Finalmente, el gobierno se está saliendo con la suya, con su idea de que solamente los militares son confiables pese a las evidencias en contrario. Finalmente, López Obrador se convenció de que las diversas policías son incapaces de resistir la oferta/amenaza de “plata o plomo” y de que, por tanto, más tarde o más temprano terminan bajo el control del crimen organizado. Por eso ahora tenemos a un AMLO presidente tan diferente del AMLO candidato. Tanto exigir que se regresara a los militares a sus cuarteles para, ahora, hacer todo cuanto es posible por mantenerlos en la calle por tiempo indefinido.
Es cierto que el presidente suele tener “otros datos”, pero los que hay disponibles para la ciudadanía nos hace temer que el remedio nos va a salir más dañino que la enfermedad. No dudo de la buena voluntad del presidente, lo dudoso es que una institución diseñada para “abatir enemigos” cuente con el entrenamiento para distinguir entre un ciudadano que respeta la ley y uno que vive de su transgresión cotidiana. Esto último implicaría la capacidad para prevenir el delito, perseguir delincuentes e integrar de manera eficiente los expedientes respectivos, solo así evitaríamos que los jueces se vean obligados a liberar a presuntos delincuentes por deficiencias en la integración de las averiguaciones respectivas.
Sacar a los militares a las calles implica, de facto, reconocer que estamos en guerra y eso implica imponer una lógica bélica en la vida cotidiana, es decir, que la ciudadanía sacrifique libertad a cambio de seguridad, igual que se hace en cualquier país al momento que enfrenta un conflicto bélico, pero con la salvedad de que hay procedimientos institucionales para la declaratoria de guerra que implican, además, la búsqueda de la legitimidad, la aprobación de la ciudadanía para que su país sea partícipe de una guerra. Y no es el caso de México, no estamos ante la agresión de otro país o de cualquiera otra fuerza extranjera. Estamos ante delincuentes que, como bien dice López Obrador, tienen derechos, pero que de ninguna manera son superiores a los derechos de la ciudadanía que respeta la ley.
Lo peor es que los militares no sustituyen sino que se agregan a las policías, de manera que ante los ciudadanos cualquiera que porte uniforme o se identifique como autoridad tiene el derecho de lastimar nuestros derechos. A final de cuentas todos caben en la denominación de “fuerzas de seguridad”. Así, desde 2011, cuando los militares ya estaban haciéndola de policías, Human Rights Watch documentó decenas de casos de tortura, “método” usado para la obtención de información, lo mismo que para fabricar culpables.
Dicha organización también documentó múltiples desapariciones forzadas, incluso desde aquellos años (2011) en que la mayoría de las entidades federativas de nuestro país no penalizaban ese tipo de secuestros que, ya para entonces, tenían como víctimas prominentes a las mujeres. Era común que cuando una madre acudía a denunciar la desaparición de su hija los funcionarios le respondieran “no se preocupe, seguro se fue con el novio y ya mañana o pasado mañana regresará a casa”. Pero los datos que apuntan directamente a los militares son muchos, aunque los relevantes son la desaparición (y presunta ejecución) de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, o la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya en 1914. Esos son los casos más mediáticos, pero, desgraciadamente, no son los únicos. No es prudente que los militares se dedique a labores policiacas, lo correcto es que los policías cuenten con recursos de conocimiento, entrenamiento, armamento para cumplir su función.