POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.-
El programa de regularización de autos irregulares de procedencia extranjera iniciará en los siete estados que comparten frontera con la Unión Americana, entre ellos Coahuila, de acuerdo con el decreto signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Baja California Sur. Nada más en nuestro estado, se estima que circulan más de 300 mil autos “chocolates”, como se les conoce coloquialmente, la mitad de ellos en La Laguna.
Y aunque todavía no se determina cuál será el procedimiento a seguir, el presidente detalló en su conferencia mañanera que con la firma del decreto no se pretende regularizar todos los autos que ingresen al país, pero si reconocer la posesión del vehículo a través de la expedición de un permiso, mismo por el que los propietarios de este tipo de vehículos “pagarán una cantidad no excesiva, justa”, dijo el mandatario.
La regularización, según palabras del presidente López Obrador, tiene dos grandes objetivos: por un lado, se busca tener un registro de los automóviles de procedencia extranjera para evitar que sean utilizados en la comisión de delitos, y, asimismo, generar recursos económicos que se quedarán en los estados para realizar obras de bacheo, pavimentación y construcción de caminos.
Por supuesto, el anuncio del presidente generó polémica, pues por un lado los propietarios de este tipo de vehículos se mostraron a favor, mientras que organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), mostraron su descontento.
Y es que se estima que en las calles de nuestro país existen alrededor de 18 millones de automóviles irregulares de procedencia extranjera, la mayoría de los cuales proviene de los Estados Unidos, que llegan a México sin la documentación adecuada o con papelería falsificada y que se venden en lotes improvisados a precios muy por debajo de los costos que conlleva adquirir un vehículo nuevo y pagar los accesorios correspondientes (impuestos por tenencia del automóvil y seguro, por lo menos).
Por tanto, los autos “chuecos” se convirtieron en una opción muy atractiva para millones de familias con recursos limitados y con la necesidad de adquirir un vehículo para transportarse o para trabajar, y sin la responsabilidad de pagar los onerosos impuestos que se cobran por la adquisición de un automóvil en México, donde los precios de los coches han subido de tal manera que ya no existen en el mercado opciones por debajo de los 200 mil pesos, una cantidad inalcanzable para muchos hogares en nuestro país.
Pero, además, la regularización brindará certeza a miles de familias que al circular a diario con estas unidades son blanco de extorsiones por parte de las corporaciones de seguridad, que, aprovechándose del estatus ilegal de dichos vehículos, en no pocas veces aprovechan para sacar beneficio personal en menoscabo la economía familiar.
Asimismo, le quitarán la potestad sobre millones de vehículos a organizaciones que aprovechándose de la necesidad de las familias crearon verdaderos monopolios escudados en ser defensoras del “patrimonio familiar”, y que incluso llegaron a auto entregarse la facultad para erigirse en “instituciones” con la facultad de entregar placas y “protección” a cambio de una suma anual que varía dependiendo de la organización de que se trate, pero que solo han servido para empoderar y enriquecer a líderes que supieron aprovecharse de la situación.
En el lado contrario están los integrantes de la AMDA, que a través de un comunicado expresaron su rechazo a la decisión presidencial, pues señalan que la regularización provocará una depreciación de hasta el 20% de las unidades nacionales del mismo año debido a que habrá una sobre oferta de automóviles. Además, la organización que aglutina a los distribuidores del mercado nacional afirmaron que el proceso de legalización supone un premio “para las mafias que se enriquecen con el contrabando”.
Finalmente, la AMDA afirmó que espera que el comercio ilegal de automóviles crezca de manera considerable en las próximas semanas, como resultado de la esperanza de poder regularizar los vehículos que entren al país, lo que impactará, agregó la asociación, en el mercado local, “que aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19 y la crisis de los semiconductores”, concluyó.
