POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Dada la incapacidad gubernamental para encontrar a víctimas de desaparición forzada y para castigar a los culpables, algunos colectivos de familiares de desaparecidos se están empezando a plantear el recurrir a instancias internacionales pues, consideran, en el ámbito nacional es imposible conseguir justicia.
Aunque son innegables los resultados que la lucha de los colectivos ha logrado, la verdad es el objetivo principal, la localización con vida de sus seres queridos, se ve como algo muy lejos de lograrse. Son muchos los desaparecidos y, lejos de disminuir, la lista crece. La tozudez o empecinamiento del nuevo régimen de mantener, en lo fundamental, la misma política antinarco de sus antecesores, solo ha servido para que los actos violentos vinculados al narcotráfico se incrementen, con el consecuente aumento en el número de víctimas inocentes.
Pero además, algunos de los colectivos acusan de negligencia, si no es que de franca complicidad, a las autoridades encargadas de perseguir ese tipo de delitos, por lo que no consideran que existan las condiciones para confiar en quienes incluso han sido acusados de delinquir. Por esas razones el Grupo VIDA está planteando la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana para obligar al Estado mexicano a cumplir con las obligaciones derivadas de la firma de tratados internacionales.
Para un gobierno como el de AMLO, que ha planteado en más de una ocasión su compromiso de buscar a los desaparecidos y pacificar el país, el recurrir a cortes internacionales implica dejar en evidencia la incapacidad gubernamental para cumplir sus compromisos de campaña. Le resta credibilidad y le disminuye la legitimidad que se gana con un gobierno que actúa con honradez, pero que también debería actuar con eficiencia.
Lejos de mejorar, en los próximos días la situación se complicará para los gobernantes. Esto es porque se cumplirá un aniversario más de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y ya los padres de los muchachos desaparecidos están haciendo acusaciones similares, es decir, pérdida de expedientes, negligencia y averiguaciones tan mal integradas que propician que presuntos culpables recuperen su libertad.
El movimiento de lucha que desarrollan los familiares de desaparecidos parece estarse replanteando los métodos que hasta ahora ha seguido y busca incorporar nuevos actores al escenario, especialmente los organismos internacionales en los que tienen más esperanza que en las diferentes dependencias nacionales encargadas de la procuración de justicia.
Los antecedentes que animan a recurrir a instancias internacionales son varios. Destaca el caso llamado “Campo algodonero” relativo al asesinato de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, caso por el que fue condenado el Estado mexicano en 2009 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O el caso de Rosendo Radilla que fue secuestrado por militares y del nunca más se supo su paradero. Asunto por el cual también fue condenado el Estado mexicano al que se declaró culpable de la violación a los derechos de libertad e integridad personal del señor Rosendo Radilla, además de algunos derechos de sus familiares. Y todo porque don Rosendo componía corridos en los que narraba algunas de las tropelías cometidas por policías y militares en el marco de la llamada “guerra sucia” que el gobierno mantenía contra sus opositores.
No son las únicas disputas que el gobierno mexicano ha perdido ante algunos de sus ciudadanos, pero son ilustrativas acerca de la posibilidad de sancionar conductas negligentes, o de abierta complicidad de autoridades con el crimen organizado. Los tratados internacionales brindan así una nueva posibilidad de conseguir la justicia que no se ha podido obtener en los tribunales mexicanos.
