Prácticamente todos los opositores a la autollamada Cuarta Transformación salieron a las calles el domingo para defender al Instituto Nacional Electoral —INE—, pero llamó la atención ver en el contingente, a personajes destacados como Elba Esther Gordillo, Francisco Labastida o el ex rector de la UNAM, José Narro.
Vaya papel el de José Woldenberg —integrante del grupo de Héctor Aguilar Camín y padrino de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama— al convertirse en vocero de Claudio X. González, Roberto Madrazo, Javier Lozano, de los “Chuchos” Zambrano y Ortega, de Vicente Fox y Martita Sahagún, de Felipe Calderón, de “Alito” Moreno, de los personeros de Carlos Salinas, entre otros ilustres personajes, y todo con único fin de mantener el “estatus quo” en el INE, que por lo visto considera su coto de caza. Todos, juntos o separados, expresaron su rechazo a la Reforma Electoral.
Nos cuentan que se giró invitación por varios emisarios al líder moral de la izquierda y tres veces ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, para que asistiera a la marcha en defensa del INE. El ingeniero había expresado su preocupación por la Reforma Electoral impulsada por Palacio Nacional. Sin embargo, no asistió a la movilización.
Y por más adjetivos que se le pongan a la marcha del domingo, el evento se convirtió en un referente que permitió a unos y otros saber dónde están parados ante el inminente debate sobre la Reforma Electoral. La lectura política de la manifestación muestra que se logró una convocatoria de diferentes sectores de la sociedad que encontraron en la calle el espacio para su protesta. Algo tiene de razón el presidente López Obrador al asegurar que la marcha era contra su gobierno.
Aún no concluía y la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral —INE— en la Ciudad de México ya había desatado una guerra de cifras. Los organizadores referían 200 mil asistentes y la Ciudad de México, mediante su secretario de Gobierno, Martí Batres, entre 10 y 12 mil. Difícilmente se conocerá la cantidad real.
Sin duda, es la movilización política de los opositores más importante antes de la elección presidencial que ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y sí, la gran mayoría de los participantes fue de clase media y alta. La vestimenta, las gorras, los sombreros, los zapatos, los lentes para el sol y los vehículos estacionados en los alrededores, no mienten.
Mucho ímpetu, muchas ganas de gritar consignas en contra del gobierno emanado de los colores de MORENA y de manifestar su inconformidad. Fallas, errores de logística, hicieron imposible que el contingente completo que llegó por Paseo de la Reforma entrara a la explanada del Monumento a la Revolución.
El discurso de José Woldenberg, primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral —IFE— fue, como ya se sabía, el único orador, comenzó de forma apresurada, cuando aún faltaban miles por entrar al circuito en torno al monumento.
En no más de diez minutos José Woldenberg concluyó con su llamado a no permitir que se destruya al INE, a que una iniciativa de una sola persona no termine con años de esfuerzo por tener autoridades electorales confiables y con la advertencia de que quieren alinearles. La entonación del Himno Nacional mexicano cerró el evento.
Al menos en treinta ciudades del país se llevaron a cabo movilizaciones: ¡El INE no se toca!, ¡El INE no se toca!, coreaban los marchistas.
Los leales al gobierno federal y capitalino bombardeaban en las benditas redes sociales con descalificaciones. Le llamaban fracaso. Pero quienes asistieron lo calificaron de éxito total.
La marcha pudo haber llevado al presidente del PRI, “Alito” Moreno, a definirse quizá contrario a lo que ha estado negociando en algo así como “corriendo por su vida”. Si no fuera por el video que se hizo viral en donde una mujer le reclama, su participación hubiera pasado como uno más entre los miles de ciudadanos.
Como un gran logro de la Marcha, antes de terminar la semana pasada, se anunció con bombo y platillo, el retorno de la Alianza. Y es que, los partidos, entendieron la voz de los mexicanos y, vieron, que no son pocos los que están en contra del gobierno morenista, lo que abre una gran puerta para un posible triunfo de la Alianza sobre Morena, o sea, contra López Obrador.
Nos dicen que en la Cámara de Diputados, ya se da prácticamente como un hecho que la Reforma Electoral, modificada o sin modificaciones, no será votada durante este periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre.
Por más que en el camino se cruce el PRI y su largo pasado que lo condena, el presidente de la República, ya tiene indicadores para saber que no se van a conseguir los votos suficientes en San Lázaro para que sea aprobada su Reforma Electoral.
Y si en este periodo no sale la Reforma Electoral, en el siguiente, que arranca en febrero y con las elecciones de Coahuila y el Estado de México a la vuelta de la esquina, tampoco habría un buen panorama político para volverlo a intentar. Y un extraordinario, en las condiciones actuales, tampoco parece viable.
Las marchas en defensa del INE y su antítesis, que se prevé para el próximo 27 noviembre y fue anunciada por el propio presidente de la República, parecen una muestra de músculo político, pero el debate debería ser el desarrollo y el bienestar nacional. El problema es que estos escenarios devienen en la polarización y, si no cree, revise Twitter. Los “chairos” y los “fifís” se dan con todo.
Nos cuentan que más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador en anunciar su propia marcha para medirse con la que se realizó el pasado fin de semana para defender al INE, que su estructura partidista y legislativa en empezar a movilizarse para llenar el Zócalo capitalino. Los dirigentes morenistas Mario Delgado y Citlalli Hernández, el senador Ricardo Monreal —aún de MORENA—, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador Miguel Barbosa fueron los primeros en apuntarse, y llamaron a todos los funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación a sumarse. Así que no dude que la movilización contará con la asistencia de la burocracia gubernamental y partidista, y desde luego, también de ciudadanos.
El presidente López Obrador habló de un Plan B.
Como recordará, ante la imposibilidad de lograr una reforma a la Constitución por no contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Gobierno de la Cuarta Transformación decidió modificar la Ley de la Administración Pública Federal. Lo mismo se plantea para la Reforma Electoral.
¿Qué es lo que se puede modificar en las leyes secundarias? Hasta el momento, se plantean solo dos reformas; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la reducción de los salarios de los consejeros electorales y la alta burocracia del INE. No se podrá modificar el método de selección de los consejeros electorales ni podrán desaparecer los organismos estatales encargados de las elecciones, conocidos como OPLES. Tampoco se podrán desaparecer los 32 tribunales electorales estatales ni se podrá quitar el control del padrón electoral al INE.
Pudiera ser que la oposición estuviera de acuerdo en la reducción de los recursos, porque ese ha sido el principal tema de ataque del presidente López Obrador, pero no prosperará el intento de arrebatar al INE la organización y realización de las elecciones, que es la propuesta medular de la iniciativa morenista.
Cuesta trabajo creerlo porque casi todo mundo daba por muerta la alianza “Va por México” de PAN, PRI y PRD, pero estos tres partidos han vuelto a trabajar juntos, al menos en San Lázaro. Dicen los que saben que hay tres motivos combinados. Los malos modos del gobierno, que al parecer tenía a “Alito Moreno” en el bolsillo y lo soltó. En segundo lugar, que aprobar la Reforma Electoral como quiere el presidente López Obrador sería reducir las bancadas de la oposición a su mínima expresión. Y tercero, pero no al final, que el éxito de la marcha en defensa del INE mostró que la Cuarta Transformación, que por momentos parecía una fortaleza inexpugnable, tiene flancos vulnerables.
Se tomó su tiempo, pero MORENA ya tiene listos cuatro nombres que estarán en la encuesta definitiva para elegir a su candidato a gobernador para la elección del año que entra, pero solo dos están realmente en la competencia: el senador Armando Guadiana y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.
Hace no muchos días, el senador Guadiana se quejó de “guerra sucia’’ dentro de su propio partido y pidió reglas claras. No pasó nada con la queja, al menos públicamente, y el legislador siguió haciendo actos de proselitismo sin mayores contratiempos.
Ricardo Mejía Berdeja, por su parte, ha debido sortear acusaciones que lo tratan de ligar con presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Con todo eso, el subsecretario ha recibido los apapachos presidenciales que lo nominan como el favorito.
No cabe duda que los buenos oficios generan convicciones. Acompañado por el diputado local Rodolfo Walss, Ricardo Mejía Berdeja le dio la bienvenida a Alberto Rosales, exdirigente municipal del PAN en Torreón y regidor al movimiento del cambio y la transformación de Coahuila, así como a 70 liderazgos que militaron en Acción Nacional. Un día antes, Ricardo Mejía Berdeja recibió el apoyo de militantes y exmilitantes, diputados locales y federales, exalcaldes, ex regidores y simpatizantes del PAN en Saltillo, en donde dejaron de manifiesto que no están de acuerdo con la alianza entre el PRI, PAN y PRD con miras a la renovación de la gubernatura de Coahuila en el 2023.
Luis Fernando Salazar es un cuadro panista que se cambió a MORENA para buscar la candidatura. Si MORENA lo rechaza, dicen, le buscará por otro lado. Reyes Flores también se formó en el PAN y rompió con el blanquiazul para ponerse el chaleco guinda. La tensión al interior del partido aumenta hora tras hora. Hay quienes auguran un rompimiento inevitable.
Las arcas de MORENA parecen estar lejos de la austeridad republicana que pregona su líder moral. Un vistazo a sus erogaciones señala al aspirante a la candidatura a la gubernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar, por ejemplo, recibe mensualmente 64 mil pesos. Su esposa, Karla Matilde Villareal, otros nada malos 50 mil por ser “auxiliar en actividades políticas”.
Lo bueno que si Luis Fernando Salazar no alcanza la nominación, como parece, con su salario partidista y el de su esposa pueden “sobrellevarla”.
Las posibilidades de que se confirmen las alianzas del PRI, PAN y PRD en Coahuila y el Estado de México avanzan. Más allá de las diferencias que generó la reforma a la Constitución para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, los incentivos para caminar unidos en la coyuntura electoral son cada día más evidentes.
Los más interesados son los militantes locales, quienes están evaluando que la pelea con MORENA será intensa y que lo último que se necesita es la división del voto.
Tan alta es la disposición, que liderazgos panistas y perredistas estarían dispuestos a acompañar la postulación de Manolo Jiménez en Coahuila y de Alejandra Del Moral en el Estado de México para las gubernaturas.
La lógica y el espacio del acuerdo es el siguiente: al ser gobierno y tener más fuerza en esas entidades, le tocaría al priismo la mano para las postulaciones, siempre que estas sean competitivas y, por ello, con posibilidades de triunfo.
Es el primer trazo de un compromiso que, por necesidad, tiene que ser más amplio e incluir las ventajas que tendría el PAN en dos posiciones claves, las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la de la presidencia de la República en 2024.
Una solución así, que parte de los números y análisis del momento, parecería razonable si se pondera que la situación puede variar en el entendido que un polo opositor requiere de aspirantes poderosos, que pueda tener éxito y que no añadan complejidad a un escenario que ya de suyo es difícil.
En el caso de Coahuila, la situación parece alineada en favor del secretario de Desarrollo Social. Manolo Jiménez tiene varios factores a su favor, entre ellos, que lo respalda el gobernador Miguel Riquelme, que está bien colocado en las encuestas y que se logró un acuerdo inicial con otros aspirantes.
En particular es interesante el caso del diputado federal del PRI Jericó Abramo Masso, quien ha buscado la candidatura desde hace tiempo, y es un contrincante muy serio, pero que al parecer estaría dispuestos a dar un paso al costado, pero seguramente a cambio de posiciones en el futuro, que podrían consistir en buscar una senaduría.
El priismo de Coahuila tiene la experiencia para ponerse de acuerdo. Lo hicieron a lo largo de los años y hasta ahora les funcionó.
Para nadie escapa, que lo que ocurra con la Reforma Electoral puede convertirse en un factor de impulso o de resistencia. Por lo pronto, las señales que ha dado el PRI es que no aprobará la iniciativa del presidente López Obrador y parece que actuarán en ese sentido.
En el PRI debieron estar evaluando el costo y beneficio de sumarse a un planteamiento de esa naturaleza y la balanza se inclinó en favor del INE y, por ello, de los acuerdos a nivel estatal con el PAN y el PRD. La asistencia de “Alito” Moreno y de Rubén Moreira a las movilizaciones del domingo, fortalecen esa hipótesis.
Estamos por terminar el año y aún falta mucho por ver. El 30 de noviembre el gobernador Miguel Riquelme rendirá su 5to Informe de Gobierno y, con ello, comienza a despedirse de las y los coahuilenses.
Tomo protesta Leticia Castaño Orozco como dirigente del Movimiento Territorial de Torreón, se dice que es una salida digna para su retiro más la pensión del 65 y más de Bienestar. Le fue bien.
Que después del informe de Román, nos detallan que habrá algunos cambios y enroques en la administración municipal de Torreón pasando el 1er Informe de Gobierno de Román Alberto Cepeda. Por ejemplo, en la Dirección de Inspección y Verificación se prevé la llegada de Omar Bravo Galarza. Hay más sorpresas.Nos leemos en la próxima… ¡no olvides compartirla!