POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Desde luego que la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, es completamente ilegal, aunque el congreso local haya llamado a una consulta popular sobre un tema que no existe en la misma constitución bajacaliforniana. Y no lo fue porque la convocatoria derivada de la reforma electoral de 2014 indicaba que el ganador de la elección 2019 en Baja California tendría un periodo de solo dos años (para empatar elecciones locales y federales) y que decía claramente que el periodo de funciones iniciaría el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 30 de septiembre de 2021. La convocatoria decía expresamente que convocaba a la elección de “a) Gubernatura del Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de noviembre de 2019 al treinta y uno de octubre de 2021.” Hasta ahí todo era correcto. Es compresible, más no admisible, que algunas personas se enferman de poder a grado tal que desean perpetuarse en el cargo más allá de lo que por ley se establece; para muestra el caso de la exlíder del sindicato de la UAdeC; el STUAC, María de la Luz López, quien por sus arrestos violó estatutos y disposiciones que no le permitían extender su mandato, esto tan solo para ejemplificar que se trata de un fenómeno político más común de lo que parece, pero que para eso hay leyes que deben ser precisas y cuando estas son conculcadas, deben existir los otros poderes que sirvan como contrapesos a los excesos de algún político sin escrúpulos que solo ve por su interés personal. ¿Cuándo se pervierte la legalidad en Baja California? Cuando el gobernador electo acumula poder y se da cuenta que tiene el respaldo de un poder legislativo que tiene las facultades para lanzar una convocatoria para que el pueblo decida si su gobernador puede romper el acuerdo y ampliar su actual mandato por cinco años más. Sí, se trata de un contubernio entre dos poderes, pero también se trata de un tema de autonomía, y también de un tema de apatía ciudadana. Contubernio, porque el congreso desarrolló una consulta que no existe en la constitución de aquel Estado; y porque a pesar de que solo participó el 1.9% de los electores el congreso decidió validar ese proceso. Se trata de autonomía, porque los poderes ejecutivo y legislativo están actuando sobre una elección estatal, que, si bien es organizada por el INE, lo que se haga después electoralmente hablando corresponde a las leyes locales en la materia; y se trata, finalmente, de apatía ciudadana, puesto que una participación del 1.9% solo refleja desinterés ciudadano ante un evidente abuso de poder. Ante la felonía, el INE actuó con los elementos jurídicos que lo respaldaban, es decir, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Bonilla de ampliación de plazo; sin embargo, la corte ha rechazado la acción del árbitro electoral para anular la felonía de Jaime Bonilla. El resultado es desalentador, pues se esperaba que el poder judicial tumbara una consulta que a todas luces carecía de legalidad, y aunque existen otros recursos de inconstitucionalidad presentados, parece ser que terminarán en el mismo resultado de improcedencia. Hoy la democracia en México ha sido golpeada, hoy queda claro que las leyes pueden ser violadas a modo, hoy queda claro que los pesos y contrapesos de la división de poderes parece ser una simple quimera; hoy el INE ha sido derrotado a pesar de los esfuerzos claros en favor de la democracia y el respeto a la legalidad.
