Arrancamos… LA TABLA DE SALVACIÓN DE MÉXICO PUEDE SER LA HONESTIDAD. Convertir esta virtud en inspiración y forma de vida de las instituciones es nuestra propuesta. La honestidad es un tesoro, la riqueza enterrada. Extraerla del México profundo y revalorarla nos permitirá engrandecernos, disponer de recursos económicos para el desarrollo y combatir la infelicidad que por décadas ha sido impuesta al pueblo mediante las "medidas amargas pero necesarias" que han sido aplicadas con el verdadero propósito de favorecer a unos cuantos. La corrupción es, como hemos visto, la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos. La deshonestidad de los gobernantes y de las elites del poder es lo que más ha deteriorado la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación de bienes de la colectividad. Lo repetiré cuantas veces sea necesario: nada ha dañado más a México que la corrupción política. No obstante, siendo este el principal problema del país, por decisión de los potentados el tema no se debate ni aparece en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero este grave asunto no se considera prioritario, ni siquiera es parte del discurso político. Los defensores de la globalidad nunca han pensado en importar ejemplos de países y gobiernos que han tenido éxito en hacer de la honestidad el principio rector de su vida pública. Mientras Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia ocupan los primeros lugares en honestidad, México se sitúa entre los más corruptos del mundo. Y, como es obvio, las naciones éticamente desarrolladas cuentan con una clase media fuerte y mayoritaria, y prácticamente no existen la pobreza, la inseguridad ni la violencia. — En los países donde la corrupción es excepcional e irrelevante el Estado promueve el desarrollo y cumple con su responsabilidad social. Noruega es el tercer exportador de petróleo en el mundo y esa actividad se maneja como un negocio público administrado por el Estado para beneficio de sus habitantes, que contempla incluso el reservar un gran porcentaje de las utilidades a un fondo de ahorro como herencia para las futuras generaciones. Asimismo, en todos estos países hay democracia efectiva; se respetan los derechos humanos; se garantiza el acceso universal a Internet, y el Estado de Bienestar atempera las desigualdades y hace posible la justicia social. En Dinamarca, por ejemplo, la población cuenta con educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares; hay becas para todos los estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado; servicios médicos y medicamentos gratuitos; no se paga peaje; hay pensión para adultos mayores; asistencia social; apoyo para la renta de vivienda; permiso con goce de sueldo de seis meses por maternidad; servicio gratuito en bibliotecas y centros recreativos. Todo esto puede lograrse en México si desterramos la corrupción, porque el país cuenta con muchos recursos y riquezas naturales y un pueblo honrado y trabajador. Lo paradójico y absurdo es que la honestidad no es ninguna "costumbre exótica" que tendríamos que importar sino un activo de la sociedad mexicana. Aunque viva en un pantano donde todo parece estar podrido, nuestro pueblo es decente. Se requiere, simplemente, de voluntad política para aprovechar las bondades de esta virtud exaltarla entre todos para hacerla voluntad colectiva y, en consecuencia, sinónimo de buen gobierno. La honestidad es una virtud que forma parte del patrimonio moral del pueblo mexicano; solo se requiere darle su lugar, ponerla en el centro del debate público y aplicarla como principio básico para la regeneración nacional. Elevar la honestidad a rango supremo nos traerá muchos beneficios. Los gobernantes contarían con verdadera autoridad moral para exigir a todos un recto proceder y nadie tendría privilegios indebidos o ilícitos. Con este imperativo ético por delante se recuperarían recursos que hoy se van por el caño de la corrupción y se destinarían al desarrollo y al bienestar del pueblo. Aun con la Revolución de por medio, originada para hacer valer las demandas de justicia y democracia por las que murieron un millón de mexicanos, los constituyentes de 1917, que incorporaron importantes reivindicaciones sociales y de fortalecimiento a nuestra soberanía, eliminaron el precepto de 1857 de que el presidente de la República podría ser juzgado por ataques a la libertad electoral, y mantuvieron vigente la disposición de no castigarlo por actos de corrupción. Es importante señalar que los constituyentes sabían de lo que se trataba. Al final del gobierno de Manuel González, su compadre Porfirio, para "apretarlo", había dado la línea a los diputados de no aprobarle su última cuenta pública, la de 1884, y se le acusó de corrupción; pero una vez que aceptó la reelección del dictador, la Cámara de Diputados se constituyó en gran jurado y resolvió que, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución, el presidente de la República no podía ser juzgado sino por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Hoy, como ayer, esas disposiciones están vigentes, excepto por lo que atañe a los ataques a la libertad electoral y la violación expresa de la Constitución, señalamientos que fueron suprimidos —desde luego, en forma nada casual — de la Constitución de 1917. Con esta actitud política y con otras medidas antidemocráticas y de impunidad en favor de los gobernantes se afianzó el régimen presidencialista de corrupción y privilegios en el México posrevolucionario.

MI VERDAD.- La gran tarea que significa transformar al México de hoy solo podrá enfrentarse y consumarse con un equipo integrado por hombres y mujeres con principios y con autoridad moral y política.