POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.–
En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar penalmente a las mujeres que por decisión propia se realicen un aborto, considerado un delito en Coahuila hasta la resolución unánime dictada por el máximo tribunal de la nación.
Unas horas más tarde, el gobierno del estado, a través de un comunicado, señaló que “acatará la resolución”, que declaró anticonstitucional el Artículo 196 del Código Penal del Estado, que castigaba con hasta tres años de prisión a las mujeres que decidieran interrumpir el embarazo.
Esta sentencia tuvo origen hace casi cuatro años, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad por algunos artículos relacionados con el aborto considerados en el año 2017 en el Nuevo Código Penal de Coahuila (Artículos 195 y 196). Todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la Corte de no criminalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo. Además, el gobierno del estado anunció que dicha resolución tendrá efectos retroactivos, y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente.
ABORTO CRIMINALIZA LA POBREZA: ARTURO ZALDÍVAR
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se pronunció luego de la histórica sesión en que se despenalizó el aborto, y señaló que dicho delito “castiga sobre todo la pobreza, vamos a evitar que esto siga ocurriendo y vamos a defenderlas a todas ellas con una defensa de calidad comprometida y que permita que recobren la libertad quienes no la tengan y que no sean procesadas a quienes pretendan imputar estos delitos”.
Asimismo, afirmó que la histórica fecha no es un logro de la SCJN, sino de los miles de mujeres de “mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes, que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”.
El ministro señaló que la determinación de la corte es un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos, a todas las mujeres que tuvieron que soportar prisiones injustas y a todas las mujeres que hoy en día se encuentran en prisión por haber ejercido sus derechos. “Aquí no se está obligando a nadie a abortar, simplemente se está quitando la criminalización de las mujeres y personas gestantes, aquellas personas, que, por sus creencias, su fe o sus convicciones no les permitan abortar, me parece perfecto que no lo hagan, pero también me parece perfecto que respecten el derecho de las demás a hacerlo si así lo deciden”.
Cabe destacar que la resolución de la Suprema Corte crea jurisprudencia, por lo que todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la Corte de no criminalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo.
Sin embargo, este es apenas el primer paso de varios que aún deben darse, pues aún queda pendiente la adecuación de los hospitales públicos y del sistema sanitario para que las mujeres que así lo decidan puedan llevar a cabo la interrupción del embarazo bajo condiciones de seguridad e higiene que no pongan en riesgo sus vidas, como ha ocurrido con miles de mujeres que han acudido a clínicas clandestinas y, desgraciadamente, han pagado con su vida la indolencia de un estado que durante décadas se negó a escucharlas.
Y es que las muertes por abortos mal practicados no son un asunto menor, de acuerdo con los datos disponibles, entre el 2010 y el 2019 la mortalidad materna ha disminuido de 56.2 a 36.2 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos; correspondiendo el 5% de dichas muertes a abortos mal practicados, con lo cual, el aborto se mantuvo como la cuarta causa de muerte materna a nivel nacional.
Estos datos revelan el estrecho vínculo entre la mortalidad materna y el aborto inseguro, además, demuestran que el aborto sigue siendo un problema de salud pública en el que convergen profundas inequidades sociales, culturales y económicas, por lo que es también un problema de desigualdad de género y de injusticia social (https://profesionalesdelasalud.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2021/01/El_aborto_como-un_asunto_de-salud_publica.pdf).
