CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ZERMEÑO
Desde la segunda incursión de Jorge Zermeño, a la Presidencia de Torreón, las cosas pintaron mal, literal y realmente.
Zermeño llegó al cargo, como muchos de ustedes saben, cargado de resentimientos, desmotivado y más viejo.
Sus pupilos, Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar, le hicieron una mala jugada, cuando, creyendo que todavía tenía algo de capital político, decidió buscar la diputación, pero Salazar ya se le había adelantado y le ganó la elección interna y la constitucional, con ventajosas mañas.
Así estuvo, casi dos años en la banca, esperando, pacientemente, otra oportunidad y la encontró.
El desordenado Gobierno municipal de Eduardo Olmos, tenía irritada a la ciudadanía. Miguel Riquelme, quien lo sustituyó, no tuvo tiempo para enderezar el barco, y a pesar de que construyó varios proyectos importantes, dejó la Presidencia, en manos de un interino, para buscar la gubernatura.
Así que, como el “niño azul”, tenía juguete nuevo, (la senaduría), y Anaya y Chuy de León, vieron que era más probable recuperar Torreón con el viejo y acabado Jorge Zermeño, y dejaron que compitiera y que ganara.
Fue primero el periodo de un año, en el que, el desorden, las pifias y los negocios turbios, fueron la constante.
Todo indica que el retorno de Zermeño a la alcaldía, tenía como propósito enriquecerse a como diera lugar, asegurando una buena vida para él y su nueva esposa e hijos; pero también, para los dos hijos de su primer matrimonio.
Y aquí es donde entra Alfonso Zermeño, quien tomó la riendas de la Tesorería del Municipio, para otorgar contratos millonarios, de hasta por 181 millones de pesos, con una empresa llamada, Supervisión Técnica S.A. de C.V., entre otros negocios, cosa que no gustó al tesorero Hernán Sigo, quien renunció y prefirió mantener su imagen de hombre honesto e íntegro, que convertirse en tapadera de Jorge y Alfonso Zermeño.
En esas andábamos, cuando el joven y brillante columnista, Luis Carlos Plata, colaborador de Zócalo de Saltillo, nos regaló una segunda parte, de su acuciosa investigación, del gran negocio de la empresa, Vértice, que se encarga de recoger el escombro y los desechos de la construcción para llevarlos al Cañón del Indio. Ojo, solo por recogerlos de los contenedores y trasladarlos al tiradero.
“Ya con la emergencia sanitaria decretada y publicada en el Periódico Oficial, y seis casos de coronavirus en la ciudad (al día de hoy existen 113 contagios y las prioridades del gasto público evidentemente son otras), el 23 de marzo de 2020 se le contrató nuevamente por 21 millones 793 mil 862 pesos para realizar el mismo trabajo, de abril a diciembre de 2020. Un privilegio en tiempos de pandemia”.
Dicha empresa, según el columnista, pertenece en partes iguales a Manuel Guillermo Herrera, hijo de Leticia Herrera, pero el actor principal, es Vicente Valles Villarreal, quien es yerno del Director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera.
Esto, agrega el columnista, es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y municipales del Estado de Coahuila.
Sin Embargo, señala, que, entrevistado el 15 de Enero de 2020, por Noticias del Sol de La Laguna, Sáez Herrera, dijo que: “ha sido realmente un éxito estos centros de transferencia (de escombros), por lo que necesitamos seguir con esta dinámica (o sea contratar nuevamente a su yerno)”.
“Y cómo no considerarlo “un éxito”,-prosigue-, si en el affair, es juez y parte. Dicho en otras palabras: ahí, frente a nuestras narices, hay un negocio particular de 35 millones de pesos con recursos públicos establecido a base de tráfico de influencias”.
El supuesto, como lo estima el columnista, es que el Alcalde está involucrado, por omisión o colusión, con el negocio de marras.
Así como este tipo de negocios, se conoció el de la venta de pintura “patito” por otro funcionario, Antonio Loera, a quien le pagaron millones de pesos, que fueron tirados a la basura, por la mala calidad del producto. ¿Y qué pasó? Solo lo cambiaron de oficina, desde donde sigue operando otros negocios.
Pero lo más escandaloso de la presente administración, es la cantidad de recursos destinados a la Dirección de Comunicación, que dirige, Antonio Zamarrón, que asciende a 7 millones de pesos al mes, destinados, principalmente, a contratar revistas digitales y portales web, que ni siquiera están en el Municipio o en el Estado de Coahuila.
Por eso, así remata, Luis Carlos Plata, su investigación: “Ahora bien, ¿todavía existe la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción?, ¿o desde la emergencia sanitaria ya todo es descaradamente simulación y se reveló su justa y real dimensión de instituciones que valen lo mismo que un cero a la izquierda?
