La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Cuando Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia en octubre de 2024 prometió retirarse de la vida pública. La lógica era clara: el sistema político mexicano se construyó durante décadas bajo la regla no escrita de que los expresidentes se apartan del escenario para no interferir con el nuevo gobierno. En un régimen presidencial fuerte, la convivencia de dos figuras con influencia política puede generar un problema simple pero profundo: dos centros de autoridad dentro del mismo movimiento.
Esa promesa, sin embargo, ha empezado a desdibujarse. López Obrador ha reaparecido en varias ocasiones desde su retiro en Palenque, primero con la promoción de su libro y posteriormente con intervenciones públicas sobre asuntos internacionales. Aunque el exmandatario insiste en que se encuentra “jubilado” y que no busca hacer sombra a su sucesora, sus mensajes vuelven a colocarlo en el debate político nacional.
La reaparición más reciente ocurrió cuando el expresidente pidió apoyo ciudadano para enviar ayuda humanitaria a Cuba, iniciativa que generó polémica por tratarse de un tema que forma parte de la política exterior mexicana, área que corresponde constitucionalmente a la presidenta en funciones.
El problema no está solo en el mensaje, sino en las señales políticas que envía hacia dentro del propio movimiento. Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con la votación más alta en la historia del país. Sin embargo, ese triunfo no significó heredar automáticamente el control absoluto de las estructuras políticas construidas durante el sexenio anterior.
Dentro de Morena y del aparato gubernamental aún existen grupos, gobernadores y operadores que siguen viendo a López Obrador como el referente central del proyecto político. Cada vez que el expresidente reaparece, esa percepción se reactiva. No necesita desautorizar a la presidenta para influir: basta con hablar para recordar que sigue siendo la figura fundadora del movimiento.
Por eso Sheinbaum ha intentado construir su propio equipo y consolidar espacios de control institucional. Movimientos recientes dentro del aparato del Estado —como la llegada de perfiles cercanos a su círculo político en posiciones estratégicas— muestran un esfuerzo por reforzar su margen de maniobra dentro del gobierno. Pero ese proceso no es sencillo cuando el liderazgo simbólico del movimiento sigue orbitando alrededor del exmandatario.
Las reapariciones también tienen impacto en el frente internacional. México atraviesa un momento delicado en su relación con Estados Unidos, marcado por la presión del gobierno de Donald Trump en temas de seguridad, narcotráfico y comercio. En ese contexto, cualquier mensaje político relacionado con países como Cuba o Venezuela se vuelve especialmente sensible.
Sheinbaum ha intentado mantener una política exterior más cautelosa, buscando equilibrio entre la tradición diplomática mexicana y las presiones de Washington. México incluso ha enviado ayuda humanitaria a Cuba mientras intenta evitar un choque directo con Estados Unidos, lo que refleja la complejidad del momento geopolítico.
Cuando el expresidente interviene en esos temas, el margen de maniobra de la presidenta se reduce. Respaldar esos mensajes implica asumir costos diplomáticos; distanciarse podría abrir una fractura dentro del movimiento que él fundó.
En términos políticos, el fenómeno recuerda un problema clásico del presidencialismo: el riesgo del “mandato dual”, donde el líder saliente conserva suficiente capital político para seguir influyendo en la agenda del nuevo gobierno.
López Obrador conserva algo que ningún otro actor político tiene: la capacidad de movilizar emociones, lealtades y símbolos dentro de Morena. Su liderazgo es más que institucional; es fundacional. Por eso sus intervenciones fortalecen a los sectores más ideológicos del partido que siguen viendo en él la referencia principal del proyecto político.
Para Sheinbaum, el desafío consiste en consolidar su propio liderazgo sin romper con la figura que hizo posible su llegada al poder. Un equilibrio delicado: necesita mantener la unidad del movimiento, pero también construir una autoridad presidencial propia.
Cada vez que López Obrador reaparece en el debate público, esa línea vuelve a moverse. Y en política, cuando el poder parece compartirse, siempre surge la misma pregunta silenciosa: ¿quién manda realmente?
Todo salió como estaba previsto. No necesariamente en el conteo de votos —la mal llamada reforma electoral terminó rechazada en la Cámara de Diputados—, sino en el cálculo político detrás de la iniciativa. El proyecto nunca tuvo garantizada la mayoría calificada y, aun así, fue llevado al pleno. Morena obtuvo 259 votos a favor de los 330 necesarios, lo que confirmó que el bloque oficialista no estaba completamente alineado y que PT y Partido Verde marcarían distancia en puntos clave de la propuesta.
Sin embargo, el rechazo no significó una derrota estratégica para Palacio Nacional. Al contrario: el episodio permitió varios movimientos políticos simultáneos. Primero, colocar durante varios días el debate público en torno a la reforma, desplazando momentáneamente otros temas incómodos para el gobierno, como la inseguridad, la crisis económica o los conflictos internos dentro de Morena. Segundo, permitir a la presidenta Claudia Sheinbaum afirmar que cumplió con la promesa delineada por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, cuando anunció su paquete de reformas constitucionales.
El tercer efecto es más político que legislativo. Con la reforma constitucional derrotada, el gobierno ahora tiene la narrativa perfecta para abrir una nueva fase: el llamado Plan B. El propio coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anticipó que el oficialismo impulsará cambios alternativos mediante reformas secundarias o nuevos proyectos constitucionales acotados. El objetivo es mantener viva la agenda de transformación electoral, pero también convertir el rechazo en combustible político contra la oposición.
La votación también dejó al descubierto una fractura incómoda dentro del oficialismo. A pesar de las presiones internas, Morena no logró garantizar disciplina absoluta entre sus propios legisladores y mucho menos entre sus aliados. Tres diputadas morenistas votaron en contra y otras figuras se ausentaron, mientras que PT y PVEM decidieron marcar distancia, especialmente en lo relacionado con la representación plurinominal y la reducción del financiamiento público a los partidos.
La postura del Partido Verde fue especialmente significativa. Sus dirigentes habían advertido desde meses atrás que el oficialismo no podía dar por sentado su respaldo automático. La señal fue clara: el bloque gobernante necesita a sus aliados para alcanzar mayorías calificadas, y esos aliados están dispuestos a usar ese peso político para negociar.
La escena parlamentaria mostró un oficialismo que, por primera vez en meses, no pudo imponer disciplina total. Morena domina el Congreso, pero no domina completamente a sus socios.
Tras la derrota legislativa, el discurso oficial ya empezó a tomar forma. Morena buscará presentar a la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— como defensora de privilegios electorales: financiamiento a partidos, legisladores plurinominales y estructuras burocráticas costosas.
La narrativa ya se ensaya desde tribuna y en redes sociales: “Votaron contra abaratar las elecciones”, “defienden sus privilegios”, “se niegan a reducir el gasto público”. Es una línea de ataque que no sólo busca explicar la derrota legislativa, sino preparar el terreno para las elecciones de 2027.
Ricardo Monreal incluso adelantó que los legisladores morenistas saldrán a reforzar ese mensaje “distrito por distrito”, lo que confirma que el episodio parlamentario también funcionará como arranque anticipado de la campaña política.
La nueva ruta del gobierno ya empezó a delinearse. El Plan B no se concentrará en el sistema electoral federal —donde Morena necesita mayorías calificadas difíciles de conseguir— sino en Congresos estatales y ayuntamientos, donde el costo político es menor.
La propuesta incluye reducir el número de integrantes de congresos locales, disminuir presupuestos legislativos y recortar regidores y síndicos en los municipios. También se plantea empatar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027, lo que permitiría que la presidenta participe políticamente en un proceso electoral que, en la práctica, funcionaría como referéndum sobre su gobierno.
El argumento central será la austeridad: reducir costos de la política. Pero detrás de esa narrativa también aparece una reconfiguración del poder local. Al fijar desde la Constitución reglas sobre el tamaño de cabildos o presupuestos legislativos, el gobierno federal trasladaría decisiones que hoy corresponden a estados y municipios hacia el centro político del país.
La apuesta es clara. Mientras las reformas sobre el INE o los partidos generan resistencias inmediatas, los regidores, síndicos o diputados locales tienen poca visibilidad pública. Son actores políticos que casi nadie conoce y que difícilmente movilizan defensa ciudadana.
Por eso el nuevo enfoque apunta hacia ellos. En el discurso oficial se presentará como una cruzada contra el gasto excesivo de la política local. En la práctica, se abre una nueva fase de centralización institucional que podría redefinir la relación entre el gobierno federal y las estructuras locales del poder.
La reforma electoral fracasó en San Lázaro, pero la agenda política del oficialismo no se detuvo. Al contrario: apenas empieza la segunda jugada.
Mientras el debate político nacional se concentraba en la derrota de la reforma electoral, un movimiento de gran impacto económico pasó prácticamente desapercibido en el país. México decidió liberar parte de sus reservas petroleras como integrante de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para estabilizar el mercado mundial frente a la guerra en Medio Oriente y el conflicto abierto con Irán.
La decisión no fue menor. Los 32 países miembros de la AIE acordaron liberar hasta 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas globales, estimadas en alrededor de 1,200 millones de barriles. Se trata de la mayor liberación coordinada de crudo en la historia reciente, incluso por encima de la realizada durante el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La razón es evidente: el mercado energético internacional enfrenta un escenario altamente volátil. La tensión en el Estrecho de Ormuz, controlado actualmente por Irán, ha elevado la preocupación global. Por ese corredor marítimo circula cerca del 25% del petróleo que se transporta en el mundo, y cualquier interrupción en esa ruta provoca reacciones inmediatas en los precios del crudo.
De hecho, los efectos ya comenzaron a sentirse. En los últimos días el precio del petróleo llegó a rozar los 120 dólares por barril, lo que obligó a Estados Unidos a intervenir liberando 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas para contener el impacto en el mercado.
Paradójicamente, el encarecimiento del petróleo no representa necesariamente una ventaja para México. En teoría, un país productor debería beneficiarse de precios internacionales altos. Pero la realidad energética mexicana es distinta.
La producción petrolera nacional se encuentra en niveles históricamente bajos, mientras que el país depende cada vez más de la importación de combustibles. México importa aproximadamente el 70% de las gasolinas que consume y entre 70 y 75% del gas natural utilizado por la industria y la generación eléctrica.
Eso significa que un aumento en el precio internacional del crudo termina impactando más por el lado de las compras que por el de las ventas. En otras palabras: México paga más por la energía que importa de lo que gana por la que exporta.
Y si la guerra en Medio Oriente se prolonga, el escenario podría empeorar. Irán incluso advirtió a Occidente que los precios del petróleo podrían escalar hasta 200 dólares por barril si el conflicto se intensifica y se mantiene el control del Estrecho de Ormuz.
Ese contexto explica una decisión reciente del gobierno federal. En una reunión con empresarios gasolineros, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó mantener el precio techo de la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro, pese a la presión del mercado internacional.
La medida implica que el gobierno continuará utilizando subsidios fiscales para evitar que el aumento del petróleo se traslade directamente al consumidor. Sin embargo, ese mecanismo tiene límites. Si los precios internacionales siguen escalando, mantener el subsidio significará un costo fiscal cada vez mayor.
Por eso, más allá del ruido político interno, el verdadero desafío para el país podría estar en otro frente. La economía energética global se está reacomodando y México enfrenta ese escenario con una alta dependencia externa en combustibles.
Los indicadores económicos tampoco ayudan a tranquilizar el panorama. México es hoy el país de América Latina que menos gasta en salud pública por persona, con apenas 51.9% del gasto sanitario proveniente del sector público, mientras el resto sale directamente del bolsillo de las familias.
A eso se suma la evolución de las finanzas públicas. La deuda del país ya alcanzó los 18.6 billones de pesos y, de acuerdo con estimaciones de Hacienda, podría superar los 20 billones en 2026, el nivel más alto registrado en la historia nacional. Sólo en intereses, el gobierno pagó 84 mil millones de pesos en un solo mes.
La actividad económica también muestra señales de enfriamiento. La producción industrial cayó 1.1% en enero, acumulando tres meses consecutivos a la baja, con retrocesos en sectores clave como la construcción y la manufactura. Un fenómeno que inevitablemente impactará el empleo, la inversión y el crecimiento en los próximos meses.
En medio de ese panorama, algunos estados intentan proyectar estabilidad económica. En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez inauguró en Ramos Arizpe la planta Infinitum Electric, destacando dos factores que hoy se vuelven determinantes para atraer inversión: seguridad y certeza jurídica.
El mensaje es evidente. Mientras el país enfrenta presiones económicas externas, los estados que logren garantizar estabilidad institucional podrían convertirse en refugio para nuevos proyectos industriales.
Si todo el país ofreciera esas condiciones, como dijo el propio mandatario estatal, el escenario económico sería muy distinto.
Pero la realidad nacional sigue marcada por otra prioridad. Y esta vez, no es la política: es la economía.
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