POR: LIC. EDER FERNANDO ARREOLA DUARTE
El pasado lunes 02 de marzo, se conmemoró el llamado “Día Mundial del Bienestar para Adolescentes”. Vale la pena precisar que no fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino por la iniciativa privada estadounidense, a través de la empresa Hollister Co., en colaboración con organizaciones dedicadas a la salud mental. Su objetivo declarado es visibilizar y romper estigmas en torno a trastornos como la depresión y la ansiedad que afectan a millones de jóvenes en el mundo.
En nuestro país, patologías como la depresión y la ansiedad parecen ganar terreno día con día. Es cada vez más frecuente escuchar en medios de comunicación y en la vida cotidiana casos de conocidos, amigos o familiares que enfrentan estas enfermedades que, aunque no son nuevas, hace 25 años rara vez se diagnosticaban o se hablaban abiertamente.
Según estimaciones de la OMS, alrededor del 3.8% de la población mundial vive con depresión. En México, la prevalencia estimada es cercana al 4.5% en la población general. De acuerdo con datos del INEGI y la ENSANUT, aproximadamente el 15% de los mexicanos ha presentado síntomas depresivos en algún momento de su vida. Las mujeres registran casi el doble de prevalencia que los hombres y, en adolescentes, entre 6% y 10% reportan tristeza persistente o síntomas depresivos frecuentes.
En el ámbito regional, las cifras de 2023 según el INEGI muestran que Durango se encuentra entre las TRES entidades con mayores tasas de depresión del país, mientras que Coahuila también está por encima del promedio nacional. Estos datos obligan a reflexionar, amable lector ¿por qué vivimos en una sociedad cada vez más deprimida?
Aunque diversas instituciones gubernamentales abordan el tema mediante campañas y estrategias preventivas, las cifras en nuestra región continúan en aumento, en muchos casos desembocando en intentos suicidas. La problemática no puede entenderse únicamente desde la biología o el ámbito clínico; también responde a factores sociales profundos.
La fragilidad del tejido social, la incertidumbre económica, la falta de oportunidades reales para los jóvenes y la pérdida de referentes sólidos —incluidos los roles claros de padre y madre dentro de la familia como guías formativos y figuras de autoridad— generan un entorno emocional adverso. Nuestros adolescentes crecen en una sociedad que les exige éxito inmediato, productividad constante y perfección permanente, pero que al mismo tiempo les ofrece pocas certezas y, sobre todo, carece de un proyecto de vida claro que les permita orientar sus esfuerzos hacia un futuro con sentido y dirección.
Tal vez resulte incómodo decirlo, pero debemos replantearnos el modelo familiar y social que estamos promoviendo. Durante buena parte del siglo XX —particularmente en las décadas de 1960, 1970 y 1980— la familia mexicana se caracterizaba por una estructura más definida: presencia constante de los padres o de figuras de autoridad, roles claros, normas establecidas, convivencia cotidiana y una transmisión directa de valores como el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la solidaridad. No era un modelo perfecto ni exento de errores, pero funcionaba como la primera red de contención emocional y como espacio formativo del carácter. En ese entorno se aprendía a tolerar la frustración, a asumir consecuencias y a reconocer límites.
Recuperar la importancia de la familia como núcleo formador no implica regresar a esquemas autoritarios ni renunciar a derechos conquistados, sino fortalecer su papel como espacio de guía, acompañamiento y construcción de identidad emocional para las nuevas generaciones. Implica también revalorar el tiempo compartido, la comunicación directa y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en el hogar. El Estado tiene una obligación ineludible. No se puede exigir estabilidad emocional a jóvenes que enfrentan desempleo, informalidad o salarios insuficientes. La falta de oportunidades no solo impacta la economía personal; erosiona la esperanza y alimenta la sensación de estancamiento social.
Es deber del Estado es generar empleos dignos, accesibles y bien remunerados para los jóvenes, crear incentivos reales para su inserción laboral y garantizar que el esfuerzo tenga recompensa tangible. Asimismo, los programas preventivos en salud mental no pueden reducirse a jornadas simbólicas o publicaciones ocasionales; deben convertirse en políticas públicas permanentes, con presupuesto suficiente y cobertura real en escuelas y comunidades.
Solo mediante el fortalecimiento simultáneo de la familia y de las políticas públicas podremos enfrentar de manera integral esta crisis silenciosa; o, ¿usted qué opina?