POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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La pugna continua; el INE ha anunciado que solicitará la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar al congreso a regresarle el recurso que le han recortado. Se trata de un conflicto de poderes; entre un ámbito de gobierno contra un organismo público autónomo; y desde luego de un conflicto político con antecedentes recientes como la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Si bien las arremetidas presidenciales contra el INE aludiendo a su excesivo costo de existencia y a su falta de imparcialidad como árbitro electoral y las intenciones de desaparecer a los organismos autónomos (lo cual me parece desproporcionado) eran amenazas tácitas; la manera de golpear al instituto era, desde luego, en sus ingresos. No obstante, a pesar de los excesos proferidos por el presidente contra el órgano electoral sigo pensando que en esta ocasión el recorte es pertinente y dentro de los límites presupuestales necesarios para que cumpla con su función. El INE solicitó la cantidad de 24,649 millones de pesos para 2022; y el congreso le aprobó a final de cuentas en el PEF una reducción por la cantidad de 4,913 millones; quedando un presupuesto de más de 19 mil millones de pesos. Es decir, en un año en que no hay elecciones intermedias ni elecciones en gubernaturas tales como en el proceso electoral 2020-2021, ni consulta popular como en este año parece absurdo que el INE solicite una cantidad tan voluminosa de recursos. Si bien es cierto que el INE no solo se dedica a organizar elecciones, sino a procesos de credencialización, monitoreo de radio y televisión del país, fortalecimiento de la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión; la gestión y evaluación administrativa y la cultura de servicio público; los mecanismos de actualización de los procesos registrales; el acceso a la información y protección de datos personales, así como la equidad y legalidad en el sistema de partidos, no obstante, el INE también realiza erogaciones bastante lacerantes en servicios de cafetería, estacionamiento, renta de vehículos, lavado de autos, dulces, galletas, servicio de lavandería, y ni hablar de los sueldos no solo de consejeros, sino de personal directivo y áreas que ganan más incluso que el presidente de la república; los consejeros, además de sus mega sueldos tienen una bolsa mensual, cada uno de ellos, por más de 700 mil pesos para contratar asesores de manera discrecional; además de 263 mil pesos mensuales de prestaciones y más de 11 mil pesos mensuales para comidas. A esto le podemos sumar gastos en contratos por servicios de gestión de procesos (no tengo la menor idea de lo que significa) por más de 99 millones de pesos en este 2021, así como gastos de comedor por 48 millones de pesos. En lo personal, cuando fui consejero distrital teníamos asignado un presupuesto mensual que nunca ejercíamos en su totalidad y que al final destinábamos a equipar la misma infraestructura de la junta distrital, es decir, había dinero de más producto de excesos de planeación presupuestal. Si cada junta distrital comenzara a eliminar gastos superfluos y el mismo personal, iniciando por los consejeros comenzara a disminuir sus excesivos sueldos, al INE le sobraría dinero que desde luego requieren otros rubros para el desarrollo de nuestro país. El INE libra una batalla con lamentables antecedentes de excesos presupuestales, no tiene con qué sostener su impugnación. Esta vez el presidente tiene razón, al INE le hace falta austeridad.
