POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Ya son veintitrés las personas que, en promedio, desaparecen cada día en nuestro país. La inseguridad es tal que la lista de desaparecidos ya rebasó la cifra de cien mil. Y la sociedad mexicana parece no medir los alcances de esa tragedia, como si ya hubiésemos normalizado la violencia, tanto la vinculada con el crimen organizado, como también la que tiene que ver con gobiernos locales que amenazan, encarcelan y desaparecen opositores.
Los registros sobre desapariciones arrancan a partir de los años sesenta (específicamente desde 1964), una época turbulenta en la que el descontento social se expresó en muy diferentes rincones de México, pero especialmente en las zonas donde la desigualdad era mayor, o donde los despojos de tierra formaban parte de la vida cotidiana. Una de esas zonas era y sigue siendo el estado de Guerrero, un estado en el que la guerrilla se convirtió en la única manera de defenderse de los caciques que lo mismo disponía de tierras como de personas.
El movimiento estudiantil de 1968 demostró, a juicio de muchos de los estudiantes que soñaban con un cambio en la sociedad mexicana, que la vía pacífica estaba cancelada. Después del 2 de octubre de ese año, muchos de esos jóvenes decidieron empuñar las armas y dieron origen a la guerrilla urbana. La respuesta del Estado mexicano fue la represión, incluso violando la Constitución. Aparte de las ejecuciones sumarias las desapariciones fueron expresión de la llamada “guerra sucia” emprendida por el gobierno contra los opositores.
Hoy el problema de la desaparición forzada es tan grave que el mismo secretario general de la ONU ha expresado su tristeza y sobre todo, su solidaridad con los familiares de desaparecidos, misma que se muestra con los apoyos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Una sola persona víctima de secuestro y desaparición forzada es algo que debería indignar, asustar y motivar la movilización social. ¿Cómo es entonces que más de cien mil víctimas de ese delito solo merezcan los reclamos de sus familiares y amigos? Es mucho temor de involucrarse en la lucha de quienes buscan desesperadamente a sus familiares, pero también debería ser mucho el temor por convertirse en la siguiente víctima de un “levantón” y, por tanto, no solo por solidaridad sino por nuestra propia supervivencia como sociedad, deberíamos elevar la voz para exigir la seguridad que tanto necesitamos para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por cierto, ya lo habíamos comentado, pero aunque nadie está a salvo, conviene insistir en el creciente el número de mujeres, entre las víctimas.
Algo no funciona. Responder con abrazos a los balazos no parece ser una buena estrategia nacional para combatir la delincuencia organizada. Es cierto que los delincuentes son también seres humanos, es cierto que, en muchos sentidos, no solo son victimarios, sino que también son víctimas de un orden social injusto que, quizá, no les dejó otro camino que la delincuencia. Es cierto que merecen la oportunidad de la rehabilitación, pero para eso primero deben ser capturados y sujetos al proceso legal correspondiente, y para eso no han funcionado los abrazos. Como país estamos a merced de la misericordia de quienes no se tientan el corazón para secuestrar, para asesinar.
En Nuevo León la banalización “fosfo fosfo” de la política también muestra la incapacidad gubernamental para resolver, ya no digamos evitar, los feminicidios pues, como dicen las feministas neolonesas, Mariana, esposa del gobernador, “no es aliada, es privilegiada”. Algo no está funcionando.
