Nepotismo, acoso laboral y escolar, trabajadores con doble plaza, entre otras, son las presuntas irregularidades que alumnos y docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunidad hicieron públicas a través de un documento del cual Sin Censura tiene copia. La institución, dirigida actualmente por Gabriela Perales García, vive horas aciagas debido a este tipo de situaciones que han venido escalando durante la presente administración.
De acuerdo con lo expuesto por los inconformes, la actual directora del plantel inició con el despido de maestros “apenas unos días después de tomar la dirección de la escuela, sin causas administrativas o académicas, sino por el simple hecho de no ganarse su confianza y porque ahora ella es la directora y ella manda y decide quién se va y quién se queda, como fue el caso de Sandra Lizeth Barriga Hernández y Florencia Esqueda Aguilar”.
Asimismo, señalan, “puso a disposición del consejo a dos alumnas sin causas contundentes para sacarlas de la escuela, siendo las afectadas Ana Cristina Díaz y Miriam Alejandra Hernández, ambas del tercer semestre de la licenciatura en Trabajo Social, en represalia por no apoyado su campaña para llegar a la dirección. Además, a varios alumnos que no apoyaron su candidatura en acuerdo con otros maestros se le mandó a extraordinario o a recursar materias”.
De acuerdo con el documento, la lista de irregularidades no es menor, y se remonta hasta el año 2003, cuando el entonces director Felipe Frayre Díaz, citó al consejo directivo debido a que se detectó que la actual directora cobraba exámenes extraordinarios y los hacía pasar como exámenes ordinarios para, presuntamente, quedarse con el dinero que cobraba.
Por lo anterior, el consejo la inhabilitó para ocupar puestos administrativos, incluyendo la dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunidad. Asimismo, se le prohibió en reuniones, actividades o eventos, que implicaran el manejo de dinero dentro y fuera de la institución, y se le conminó a no ejercer ningún “tipo de venganza o represión en contra de los alumnos denunciantes”.
En el 2011, su hermana, de nombre Guadalupe y de los mismos apellidos, ingresó a la planta docente de la ECC, quien presuntamente habría cometido un robo en contra de una de sus compañeras, incluyendo dinero en efectivo y tarjeta de bonos de despensa. “La hermana se dio a la fuga y nunca regresó a la escuela”, de acuerdo con el documento.
Luego, durante el periodo de Marcelino Carrillo Lucero al frente de la institución, “se perdió una laptop de la marca Apple, dicha computadora se buscó por toda la escuela, en oficinas y escritorios por tres días y no fue posible localizarla. Fue hasta que se utilizó el rastreador del equipo que la ubicación se determinó en la casa de la maestra Perales, quien para justificarse únicamente dijo que no se acordaba que se la había llevado”.
La larga lista de irregularidades no para ahí, pues ya durante la administración de Alma Ruth Silos, la actual directora ocupó la secretaría administrativa, “y en ese periodo puso s disposición a las trabajadoras administrativas y manuales Lucía Castrejón y Lluvia Guerrero, quienes interpusieron una demanda ante Derechos Humanos por hostigamiento laboral, humillaciones, y problemas de salud derivados de la ansiedad y el estrés laboral”.
Asimismo, los denunciantes aseguran que el nepotismo está a la orden del día “es algo que aprovecharon tanto la pasada administración como la actual para meter a hijos y familiares a la nómina, con tiempos completos y sin importar que no cuentan con el perfil académico para estar frente a clase a nivel licenciatura, en detrimento de maestros con mucha más antigüedad que no pueden aumentar de horas, pero para la familia de la directora sí se puede”.
De igual manera, el texto señala que los negocios particulares también se han visto beneficiados: “su esposo tiene un estudio fotográfico, el cual ya cambió a nombre de una de sus hijas, y acuden a la escuela a tomar las fotos que se utilizan para la titulación de los alumnos con un costo de 350 pesos, sin permitirles acudir a otro estudio fotográfico, es un negocio que tiene varias generaciones operando en la escuela”.
Al parecer, no es lo único que tiene costo en la ECC, pues los alumnos que no deseen hacer el servicio social, que es obligatorio para titularse, pueden pagar una cuota de mil 500 pesos, “con eso se les registra en programas institucionales, y sin hacer nada cubren el requisito”. Por todo lo anterior, quienes padecen a diario esta situación se atrevieron a denunciar “el ambiente laboral de hostigamiento y persecución para los maestros que no apoyaron su candidatura a la dirección, mientas que quienes sí lo hicieron se les permite todo: no dar clase o faltar sin justificación de manera reiterada y sin consecuencias, así como protección a los maestros y maestras que han sido denuncias por los alumnos y alumnos en los tendederos contra la violencia”.
