POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
http://enfoqueanaliticosct.blogspot.com
Hace no mucho tiempo, el gobierno municipal de Allende, Coahuila, clasificó como reservada información básica sobre el consejo de seguridad pública municipal; cuando ni el consejo estatal ni el federal clasifican este tipo de información al menos en cuanto a sus sesiones, las actas de las mismas y algunos otros datos generales, desde luego que no se pueden precisar las estrategia en materia de seguridad pública por obvias razones, sin embargo, lo que el gobierno de Allende hace es ocultar el ornamental consejo de seguridad pública municipal que solo está conformado para cumplir con formalidades. Solo tiene forma, no fondo. Así mismo, hace algunos años, el poder judicial del Estado de Coahuila hizo lo mismo ante mi solicitud de acceder a los resultados de los exámenes de los empleados de dicho poder mediante servicio profesional de carrera; pues un servidor sospechaba (y lo sigo haciendo) que algunos miembros del poder judicial no llegaron ahí por méritos académicos, sino por medios subrepticios bastante ignominiosos; la respuesta a mi solicitud luego de meses de lucha ante el ICAI, fue que los exámenes fueron clasificados. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decretado que todas las obras de infraestructura del gobierno federal son temas de seguridad nacional por lo que procede su clasificación. Cuando se crea en el año 2000 la normatividad legal en materia de transparencia, el grupo Oaxaca y los demás impulsores tenían en mente el principio de máxima publicidad, teniendo en cuenta, desde luego, que existía información que por su naturaleza no podía ser abierta a todo el público; por ejemplo la que ponga en riesgo la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas entre México y otras naciones, la que pueda dañar la estabilidad financiera del país, las averiguaciones previas o expedientes judiciales en tanto no se haya cerrado el caso; la que ponga en riesgo la gobernabilidad democrática, la información de operaciones militares y navales contra la delincuencia organizada, o la información confidencial que tiene que ver con los datos personales de los particulares; es decir, en el breve catálogo descrito no encaja la decisión del municipio de Allende, ni la del Poder Judicial del Estado de Coahuila ni el decreto de AMLO; por lo que podemos deducir la intencionalidad de usar la ley en favor de intereses ajenos totalmente opuestos al principio de máxima publicidad en perjuicio del interés público. Si bien es cierto que en Coahuila es ocioso intentar alguna controversia contra estas decisiones porque la transparencia sigue siendo una simulación, queda un hálito de esperanza en el ámbito federal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá revisar la constitucionalidad del decreto del presidente y en lo que a mi respecta, las obras de infraestructura como la refinería, el aeropuerto y el tren no encajan en ninguna tipología de la clasificación legal de la información. Sí, el primer gobierno de izquierda de nuestro país ha tenido aciertos, pero también yerros y este último “decretazo” es parte de la lista de aspectos negativos que contradicen el discurso del “gobierno diferente” que enarbola el gobierno actual. No se puede ni se debe usar la ley a modo, y algo urgente se debe hacer para eliminar el abuso en la clasificación de la información que se presenta en todos los ámbitos y en la división de poderes. La información pública no puede ser escondida por un simple decretazo.
