POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
En México desaparecen 7 personas cada día. A la fecha, son más de 61 mil los mexicanos de los que se ignora su paradero según el último recuento oficial que recupera datos a partir de los años sesenta, época en la que se hizo inocultable el ejercicio de ésta práctica por parte del Estado mexicano para silenciar a sus oponentes.
Aunque los datos oficiales presentan información de casos de desaparición forzada desde hace 60 años, la verdad es que la inmensa mayoría de los casos reportados, más del 97 por ciento corresponden al que inicia en 2006, es decir, a partir de que Calderón declara la guerra al narcotráfico.
Desde la década pasada se construyó una narrativa según la cual los principales responsables de la desaparición forzada en México son los cárteles de la droga y quienes se dedican a la trata de personas. Sin embargo, la misma secretaría de Gobernación reconoce la participación de instituciones o agencias del Estado en la comisión de un gran número de estos casos.
Pese al cambio de gobierno la situación no ha mejorado, si acaso está prácticamente igual. Así, mientras que en 2018 se reportó un total de 5976 casos de desaparición forzada, en el primer año del gobierno de López Obrador se registraron 5184 desaparecidos. La mejoría prometida no llega y la sensación de inseguridad permanece. De hecho, la desazón crece pues es ya rutinario el descubrimiento de fosas clandestinas (ya van más de tres mil) con crecientes cantidades de restos humanos a los que difícilmente se les podrá rastrear su identidad.
La participación del Estado en la solución de esta situación ha sido, por decir lo menos, incapaz e inútil. Aunque se han creado leyes e instancias para su aplicación en realidad ha sido insuficiente, a grado tal que los avances obtenidos se deben, sobre todo, a la acción de los familiares de desaparecidos que, organizados en diversos colectivos, han tenido la capacidad de obligar al Estado a crear el marco jurídico hasta antes inexistente (Ley General en Materia de Desaparición), así como las dependencias especializadas que hagan las tareas que no habían realizado, como es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional Forense y las Comisiones Estatales de Búsqueda, entre otras.
Ha sido la sociedad, particularmente los familiares, quienes han generado las condiciones para hacer visible una tragedia que los gobiernos de Calderón y Peña se empeñaron en minimizar. Han sido los colectivos de familiares de desaparecidos los que han sustituido al Estado en la búsqueda de las víctimas de desaparición localizando las fosas clandestinas e, incluso, excavando para recuperar los restos humanos que cada vez es más difícil identificar.
La creciente capacidad de movilización y participación política de estos colectivos los ha llevado a constituir un gran Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, organización que inicia a partir de 2015 con la integración organizada de unas 35 agrupaciones que se descubren a sí mismas cuando entienden que solo de ellos podían emanar las propuestas legislativas que obligaran al Estado a buscar a sus seres queridos y, en la medida de lo posible, reparar el daño que las propias agencias gubernamentales ocasionaron al participar en las prácticas de desaparición forzada.
Hoy son más de 70 colectivos y organizaciones las que constituyen el movimiento, casi todas de nuestro país, pero también participan organizaciones de Guatemala y de Estados Unidos dado que ciudadanos de países también figuran entre las víctimas de desaparición. Con su participación organizada han logrado, entre otros instrumentos, la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
