POR: FERNANDO RANGEL DE LEÓN
El poder público es uno pero para su ejercicio se divide en tres: el Legislativo, que hace las leyes; el Ejecutivo, que las ejecuta en general; y el Judicial, que las aplica en los casos concretos que se le plantean; lo cual explicó magistralmente el filósofo y jurista precursor de la Revolución Francesa de 1789, conocido como el Barón de Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes.
Este principio de la separación de poderes está consagrado en nuestra Constitución, pero en los hechos sabíamos que los poderes legislativo y judicial estaban supeditados al Presidente, en turno; lo que hacía imposible que tuviéramos un equilibrio de poderes, un estado de derecho y viviéramos una democracia, y por consecuencia que no se respetaran los derechos humanos.
El 2 de junio de 2019, Jaime Bonilla, amigo del Presidente y postulado por Morena, ganó la elección de Gobernador del Estado de Baja California, cuyo mandato de acuerdo con la Constitución local, era de dos años; pues se había reducido de seis para empatar esas elecciones con las federales del 2021 en que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; pero después de aquella elección, el Congreso de dicha entidad reformó la mencionada Constitución, aumentando a 5 años la duración de su mandato.
Esta reforma conocida como “ley Bonilla”, fue sumamente polémica, atacándola duramente desde un principio con base en que la voluntad de los bajacalifornianos en las urnas fue votar por un gobernador de 2 años, y no de 5; por lo que dicha reforma fue tachada de inconstitucional porque violaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema de la tierra para los hombres que viven en México.
Contra la “ley Bonilla” se interpusieron 5 acciones de inconstitucionalidad, cada una por los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano MC y la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su pleno del 11 de mayo por unanimidad sus once ministros encabezados por su Presidente, el Ministro Arturo Zaldívar, las resolvió en ejecutoria declarando inválida dicha reforma porque se hizo después de las elecciones en las que la voluntad de los bajacalifornianos fue votar por un gobernador de dos años y no de cinco.
Lo que demuestra que en esta Cuarta Transformación del país, sí se está respetando la división de poderes, la democracia, la voluntad popular, el voto; y que no hay ni amigos del Presidente, ni partidos de Estado.
