La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura.
El orden republicano desde sus cimientos conlleva la división de poderes, como principio fundamental. Históricamente, se ha demostrado que cualquier desviación por la que se pretenda concretar potestades en manos de un solo poder, implica una serie de consecuencias ominosas para las sociedades en que suceda una regresión autoritaria. Las relaciones entre poderes debe ser política, no de fuerza.
¿Qué está pasando con el Poder Judicial de la Federación? Sus trabajadores protestan y acaban de convocar a una huelga nacional; hay tensiones graves entre el Poder Judicial de la Federación —PJF— y el presidente Andrés Manuel López Obrador… ¿Por qué?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación —SCJN—, el Consejo de la Judicatura Federal —CJF— y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —TEPJF— pertenecen al Poder Judicial y todos ellos tienen fideicomisos que sirven para diferentes cosas. Un fideicomiso de forma muy general, es un fondo que solo puede ser usado para fines específicos.
En San Lázaro, legisladores de Morena aprobaron una iniciativa para eliminar 13 de 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, sería un recorte de 15 mil millones de pesos, por lo que más de 80 mil trabajadores se verán afectados en salud, vivienda y fondo de retiro por su eliminación.
Se dicen que el destino de esos fideicomisos se pretende usar para otras cosas que, siendo realistas, los van a ocupar para repartir en programas sociales para influir en el voto de Sheinbaum y contra eso, nadie puede, ni la oposición.
Tras aprobar la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, los diputados de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la creación de tres nuevos para las Fuerzas Armadas. Vaya congruencia.
Pero, lo que ha causado polémica, es que, 13 fideicomisos sirven para pagar prestaciones del personal administrativo y burocrático. Los trabajadores del Poder Judicial tienen una pensión básica garantizada por el ISSSTE, además, muchos de ellos tienen pensiones complementarias que salen de estos fideicomisos que Morena votó por eliminar.
Es decir, se estarían eliminando los fideicomisos de donde salen las pensiones complementarias que reciben los mandos superiores —magistrados y jueces jubilados— pero también las que contienen el dinero para los mandos medios y el personal operativo. Y otros fideicomisos que sirven para otras cosas también serían cancelados.
Morena argumenta que esto es una medida de austeridad y un golpe contra los ministros de la SCJN y las élites que reciben muchos beneficios. Los que se oponen argumentan que eliminar los fideicomisos no le hacen nada a los ministros o esas élites, pero sí afecta mucho al personal burocrático porque muchos de ellos ya no tendrían acceso a las pensiones complementarias que salen de esos fideicomisos. Algunos Colegios y Barras de Abogados —a nivel nacional— ya se ha manifestado públicamente sobre el tema.
Otra cosa que debemos tener en cuenta, es que, estos fideicomisos por una parte son dinero público y otra parte fueron hechos con aportaciones voluntarias que los trabajadores han ido haciendo con el tiempo. Esos trabajadores que argumentan que el dinero es suyo están protestando y ahora convocaron a un paro nacional que durará hasta el 24 de octubre, lo que ocasiona una parálisis judicial pero también un daño económico a la sociedad.
La 4T lleva meses en una confrontación directa con el Poder Judicial, en especial, con la SCJN. El presidente de la República ha dicho que quiere hacer una reforma profunda al Poder Judicial. Aún falta que se apruebe en el Senado, pero esto de los fideicomisos es solo el inicio de algo mucho más grande que viene.
El Poder Judicial es el último bastión de los ciudadanos, es el único que no se ha sometido al jefe del Ejecutivo Federal. Será interesante ver en el 2024 a Norma Piña vs Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer.
Aunque existan argumentos en el sentido de que los Poderes Judiciales de las entidades federativas funcionan con muchos menos recursos —en impartición de justicia—, solamente, en la Ciudad de México hay más de 100 órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial, en ese tenor, no es factible, lógico y jurídico, comparar la actividad de éste con otros órganos impartidores de justicia porque la diferencia de recursos humanos y materiales es abismal.
Lo que representa que, en términos de impartición de justicia, no podemos hacer una comparación del presupuesto del Poder Judicial con la de otros órganos jurisdiccionales en el sentido que con menos se hace más por la siguiente razón: los tribunales dependientes del Poder Judicial actúan como órganos impartidores de justicia en la aplicación de leyes federales, laboral, penal, civil; concursos mercantiles; extinción de dominio; procedimientos de extradición; juicio oral mercantil; amparos en todas las materias; conflictos competenciales; acción de inconstitucionalidad; controversias constitucionales, entre otras, funciones que recaen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.
Según las estadísticas consultadas, para el 2017, había casi mil órganos jurisdiccionales en el país, de ese tamaño es el Poder Judicial, así que no se dejen llevar por cuestiones partidistas.
Por otra parte, el dinero de los fideicomisos son migajas en comparación al derroche de dinero que ha venido haciendo el gobierno federal y la 4T en otras actividades, por ende, mientras no se ejerza el presupuesto con responsabilidad no habrá ningún cambio como hasta ahora, seguimos igual que hace 12 años.
Los próximos años serán complicados para quienes imparten justicia y ejercen la abogacía, están encima nuevos retos que se convertirán en problemas serios, por ejemplo, todavía no termina de implementarse la reforma laboral en cuanto a los Tribunales Laborales pendientes, incluso, podría ponerse en riesgo la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por mencionar algunos.
El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, demuestra visión al realizar una gira por Asia antes de asumir su cargo el 1º de diciembre. Su objetivo es posicionar a Coahuila como un polo de inversión atractivo y así aprovechar la tendencia del “nearshoring”.
Su proyecto estrella, la mesa de “Coahuila Global”, busca impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos bien remunerados. Nos dicen que los resultados de esta gira son prometedores, con la perspectiva de recibir inversiones por 400 millones de dólares y la creación de dos mil empleos en la industria automotriz. Con esto, Manolo Jiménez, sorprende y sienta las bases para un futuro próspero en Coahuila.
Por lo pronto, nos aseguran que ya se tienen confirmados los primeros nombramientos de lo que será el nuevo gabinete estatal de Manolo Jiménez Salinas.
El secretario de Gobierno será Eduardo Olmos Castro, actualmente, diputado presidente del Congreso Local. Fue presidente municipal de Torreón en el período 2010-2012, diputado federal por Coahuila, secretario de Obras Públicas y representante de Coahuila en la Ciudad de México. Es un gran político lagunero y aliado poderoso del gobernador Miguel Riquelme. Sin duda, el mejor perfil para dirigir la política interior del Estado.
El secretario de Finanzas será Enrique Martínez y Morales, quien ha estado en la política saltillense por muchos años, es hijo del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, y se ha desempeñado por recomendación en puestos públicos tanto federal como estatal. Ahorita se desempeña como secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) de Coahuila.
Se dice que su ascenso a la Secretaría de Finanzas es porque territorialmente no gana ni una y que ha cambio asumirá esa posición en representación del grupo Saltillo, un grupo que integran descendientes de las familias Mendoza Berrueto, Martínez y Martínez, Torres López, Frausto Siller, Cepeda Izaguirre, entre otras.
Pero que no va a ser tan fácil para Enrique Junior porque de facto no es una persona cercana a Manolo Jiménez y le van a meter muchos candados para que quitarle el control del dinero, será una posición mucho más política que operativa.
Nos comentan que llegaran tres importantes colaboradores de Manolo Jiménez hacer el trabajo operativo de la Secretaria de Finanzas: José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Lucia Aguilar Hernández y Alejandro Luna Fernández, éste último esposo de la diputada Luz Elena Morales.
El secretario de Educación Pública será Oscar Pimentel González, quien se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Coahuila. Fue director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en Saltillo. Es economista egresado de la UAdeC, presidente municipal de Saltillo en el período 2000-2002, diputado federal por Coahuila y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y también funcionario federal.
En tanto el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, seguirá en el cargo hasta el próximo año. Y el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, seguirá en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, además, que es muy cercano a Manolo Jiménez.
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