La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura.

Hay similitudes en el impacto del temblor de 1985 y el huracán Otis sobre el sistema político. Los desastres fueron precedidos por un mal año para los presidentes.

Miguel De La Madrid llegó al cargo con el lastre de dos devaluaciones, una desbordada deuda externa y con Washington exigiéndole el abandono de la economía mixta. Las presiones crecieron con el asesinato —en febrero de 1985— del agente de la DEA, Enrique Camarena. El presidente tuvo que decretar la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad en agosto de aquel año quedándose, cuando se fisuraba el sistema, sin una pieza clave para el control político.

El 19 de septiembre hubo dos temblores. El primero fue geológico y exhibió las limitaciones del presidente y la corrupción e ineptitud del régimen. Las ausencias del presidente De La Madrid abrieron las puertas al protagonismo de una sociedad civil que tomó control de las operaciones de rescate, acompañada y alimentada por una prensa cada vez más crítica y libre. En esos días la izquierda le ganó la calle al PRI y en 1997 se apoderó del gobierno capitalino.

El segundo terremoto fue financiero. Ese mismo día, en Washington, fuentes financieras informaron que México había incumplido con el programa de austeridad acordado con el Fondo Monetario Internacional y no recibiría el préstamo de 900 millones de dólares indispensables para pagar a la banca internacional. Por debilidad o presión, los economistas tecnócratas decidieron impulsar las políticas neoliberales que alentaron la creación de la “Corriente Democrática” encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Regresando al presente, el 2023 ha sido malo para Andrés Manuel López Obrador. Sus decisiones sobre Ayotzinapa, la Guerra Sucia y las personas desaparecidas mostraron que a la hora de la verdad se sometió a las reglas no escritas del pacto de impunidad y permitió al Ejército imponer la opacidad. Luego vino su monumental berrinche contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo ha llevado a golpear los derechos legítimos de los trabajadores del Poder Judicial.

Por otro lado, el disenso al interior de Morena crece. Marcelo Ebrard mantiene su promesa, Olga Sánchez Cordero se le insubordina defendiendo en tribuna al Poder Judicial y Clara Brugada se apalanca en la izquierda social capitalina para inconformarse con la selección de Omar García Harfuch como candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En este marco, ubiquemos los saldos visibles del huracán Otis. El primero es la respuesta errática de un presidente que salió corriendo de la mañanera en una Suburban, luego se pasó a un Jeep de la Sedena que enfiló hacia una autopista bloqueada para terminar atrapado en un lodazal. Irresponsablemente se hizo acompañar durante diez horas por la cúpula de la seguridad nacional, los titulares de la Sedena, la Marina y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para meterse a un Guerrero dominado por el crimen organizado.

Algunos piensan que el recorrido guerrerense fue una astuta maniobra para distraer la atención sobre la catástrofe. Quizá. Lo que es claro, es que el presidente exhibió su incapacidad para empatizar con las víctimas de la violencia o de la naturaleza. Con el fin de ahuyentarlas nos recuerda que él es la víctima con más alcurnia.

La huida hacia el lodazal del primer día contrasta con la incapacidad y falta de coordinación del gobierno de la 4T. El presidente ordena que toda la ayuda se entregue a las Fuerzas Armadas y su jefe de Comunicación Social lo corrige diciendo que la sociedad puede entregar directamente la ayuda. El Ejército, rebasado por la magnitud de la destrucción, margina a la Marina para quien Acapulco, como puerto, es de su competencia. Entretanto, las autoridades locales son estrellas fugaces delante del crimen organizado que aceita metrallas y calibra las cajas registradoras. El caos.

¿Repercutirá Otis en las intenciones de voto de 2024? Imposible asegurarlo. La única certidumbre es que, una vez más, la historia demuestra que las guerras y los desastres naturales son barómetros que permiten separar a los burócratas de los estadistas. Si tomamos como referencia al temblor y al huracán, De La Madrid y López Obrador salen reprobados.

En una mañana se perdieron más de 70 años de esfuerzos, de inversión y de creación de infraestructura turística para hacer de Acapulco una fuente de diversión, descanso e ingreso turístico.

En 2020, la población en Acapulco de Juárez fue de 779,566 habitantes (47.7% hombres y 52.3% mujeres), en donde solo 14 por ciento de su población —oficialmente— no es pobre ni vulnerable, es decir, que 86 por ciento de los acapulqueños sí lo es, según datos del Coneval de ese mismo año.

El huracán Otis de categoría 5, el más letal en la escala respectiva, con vientos de entre 270 y 330 kilómetros por hora, tuvo una duración de tres horas. La devastación afecto 6 mil 200 hectáreas de infraestructura y vivienda en zonas urbanas y rurales.

Se estima que la reconstrucción de Acapulco tardará entre 5 y 7 años —por lo pronto— y su actividad económica se retomará entre 3 y 5 años. Aun no se calculan con precisión los múltiples daños ocasionados a la infraestructura urbana, hotelera, comercial, portuaria y vivienda, pero se estima que superan los 250 mil millones de pesos.

Como referencia, en agosto de 2005, el huracán Katrina en los Estados Unidos fue uno de los más destructivos y el que ha causado más víctimas mortales en el Atlántico, dejando múltiples daños estimados en 160 mil millones de pesos. Su reconstrucción tardo aproximadamente catorce años y aun sufren de secuelas.

Hoy, Acapulco vive una emergencia humanitaria sin precedentes, no hay alimentos, no hay servicios, hay saqueos, no hay seguridad y los daños son incalculables, aunque, “por suerte”, como diría López Obrador, solo hubo 27 muertos —cifra que aumento a 46—, aunque la verdad es que la cifra real, como suele ser en estos casos, nunca la sabremos. Y eso que de damnificados aún no hay una cifra oficial.

Todavía no existe una estrategia definida de cómo actuar para comenzar el rescate del puerto y sus alrededores. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene tiempo que entregó el Estado a la delincuencia organizada y con todo esto no podemos esperar nada de ella, la ineficacia en su máximo esplendor. Ahí la importancia de saber elegir bien a nuestros líderes.

Mientras la clase política, aún con el llamado de tregua, sigue politizando la tragedia, lo cierto es que la situación en las zonas afectadas por el huracán Otis, principalmente en Acapulco, comienza a hacerse más preocupante. Entre los problemas que ya se acumulan, el que ya empieza a salirse de control es el tema de la seguridad.

Los testimonios en video, en fotografía, en audios, echan por tierra la narrativa oficial sobre las acciones de los tres órdenes de gobierno en la tragedia de Acapulco. El puerto fue un pueblo sin ley tres días; saqueos y rapiña, primero en comercios y después en las ruinas de las casas destruidas por el huracán Otis, lo que ya también derivó en la organización de las primeras autodefensas entre los acapulqueños.

El gobierno complicó la llegada de la ayuda por la insólita decisión, combatida en un juzgado, de ordenar que los suministros donados fueran distribuidos únicamente por el Ejército, el mismo que fue señalado de participar en la rapiña junto con policías locales, ministeriales, de la Guardia Nacional.

La decisión de que sólo fuera el Ejército el responsable de la distribución de los suministros donados por los mexicanos no obedeció a una razón de logística u optimización de tiempos y esfuerzos, sino al terror del gobierno de que la gente beneficiada dejara de “tener una deuda’’ con López Obrador y Morena. Esa sí es politiquería de la más baja.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a tomar el control para la reconstrucción de Acapulco y por órdenes presidenciales deben tener pronto el plan estratégico. La necesidad mayor es de recursos, de los poco más de 14 mil millones de pesos que se tienen disponibles, es necesario juntar dinero de todos lados, del sector público, del privado e inclusive del extranjero.

Por eso, Rogelio Ramírez de la O ya se reunió con banqueros y empresarios del sector turístico para definir una aproximación de necesidades estimadas por algunos especialistas en 15 mil millones de dólares, unos 270 mil millones de pesos, para recuperar la funcionalidad hotelera para volver a recibir millones de turistas nacionales y extranjeros.

Un dato clave: en un principio se habló de destrucción total de la infraestructura hotelera, pero no hay tal, pues la mayoría de los edificios mantienen sus estructuras y eso abarata la recuperación.

Ramírez de la O gestiona créditos a bajo interés, el menor del mercado, y por ahí se piensa avanzar, aunque los 14 mil millones disponibles representan poco frente a los 34 mil del FONDEN al desaparecerlo y menos ante el costo total.

El huracán Otis le pegó una paliza al gobierno en el terreno y dejó al presidente atorado en el fango, pero en Palacio Nacional el mandatario juega de local, no se enloda y tiene una prensa cautiva. La batalla de las narrativas va para largo.

La 4T en pleno, desde el presidente hasta su pluma más humilde, tiene el compromiso de que se imponga la narrativa de que el gobierno de López Obrador está haciendo un trabajo impecable en Acapulco.

Hay un objetivo doble: controlar el proceso de entrega de ayudas para que el gobierno morenista aparezca como único benefactor y claro, traducir la ayuda en votos para Morena. ¿Lealtad por despensas?

Ellos aseguran que la oposición y sus aliados en los medios quieren lucrar políticamente con la tragedia. La oposición y la prensa crítica asegura que los que intentan lucrar son los morenistas. ¿Qué narrativa se impondrá?

Lo importante en este drama es la opinión de la gente de Acapulco. El resto, literalmente, es grilla.

Mil 400 jueces de Distrito y magistrados de Circuito acordaron iniciar acciones legales, a nivel nacional e internacional, contra la extinción de 13 de los fideicomisos, que entró en vigor esta semana, al tiempo que 781 integrantes del personal del Poder Judicial de la Federación presentaron el primer amparo colectivo por ser inconstitucional, ya que afecta sus derechos como jubilaciones, pensiones y servicios médicos.

Desde la nueva dirigencia de la 4T, ahora encabezada por Claudia Sheinbaum, se envió a la señal a todos los aspirantes a un cargo de elección popular por ese partido a suspender cualquier acto con fines de proselitismo mientras se atiende la crisis que dejó el huracán Otis en Guerrero. Además, dicen que a varios se les invitó a participar en las labores de apoyo sin mostrar imágenes en las redes sociales para evitar aprovecharse políticamente de la tragedia.

Morena retrasó 11 días la nominación de sus hombres y mujeres que competirán por una gubernatura el próximo año. La decisión se vio influenciada por el mandato del INE de otorgar 5 de las nueve candidaturas a mujeres y el resto a los hombres.

Quién sabe cómo juzgará la dirigencia de Morena a sus candidatos; por lo pronto, Mario Delgado anunciará en cuáles estados habrá candidata y en cuáles otros candidatos, claro, con el visto bueno de Sheinbaum, su candidata presidencial.

Salvo que ocurra algo totalmente imprevisto, el PAN terminará poniendo a quien abandere al Frente Amplio por la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno, así como otras tres candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, al PRI le tocarán otras cuatro, y al PRD solamente una.

Ese es el acuerdo al que llegaron ya las dirigencias nacionales de los tres partidos que conforman la alianza, por el PAN, Marko Cortés, por el PRI, “Alito” Moreno, y por el PRD, Jesús Zambrano, pues son ellos quienes por sobre las dirigencias estatales van a palomear a quienes sean candidatos para las gubernaturas que les tocaron.

Sólo en el caso de la Ciudad de México prevalece el jaloneo de parte del alcalde priísta de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, así como del propio “Alito”, quien no termina de ceder y al menos tratará de sacar alguna ventaja adicional en la negociación, porque a Rubalcava y al PRI no les alcanza para la candidatura a la CDMX, pero a cambio buscan que en el Frente Amplio le otorguen a “Alito” una posición más para el Senado, que recaería en el propio Rubalcava.

A quien le fue muy bien en su gira de promoción estratégica por Asia es al gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, quien, junto con el embajador de México en China, Jesús Seade, desarrolló una serie de encuentros con directivos de empresas de proveeduría de la industria automotriz; la mayoría fueron con firmas proveedoras de General Motors y Tesla en China, que por el fenómeno del “nearshoring” se están instalando también en los Estados Unidos.

Ya desde ahora, Manolo Jiménez envía mensajes claros de lo que será su administración estatal basada en el orden, la planeación y la ejecución de políticas públicas que respondan a las demandas sociales de los coahuilenses. Hoy el orden prevalece y Coahuila tiene garantizada la continuidad y la meta hacia un siguiente nivel de bienestar social en todos los rubros.

Por eso, ambos equipos, el que entrega y el que recibe, coinciden en un objetivo vital: que Coahuila no detenga su marcha gracias a finanzas ordenadas y al cuidado de áreas prioritarias como la seguridad y el ritmo creciente de la economía y el apoyo social. Es cierto, a Coahuila le va a ir bien con el mandatario que entrará en unas semanas.

El jueves 02 de noviembre, el gobernador electo anunció algunos nombres de quienes integrarán su gabinete legal y que fueron minuciosamente valorados; se trata de mujeres y hombres con experiencia y probada capacidad. Ya lo ha dicho el gobernador Miguel Riquelme: a Coahuila le irá todavía mejor con Manolo Jiménez.

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