POR: AGENTE 57
ARRANCAMOS… la ley era un deseo o un objetivo, no una norma que todos estamos obligados a cumplir, en claro contraste con la tradición legal y constitucional del vecino del norte, donde las leyes aspiracionales son una especie de oxímoron, y las normas son respetadas porque existen, no porque sean justas. Además de tratados y la Constitución como ejemplos de la ilusoria legalidad del país en múltiples ámbitos políticos, económicos y sociales, México puso en marcha leyes comunes y corrientes que simplemente no podían ser cumplidas. El ejemplo más tonto y aberrante fue el establecimiento de una cuota de género para las lecciones de legisladores en 2003. Ese año como resultado de la larga lucha de las mujeres en México para conquistar la igualdad en el país que hizo famoso al machismo, se introdujó una cláusula de paridad de género en el Código Electoral Federal (COFIPE). Se concluyó que las cuotas o la acción afirmativa eran las únicas palancas eficaces para inyectarle un poco de igualdad allí donde prevalecía una desigualdad abismal. Dado que el número de mujeres elegidas para el Congreso se había estancado en niveles risibles, los legisladores salientes decidieron que el peculiar sistema electoral mexicano necesitaba una sana dosis de paridad de género. Para cada partido, de los primeros cinco lugares en sus listas de candidatos para las cinco circunscripciones electorales federales, dos se debían destinar a mujeres: ya fuera el primero y el tercero, o el segundo y el cuarto. La lógica era que como sólo los primeros cinco candidatos en cada lista tenían garantizada la victoria, la paridad debía fijarse en ese pequeño y privilegiado universo, antes, aunque 30% del total de los lugares de cada distrito regional estaba reservado para mujeres, los partidos políticos generalmente les asignaban lugares mucho más abajo en la lista, a sabiendas de que no serían elegidas. Ahora, las mujeres llegarían a las bancadas legislativas de los partidos, lo quisieran sus dirigentes o no. Esto tenía sentido, salvo que el esquema no tomaba en cuenta las innumerables artimañas de los mexicanos para burlar reglas y normas desagradables, o que consideran excesivas e imposibles de cumplir. Las mujeres fueron debidamente inscritas en las listas, como lo exige la ley; la paridad de género fue respetada y ellas fueron elegidas, con sus suplentes para casos de muerte, enfermedad o renuncia. En cuanto tomaron protesta, después de las elecciones de 2006 y sobre todo después de los comicios intermedios de 2009, nueve legisladoras elegidas de este modo renunciaron de inmediato y su lugar fue debidamente ocupado por los suplentes, quienes no sólo resultaron ser varones sino, en muchos casos, sus esposos, novios, padres o hermanos. El escándalo subsiguiente obligó a los beneficios temporales de la igualdad de género a posponer sus renuncias durante unos meses, pero sólo hasta antes de Navidad de 2009, cuando aprovecharon las fiestas para entregar sus escaños a sus camaradas masculinos sin que nadie se diera cuenta. Ahí está, la acción afirmativa al estilo mexicano. Es entendible que este amasijo de aberraciones históricas, constitucionales, internacionales, electorales-algunas subconscientes, algunas deliberadas-, hayan dejado a los mexicanos con una perspectiva desencantada de la ley y su trascendencia. Esto por sí sólo serviría para explicar, incluso para justificar,las opiniones de la mayoría de los mexicanos sobre si las leyes deben ser cumplidas o no, y bajo qué condiciones. Pero hay un ingrediente extra en esta mezcla explosiva que es necesario considerar antes de revisar las encuestas, las leyes y la opinión que los mexicanos guardan al respecto. Abarca la confusión que comparten muchos mexicanos acerca de la diferencia entre la ley y la justicia, en particular porque la “justicia” casi siempre viene acompañada de un calificativo silencioso- o estridente-: justicia social. Las leyes son percibidas como distantes, injustas o benéficas sólo para los ricos y los poderosos, o como instrumentos de políticas sociales: reforma agraria, derechos laborales, soberanía sobre recursos naturales, combate a la pobreza, acceso a la salud y la educación, etcétera. En una encuesta realizada en 2005, tres cuartas partes de los mexicanos declaraba que “en términos generales, las leyes en México no son justas”; 75%creía que la ley en México no se aplica igualmente para todos. No se concibe a las leyes como diseñadas para permitir que la economía funcione, para que todos sean tratados de la misma manera y se les garantice el debido proceso, para asegurar que las instituciones- desde los mercados hasta las elecciones, pasando por contratos, derecho de propiedad y la protección ante autoridades arbitrarias- operen adecuadamente. Más bien, la ley es vista por muchos mexicanos como una herramienta que debe garantizar ciertos resultados, y no como en un fin en sí mismo. Entonces, el fundamento de la ley no consiste en su cumplimiento, independientemente de su justicia; al contrario, la justicia de la ley determinada su conformidad contingente. Las leyes injustas no se deben respetar y, hasta que se cambien, no existe una obligación cívica para cumplirlas. Hay que sumar a esto la tradición legal mexicana- por vía española- que dio lugar al término “leguleyo”: una persona obsesionada con legalismos sin substancia o contexto, y que induce a cualquier mexicano que se respeta a poseer opiniones sólidas sobre tal o cual ley, sobre tal o cual veredicto, sentencia o fallo, de cualquier tribunal emitidas cualquier día. El resultado es predecible: no acataré esta ley, porque considero que es injusta.
MI VERDAD.-seguiremos así, por mucho tiempo. N.L.D.M.
