POR: JUAN MARTÍNEZ VELOZ
juanmartinez_veloz@yahoo.com
En días pasados nos enteramos por diversos medios de comunicación de la detención en España del uno de los ex directores de PEMEX en el sexenio anterior del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Por el momento no haremos comentarios de la parte jurídica del tema hasta que fluya más información y se sepan bien de que se trata este nuevo juicio. Solo reproduciremos las partes de un articulo que se escribió en 2017 “FIN A LA ERA DORADA DE LOS GOBERNADORES” para poner en contexto el tema ante la opinión publica. De entrada vemos bien que el combate a la corrupción sea una de las prioridades del Gobierno de México y lo debe ser también de los gobernadores y alcaldes del país.
“Después de la toma de posesión como presidente de la república del Lic. Enrique Peña Nieto a finales de 2012 fueron muy famosas en las redes sociales las fotos de de nuevo presidente mexicano con los gobernadores en funciones de ese tiempo.
En su momento saludamos este tipo de reuniones con espíritu republicano ya que son una muestra de la pluralidad política que vive el país y que son necesarias para que el Estado mexicano en sus diferentes niveles (Federación, Estados y Municipios) afronte los graves problemas que padecemos.
Hoy en abril de 2017 la relación entre el presidente EPN y los gobernadores se mantiene en buena relación formal, sin embargo el buen momento de 2012-2013 paso y actualmente varios ex mandatarios estatales afrontan (o han enfrentado) problemas serios de responsabilidad política, penal o administrativa (Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz).
Algunos de ellos están siendo procesados por impulso de las autoridades judiciales locales y otras por las federales (PGR), sin embargo lo acontecido ya es un hecho notorio de que la “fiesta de los gobernadores” que se dio entre 1997 y 2012 terminó.
El punto de inicio de esta época se da cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría del Congreso Federal en 1997 y esa situación fortaleció el poder de los gobernadores y debilitó la institución presidencial en su capacidad de control político en los estados. Fue muy notorio en la época de gobiernos federales del PAN entre 2000 y 2012.
Esta “fiesta” les permitió a algunos (o a sus colaboradores) atesorar riquezas (según aparece en medios de comunicación, a reserva de que se comprueben en tribunales) más allá de sus legítimos ingresos como servidores públicos, negociar “voto útil” en elecciones presidenciales, además de otros privilegios como imponer a sus “delfines” de candidatos a gobernadores y presidentes municipales.
LAS ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL (PGR) Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESTE SENTIDO DEBEN RESPALDARSE Y ESPERAR EN ÚLTIMA INSTANCIA LO QUE DIGAN LOS JUECES (EXISTE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA).
Después de las elecciones de junio de 2016 habíamos advertido en un artículo “Coahuila después del 5 de junio” que uno de los factores del “voto de castigo” al PRI era la percepción de impunidad que existía en la sociedad con algunos ex gobernadores como Guillermo Padres (Sonora) y Javier Duarte (Veracruz).
Hoy en abril de 2017 algunos de esos factores empiezan a ser removidos. Habrá que esperar su impacto electoral en junio de 2017….
EN EL PASADO ESTAS ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y COMBATE A LA IMPUNIDAD LE DIERON RESULTADO A PRESIDENTES COMO CARLOS SALINAS DE GORTARI QUE DE UNAS CONTROVERTIDAS ELECCIONES EN 1988 PASO A GANAR CASI TODO EN 1991 (“LAS ELECCIONES DE SALINAS” hay un libro sobre el tema).
El país vive una situación muy difícil, la microeconomía está estancada (los precios aumentan y los salarios no suben), aunque la macroeconomía y las cuentas nacionales más o menos andan bien según dicen los expertos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA también esta lastimando la buena relación económica (incertidumbre de TLCAN) entre México y EUA.
Sin embargo el problema mayor que afrontan algunos estados de la república es el incremento de los índices delictivos y la violencia. EN ALGUNOS ESTADOS COMO COAHUILA Y DURANGO, LA VIOLENCIA HA DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE A COMO SE VIVIÓ ENTRE 2007 Y 2012.
Creemos que en la relación de cooperación entre la Federación y los estados de la república no debe dejar caerse por los hechos que involucran a los ex gobernadores; debe fijarse una agenda de trabajo mas allá de las competencias que a cada nivel de gobierno da la Constitución, bien sea en el Congreso de la Unión o los aspirantes presidenciales con miras a integrar la agenda del 2018-2024.
Hay muchos temas comunes entre ambos niveles de gobierno; el campo, los servicios de salud, la educación, los desastres naturales, las reformas estructurales en el terreno nacional.
Uno de estos temas que se debe ser revisar el marco jurídico de los estados y municipios en la constitución nacional, algo hay que hacer en este tema en el marco del Centenario de la Constitución de 1917.
Esta agenda de trabajo común debe incluir los siguientes puntos:
* Revisar la Constitución Nacional en lo referente al Título V; las normas para los Estados de la Federación y la Ciudad de México y proponer algunas reformas.
Los estados de la república deben tener más libertad y autonomía para definir sus instituciones políticas; fijar su propia jurisprudencia local que sea definitiva en algunos temas. El amparo prácticamente anula la justicia local que llega a ser una “justicia de paso”.
El municipio debe ser apoyado para crear su propio ordenamiento municipal (Estatuto Municipal) y darle mayor autonomía para aprobar su ley de ingresos y aprobar su cuenta pública.
* Evaluar el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y tratados internacionales que deben aplicar los estados en sus respectivos ámbitos de competencia y también verificar el cumplimiento de las reformas constitucionales que apliquen a los estados de la Federación e informar a la ciudanía sobre ello.
* Detectar las lagunas y contradicciones que pueden existir entre la constitución local y la constitución nacional.
* Revisar las Constituciones políticas locales dentro del margen de maniobra legislativa que la constitución nacional autoriza para las legislaturas locales (Art. 124) y hacer propuestas de reforma los constituyentes locales de cada Estado”.
