La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Pasó otra conmemoración del Día Internacional de la Mujer y, como ocurre cada año, la fecha estuvo marcada por marchas multitudinarias, protestas legítimas y reclamos que siguen esperando respuesta. El 8M volvió a llenar las calles de consignas, pancartas y testimonios de violencia que reflejan una realidad difícil de ignorar. También volvió a exhibir la distancia entre el discurso oficial y las condiciones que viven millones de mujeres en el país.
Las ceremonias institucionales no faltaron. Hubo reconocimientos, discursos y homenajes dedicados a mujeres destacadas del pasado y del presente. Pero mientras se pronunciaban mensajes sobre igualdad y justicia, las estadísticas continuaron recordando que la violencia de género sigue creciendo en distintas regiones del país. El contraste es evidente: un discurso que promete avances y una realidad que avanza mucho más lentamente.
En medio de este contexto aparece un fenómeno cada vez más mencionado por organizaciones feministas: el llamado lavado violeta o purplewashing. Se trata de la apropiación del discurso feminista por parte de gobiernos o instituciones que, en la práctica, no logran transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad o la violencia.
Las madres buscadoras representan uno de los ejemplos más claros de esta brecha. Durante meses han solicitado audiencias con el gobierno federal para exponer su tragedia y exigir respuestas ante la desaparición de sus hijas e hijos. Sin embargo, esas voces rara vez encuentran espacio en la agenda oficial. La paradoja es que en julio de 2023 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sí recibió con honores a Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, a quien calificó como símbolo de la defensa de los derechos humanos.
Las cifras que circularon en redes sociales y reportes oficiales son difíciles de ignorar: más de 6,400 feminicidios en los últimos siete años y más de 28 mil mujeres desaparecidas registradas en 2025. Son números que, más allá de cualquier debate político, muestran la dimensión del problema.
El 8M también dejó episodios que reflejan la desconexión entre autoridades locales y la sensibilidad social del momento. En el municipio oaxaqueño de Santo Domingo Tehuantepec, por ejemplo, el gobierno municipal convocó a un taller denominado “Elabora tu kit forense”. La idea era enseñar a las mujeres a preparar muestras biológicas —cabello, uñas, saliva, documentos— “en caso de desaparecer”, para facilitar las investigaciones.
La reacción de colectivos feministas fue inmediata y contundente. La convocatoria desapareció de las redes oficiales pocas horas después.
Algo similar ocurrió en Santa María Tonameca, también en Oaxaca, donde las autoridades decidieron conmemorar el 8M con una carrera deportiva titulada “Mujer, corre por tu vida”. El nombre del evento fue interpretado por muchas organizaciones como un ejemplo de insensibilidad frente al contexto de violencia que viven miles de mujeres.
Quizá la intención de ambas iniciativas era positiva. Pero en un país donde la inseguridad femenina es una realidad cotidiana, el lenguaje importa.
El simbolismo también tiene peso histórico. Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México y, por lo tanto, la primera Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas en más de dos siglos de vida republicana. Su discurso enfatizó que el reconocimiento a las mujeres militares representa un compromiso para construir instituciones más igualitarias, libres de discriminación, acoso y violencia.
Por ahora, las calles siguen respondiendo con la misma consigna. Y contando.
Las preocupaciones crecen a medida que se acerca el Mundial de Futbol 2026. A menos de cien días de que arranque la mayor fiesta deportiva del planeta en Norteamérica, el gobierno mexicano decidió activar un plan de contención de crisis y manejo de imagen internacional. El detonante fue la reciente operación federal que culminó con la persecución, captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una acción que —según explicó el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla— se llevó a cabo bajo presión creciente del gobierno de Donald Trump.
El problema no fue únicamente el operativo. Lo que encendió las alarmas internacionales fueron las reacciones violentas posteriores registradas en distintos puntos del occidente del país, particularmente en Jalisco y Michoacán, donde bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos circularon rápidamente en medios internacionales y redes sociales. En un mundo hiperconectado, las imágenes de violencia viajan más rápido que cualquier comunicado oficial.
El primer golpe tangible llegó desde el sector turístico. Alberto Albarrán Leyva, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, confirmó la cancelación de 40% de las dos mil habitaciones reservadas por la FIFA en la capital del país. La señal fue inmediata: el mercado internacional comenzó a reaccionar ante la percepción de inseguridad. Fenómenos similares, aunque en menor escala, empezaron a observarse en otros destinos del país.
Frente a este escenario, el gobierno mexicano decidió mover piezas en el terreno de la comunicación internacional. Mientras las autoridades han desmentido públicamente los temores sobre seguridad, de forma paralela se tomó la decisión de contratar una firma especializada en relaciones públicas y manejo de crisis para reforzar la narrativa del país rumbo al Mundial.
La empresa elegida es Global Nexus, un despacho de cabildeo con oficinas en Washington y en la Ciudad de México que tiene larga experiencia trabajando con gobiernos estatales mexicanos en materia de promoción turística. Su historial incluye colaboraciones con entidades como Quintana Roo, durante las administraciones de Félix González, Roberto Borge, Carlos Joaquín y Mara Lezama, así como con Baja California Sur en los gobiernos de Carlos Mendoza y Víctor Manuel Castro, particularmente después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
La tarea de Global Nexus ahora será mucho más delicada. Bajo la conducción de Rubén Olmos, la firma deberá coordinar una estrategia internacional para revertir la percepción de violencia en México, reforzar la comunicación con Estados Unidos y Canadá —las otras sedes del Mundial— y evitar que la imagen de inseguridad termine afectando la asistencia a los estadios mexicanos.
El esfuerzo se realizará en coordinación con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y buscará convencer a gobiernos, federaciones deportivas, patrocinadores y aficionados de que México sigue siendo un destino seguro para recibir el torneo.
La pregunta inevitable es otra: ¿por qué esta estrategia se activa tan cerca del inicio del Mundial y mediante contratos directos? En materia de reputación internacional, el tiempo suele ser el recurso más escaso.
El desafío para México es enorme. En un evento donde llegarán millones de visitantes y la mirada del mundo estará puesta durante semanas sobre el país, la percepción importa tanto como la realidad. Y esa percepción ya comenzó a moverse.
Por ahora, el gobierno apuesta a dos frentes: contener la narrativa internacional y blindar el territorio nacional. El tiempo dirá si ambos esfuerzos llegan a tiempo para la fiesta futbolera más grande del planeta.
El mercado político se abrió… pero esta vez no alcanzó. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum terminó naufragando en la Cámara de Diputados después de una jornada intensa de negociación, presiones y discursos cruzados. El resultado fue claro: 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, muy lejos de los 334 votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
El dato más relevante no fue la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, algo esperado desde el inicio del debate, sino el voto en contra de los partidos que durante años han sido aliados naturales del oficialismo: el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Esa decisión selló el destino de la iniciativa y convirtió la votación en la primera gran derrota legislativa del sexenio de Sheinbaum.
El rechazo de los aliados marcó un hecho político inédito en la etapa reciente del Congreso. Desde la llegada de Morena al poder en 2018, el bloque oficialista había logrado mantener disciplina suficiente para sacar adelante reformas estructurales. Pero esta vez la alianza se fracturó públicamente.
El PT argumentó que la iniciativa podía conducir a la consolidación de un partido dominante y debilitar la pluralidad política, mientras que el Partido Verde señaló que el proyecto afectaba las condiciones de competencia entre partidos al modificar el sistema de representación proporcional y el financiamiento electoral.
En el fondo, ambos partidos defendían su propio modelo de supervivencia. El sistema actual de plurinominales y prerrogativas es precisamente el mecanismo que les ha permitido crecer electoralmente al amparo de la coalición con Morena.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum adoptó una postura calculada. Evitó presionar públicamente a sus aliados y sostuvo que su compromiso era presentar la reforma, dejando en manos del Congreso la decisión final.
“Cada quien que decida”, dijo en días previos, subrayando que —según encuestas citadas por su gobierno— una amplia mayoría de la población respalda cambios para reducir el costo del sistema electoral.
Pero en política rara vez existe un solo camino. Apenas se confirmó la votación adversa, dirigentes de Morena adelantaron que el oficialismo ya prepara un “plan B” legislativo, que consistiría en impulsar modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, cambios que no requieren mayoría calificada para aprobarse.
La ruta recuerda al intento realizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando se buscó transformar el sistema electoral mediante legislación secundaria después de fracasar la reforma constitucional. Aquella estrategia fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte, pero hoy el oficialismo parece dispuesto a intentarlo de nuevo.
El fracaso de la reforma deja varias lecturas. Primero, evidencia que Morena no puede reformar la Constitución sin el respaldo pleno de sus aliados. Segundo, muestra que PT y Partido Verde están dispuestos a marcar límites cuando se tocan sus intereses electorales. Y tercero, revela que el equilibrio dentro de la coalición gobernante es más frágil de lo que parecía.
Para la presidenta Sheinbaum, el golpe es simbólico. La reforma electoral era considerada la última gran pieza del paquete institucional heredado por López Obrador desde su discurso del 5 de febrero de 2024, cuando planteó una transformación profunda del sistema político mexicano.
Hoy esa pieza quedó fuera del tablero.
Y en política, cuando los aliados empiezan a votar diferente, el mensaje suele ser el mismo: el verdadero partido apenas comienza.
El PRI cumplió 97 años y la conmemoración sirvió más para mirar el futuro que para celebrar el pasado. Desde la dirigencia nacional, Alejandro “Alito” Moreno aprovechó la fecha para enviar dos mensajes claros: rechazo frontal a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y un llamado a construir una gran alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027 y, eventualmente, a la presidencial de 2030.
El mensaje tiene un peso simbólico evidente. Durante décadas el PRI no necesitó alianzas para gobernar. Fue el partido que organizó el sistema político mexicano, controló la mayoría de los gobiernos estatales y dominó el Congreso de la Unión durante buena parte del siglo XX. Hoy, en cambio, el priismo se presenta como una pieza dentro de una posible suma opositora, consciente de que en solitario su margen electoral es cada vez más reducido.
La historia del PRI explica la dimensión de esa paradoja. El partido nació en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), diseñado para estabilizar el sistema político después de los años convulsos posteriores a la Revolución Mexicana. Con el tiempo se transformó en PRM y finalmente en el PRI, consolidando una maquinaria política que marcó la vida pública del país durante gran parte del siglo XX.
Durante décadas el priismo construyó una red territorial que integraba sindicatos, organizaciones campesinas, empresarios y burocracias estatales. Ese modelo permitió mantener un sistema político centralizado donde el partido controlaba la Presidencia, el Congreso y la mayoría de las gubernaturas.
Sin embargo, el desgaste comenzó a notarse hacia finales del siglo pasado. Las presiones sociales por mayor apertura política, la crisis económica de los años ochenta y el cuestionado proceso electoral de 1988 erosionaron su legitimidad. El golpe definitivo llegó en 2000, cuando el triunfo de Vicente Fox llevó al PAN a la Presidencia y puso fin a más de siete décadas de dominio priista.
El PRI demostró que aún tenía capacidad de recuperación en 2012, cuando Enrique Peña Nieto regresó al partido al poder. Aquella etapa incluyó el Pacto por México, un acuerdo entre PRI, PAN y PRD que permitió aprobar reformas estructurales en materia energética, educativa y de telecomunicaciones.
Hoy el partido conserva estructuras locales y operadores políticos en varias regiones, pero su capacidad de movilización electoral está muy lejos de la que tuvo en décadas anteriores.
En ese contexto se entiende el llamado de Alejandro Moreno a reconstruir una alianza opositora. La lógica es simple: si la oposición compite fragmentada, Morena podría mantener su dominio electoral en los próximos procesos. En cambio, una coalición entre partidos opositores podría equilibrar la contienda.
El problema es que esa suma no es sencilla. Cada partido opositor representa electorados distintos y, en muchos casos, contradictorios. El PAN mantiene mayor conexión con votantes urbanos, empresariales y conservadores. El PRI conserva redes territoriales en zonas rurales, sectores corporativos y estructuras locales heredadas de su pasado hegemónico. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha construido su narrativa política entre votantes jóvenes, urbanos y distantes tanto del morenismo como del priismo tradicional.
Unir esos perfiles en una sola marca electoral no solo es complicado desde el punto de vista estratégico; también lo es desde la identidad política de cada partido.
La llegada de Jorge Romero a la dirigencia del PAN refuerza esa dificultad. El nuevo liderazgo panista ha dejado claro que el partido buscará reconstruir su identidad propia antes que diluirse en alianzas amplias. Para Movimiento Ciudadano, aceptar una coalición con PRI y PAN implicaría cargar con el peso simbólico del priismo ante un electorado que valora precisamente la distancia con los partidos tradicionales.
Así, el PRI enfrenta una paradoja histórica. Para seguir siendo relevante necesita aliados, pero una alianza mal diseñada también podría acelerar su dilución política dentro de un bloque más grande.
De lo contrario, el partido que alguna vez dominó la política mexicana podría convertirse en una pieza secundaria dentro de un sistema que él mismo ayudó a construir.
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