, que fue su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, quien asumió su posición al ser suplente de su hijo, y fue él quien acudió a la casona de Xicoténcatl para consumar la traición.
A su arribo a la sede de la cámara alta, Yunes Linares fue recibido con aplausos por la fracción morenista y sus aliados, mientras que sus ahora ex compañeros del PAN y los senadores del PRI le gritaban ¡Traidor! ¡Traidor! Fue así, como se consumó una de las más grandes historias de traición que se recuerden en la historia del México moderno, con un Miguel Ángel Yunes y familia vendidos al mejor postor, como lo han hecho durante ya longeva trayectoria política que lo ha llevado por las filas del PRI, el PAN y ahora MORENA.
De acuerdo con información publicada por diversos medios de circulación nacional, a Yunes le prometieron desaparecer las investigaciones en su contra, así como contra sus hijos, y, por supuesto, la oportunidad de continuar su ya longeva y ahora denostada carrera política en el que en este momento es el partido hegemónico en México: Morena y sus aliados, que incluye ahora a la tristemente célebre familia Yunes.
Casi de manera inmediata tras la votación, la Comisión Permanente Nacional del PAN se reunió y decidió expulsar del partido a Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, que para esos momentos ya se consolaban en los brazos de MORENA, luego de aportar el voto número 86 que era necesario para aprobar los cambios constitucionales que plantea la reforma al poder judicial.
Pero todavía faltaba un paso más: la aprobación de al menos la mitad de los congresos locales, es decir, era necesario al menos que 17 legislaturas estatales dieron luz verde a la reforma, lo cual se logró en un tiempo récord: en 21 horas, es decir en menos de un día, se lograron los votos necesarios, por que incluso el Instituto Nacional Electoral, encargado de realizar las elecciones en nuestro país, se pronunció al respecto al señalar que ya analiza la ruta para la organización de una elección encaminada al voto popular para jueces, ministros y magistrados, tal como establece la mencionada reforma. En Durango, el Congreso del Estado también aprobó la reforma con 19 votos a favor y 6 en contra, siendo el voto decisivo para su aprobación el voto del diputado priista Ernesto Alanís Herrera.
Una vez agotada la ruta legal, lo único pendiente es la publicación en el Periódico Oficial de la Federación, que se dio el 15 de septiembre, y de acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió esa fecha porque se trata de “… de una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueble elige a sus representantes, que elige a sus servidores públicos de los tres poderes”.
El jefe del ejecutivo añadió: “eso es la democracia, no las élites de la llamada clase política, no la oligarquía, todos. Cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y ser votado”.
Sin embargo, la reforma no ha caído bien a todos, pues organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch, y la Asociación Internacional de Abogados, entre otros, han externado su preocupación por la posible intromisión del ejecutivo en las futuras elecciones de jueces y magistrados, así como de grupos de interés e, inclusive, del crimen organizado en la designación de los integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular. Mientras tanto, los trabajadores del poder judicial en México continuaban en paro, apoyados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta el momento del cierre de la presente edición, no se habían pronunciado al respecto de la aprobación de la reforma, ni tampoco si seguirían adelante con la suspensión de labores ni si tomarán otras medidas una vez que se ha consumado la reforma.
