POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
http://enfoqueanalitico.blogspot.com
Solo quienes hemos sufrido la angustia de una necesidad de adecuación presupuestal sabemos de perogrullo que ello no significa mayor poder para quien ejerce autoridad presupuestal. Guardadas todas las proporciones, en lo personal debo programar el gasto anual de una institución educativa, y por más experiencia que tenga o pericia en el arte del prorrateo de recursos, es imposible vaticinar adversidades o situaciones intempestivas que me obliguen a realizar modificaciones al presupuesto. Esta pandemia resulta ser uno de esos eventos calamitosos súbitos que reclaman modificaciones en el ejercicio presupuestal, en lo particular, reducir gastos y eliminar otros, pues ya no hay alumnos en la institución, pero ello no significa ni por asomo que ello me otorgue más poder del que legalmente posee mi investidura, al contrario, un mal ejercicio presupuestal estigmatiza a quien lo ejerció de por vida. Es más una responsabilidad que un privilegio. Por ello, resulta absurdo que se señale la idea de mayor poder debido a las modificaciones presupuestales que el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta realizar al ejercicio de egreso de este año derivado de la actual contingencia sanitaria. El mandatario incluso señala que no lo piensa hacer de facto como en otros sexenios, pues piensa someterlo a la aprobación de la cámara baja que desde luego es mayoritariamente integrada por miembros de su partido y además refiere modificaciones presupuestales discrecionales en sexenios anteriores sin que ninguna contingencia lo ameritara ejerciendo más presupuesto del autorizado, y en efecto, tiene toda la razón. Tan solo en la administración pasada del exmandatario Enrique Peña Nieto, en los seis años de su gobierno se excedieron en 2 billones 338 mil millones de pesos más allá de los presupuestado y desde luego todo esto se volvió deuda pública. Ahora bien, sobre la justificación del exceso, el gasto no fue por necesidades sanitarias, sino que el exceso se dio en los rubros de servicios personales, materiales y suministros. Finalmente, en la cuenta pública 2012, la presidencia del entonces mandatario Felipe Calderón, gastó 3 mil 5 millones de pesos; es decir, mil 140 millones más de lo autorizado por el poder legislativo sin que hubiera una contingencia que así lo ameritara. Tan solo por recordar excesos a través de adecuaciones presupuestales que nadie reclamó y que de pronto ya muchos olvidaron. Ahora bien, y sin minimizar, la iniciativa del presidente se trata de una reorientación del gasto no por temas sanitarios, aunque realmente sea por ello, sino para atender emergencias económicas, pues la actual pandemia está generando problemas económicos serios y los mismos deben atenderse con una base legal que permita atender la crisis. Es preciso señalar que todo presupuesto no es equivalente a un texto sagrado cuya sola idea de modificación es anatema, sino que se trata de una reingeniería presupuestal que permita atender contingencias como la actual que justifica a todas luces la necesidad de la reformulación, además, iría justificada legalmente, no discrecionalmente como se hacía en sexenios anteriores y cuya evidencia ya fue glosada en líneas anteriores solo como simples ejemplos de un mar de ellos que inundan las cuentas públicas de cada año en los informes que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una reorientación del gasto por emergencia no es equivalente al incremento de poder de la autoridad, querer formar huracanes en donde solo hay una simple tormenta se está volviendo un patético y predecible modus operandi de una oposición con muy mala memoria histórica.
