POR: EDER FERNANDO ARREOLA
El pasado 11 de marzo, en el Congreso del estado de Durango el diputado Alejandro Mata Valadez, legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y originario de Gómez Palacio, presentó una iniciativa para fortalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas en la entidad. La propuesta plantea reconocer constitucionalmente a las comunidades originarias como sujetos de derecho público y garantizar el respeto a su cultura, organización y desarrollo. A primera vista, la iniciativa parece justa y perfecta:. Sin embargo, un análisis más profundo sugiere que podría tratarse más de un gesto político que una solución real a los problemas que enfrentan estas comunidades.
La realidad indígena en Durango dista mucho de los discursos políticos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado viven más de 58 mil personas que se identifican como indígenas, pertenecientes principalmente a los pueblos tepehuano, wixárika (huichol), náhuatl, cora y tarahumara. Aunque el porcentaje puede parecer menor comparado con otras entidades del país, estas comunidades representan una parte fundamental de la identidad histórica y cultural de la región.
Sin embargo, los indicadores sociales muestran una realidad preocupante: altos niveles de pobreza, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud y escasas oportunidades laborales. En municipios con presencia indígena, como El Mezquital, las condiciones de vida siguen siendo precarias. Esto demuestra que el problema no es únicamente el reconocimiento legal, sino una desigualdad estructural que se ha mantenido durante décadas.
Un reflejo de esta desigualdad también puede observarse en la región de la Comarca Lagunera, particularmente en ciudades como Torreón y Gómez Palacio. Cada año, es común ver a familias indígenas provenientes de la Sierra de Durango o de estados del sur del país que llegan temporalmente a estas ciudades en busca de ingresos. Muchos de ellos se instalan en cruceros, plazas o zonas comerciales, donde piden ayuda económica o venden pequeñas artesanías para sobrevivir.
La presencia de estas familias —muchas veces acompañadas de niños— evidencia un problema social profundo: la falta de oportunidades en sus comunidades de origen y la ausencia de políticas públicas eficaces que les permitan vivir con dignidad sin tener que migrar para subsistir en las calles.
Pero, además, amable lector, existe otro problema que rara vez se reconoce abiertamente: la forma en que la sociedad mira y trata a estas personas. Con frecuencia, son objeto de burlas, discriminación o indiferencia. Para algunos ciudadanos, se han convertido en una molestia cotidiana en los espacios públicos. Esa actitud revela un prejuicio profundamente arraigado en la sociedad mexicana: admiramos el pasado indígena en los libros de historia, pero muchas veces despreciamos al indígena que vive hoy entre nosotros.
Al comparar la situación con otras entidades del país, la propuesta presentada en Durango parece quedarse corta. En estados como Oaxaca, Yucatán o Campeche, donde más del 60 % de la población se reconoce como indígena, se han impulsado modelos más amplios de participación comunitaria, educación bilingüe y reconocimiento de sistemas normativos propios. Aunque estos modelos no han resuelto todos los problemas, muestran que el reconocimiento legal debe ir acompañado de instituciones sólidas, presupuesto y políticas públicas reales.
En este contexto, la iniciativa presentada por el diputado Mata Valadez corre el riesgo de convertirse en una reforma populista. Este tipo de propuestas suelen generar titulares atractivos y discursos políticamente correctos, pero pocas veces se traducen en cambios reales para quienes supuestamente buscan beneficiar.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es importante, pero no es suficiente. La verdadera transformación implicaría invertir en educación intercultural, garantizar servicios de salud en comunidades alejadas, impulsar proyectos productivos locales y respetar plenamente la autonomía de las comunidades.
México, y particularmente Durango, mantienen una deuda histórica con sus pueblos originarios. No basta con reconocerlos en discursos o reformas legales; es necesario construir políticas públicas que realmente mejoren sus condiciones de vida.
La propuesta de Mata resulta seductora en el discurso: una de esas iniciativas que lucen bien en tribuna y que fácilmente generan aplausos y titulares. Sin embargo, si no se traduce en beneficios tangibles para las comunidades indígenas, terminará convertida en lo que tantas veces ha ocurrido en la política mexicana: una promesa brillante por fuera y vacía por dentro.
De quedarse en el papel, la iniciativa no será recordada como un avance legislativo, sino como otro ejemplo de promesas que no lograron convertirse en soluciones, con el inevitable costo para la credibilidad de quien la promovió y para la confianza pública.
Al final, el verdadero desafío no está en redactar una reforma, sino en convertirla en una política pública que cambie la vida de quienes históricamente han sido olvidados. Si la iniciativa del diputado Mata no se traduce en acciones concretas, presupuesto y resultados visibles en las comunidades indígenas, quedará como un episodio más de la política declarativa que abunda en México. Y entonces el costo no será solo legislativo: será un nuevo golpe a la credibilidad de la clase política y una confirmación amarga de que, una vez más, los pueblos originarios fueron invocados en el discurso… pero olvidados en la realidad; o, amable lector, ¿Usted qué opina?