La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La reforma electoral llegó finalmente a la Cámara de Diputados y, con ella, comenzó el verdadero juego político. Después de semanas de anuncios, filtraciones y retrasos, el documento aterrizó en San Lázaro en medio de un ambiente que oscila entre la estrategia, el cálculo y el escepticismo. Incluso dentro del propio oficialismo hay dudas sobre si el pesimismo de Ricardo Monreal respecto al futuro de la iniciativa es parte de una maniobra política, un pleito previamente arreglado o una resignación auténtica ante la aritmética legislativa.
De entrada, la oposición cerró filas. PAN y PRI reiteraron que no votarán a favor del proyecto ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Movimiento Ciudadano, fiel a su estilo, optó por un silencio calculado que deja abierta cualquier posibilidad de negociación futura. En cambio, los aliados del oficialismo —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— mantuvieron hasta el último momento una postura ambigua que refleja más negociación que convicción ideológica.
El problema es sencillo de explicar, pero complejo de resolver: la reforma toca directamente el modelo de supervivencia de los partidos pequeños. Las modificaciones planteadas sobre financiamiento público y representación proporcional golpean el corazón de su estructura política. En otras palabras, lo que para Morena es una reforma para “abaratar la democracia”, para sus aliados puede ser una reforma que les quite el oxígeno.
Los números explican la tensión. El Partido Verde tiene hoy 60 diputados federales; en 2017 tenía apenas 38. El PT pasó de no tener representación a contar con 49 legisladores. Ambos crecieron al cobijo de la coalición con Morena. En la elección de 2024, entre los dos sumaron más de ocho millones de votos en diputaciones federales, lo que les dio capacidad de veto en cualquier reforma constitucional. En política parlamentaria, ese poder no se regala ni se entrega voluntariamente.
Por eso la reforma ha colocado a Ricardo Monreal en el centro del tablero. Tras la salida de Adán Augusto López del Senado, el zacatecano quedó como el principal operador político del oficialismo en el Congreso. Si la reforma fracasa, la responsabilidad recaerá inevitablemente en su capacidad de negociación. Y en política, la imagen de operador eficaz es un capital que puede evaporarse en cuestión de días.
Pero el conflicto no es únicamente legislativo. También es estratégico. En enero, Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo de unidad rumbo a las elecciones de 2027 y manifestaron su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Apenas un mes después, la presidenta envió una reforma electoral sin consenso con esos mismos aliados. El resultado fue inmediato: el Verde y el PT marcaron distancia y comenzaron las presiones públicas.
La disputa revela un dilema mayor rumbo a 2027. En esa elección se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de mil municipios. Será la primera prueba electoral del sexenio de Sheinbaum. Si Morena compite sin el apoyo de sus aliados, medirá por primera vez su fuerza electoral en solitario. Si gana con amplitud, consolidará su autonomía política. Si pierde terreno, quedará claro que la coalición era más necesaria de lo que se pensaba.
En medio de esta disputa también emerge otra preocupación: la reforma electoral ignora uno de los problemas más graves del sistema político actual, la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Entre los diez puntos presentados por el gobierno no aparece un bloque específico para enfrentar las llamadas narcoelecciones. No hay mecanismos claros para anular comicios contaminados por violencia criminal ni filtros efectivos para impedir candidaturas financiadas por redes ilícitas.
Los números actuales ilustran el problema. En 2024, Morena obtuvo alrededor de 54% de los votos, pero junto con sus aliados terminó controlando cerca del 73% de la Cámara de Diputados. Ese desequilibrio es uno de los principales argumentos de quienes advierten que la reforma no busca equilibrar el sistema, sino consolidar la hegemonía política del oficialismo.
El desenlace definirá algo más que una reforma legislativa. Definirá el equilibrio interno del oficialismo rumbo a 2027 y, sobre todo, la forma en que el poder se distribuirá en la segunda mitad del sexenio.
Luis Donaldo Colosio Riojas vuelve a aparecer en el radar político rumbo a las elecciones estatales de 2027. Su nombre circula entre dos escenarios distintos: Nuevo León, donde se formó políticamente, y Sonora, la tierra donde nació su apellido político. La dualidad no es una ocurrencia improvisada. Forma parte de la estrategia territorial de Movimiento Ciudadano, un partido que busca dejar de ser una fuerza regional para convertirse en un actor nacional competitivo.
Actualmente, el partido naranja gobierna dos estados estratégicos: Nuevo León y Jalisco. Esa base territorial define buena parte de su cálculo rumbo a 2030. La dirigencia encabezada por Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez sabe que si quiere competir seriamente por la Presidencia necesita ampliar su mapa político. En esa lógica, entidades como Veracruz, Aguascalientes y ahora Sonora han comenzado a aparecer en la agenda de expansión del partido.
Sonora entra al tablero con un elemento simbólico poderoso: el origen político del apellido Colosio. La legislación estatal permite aspirar a la gubernatura a quienes nacieron en la entidad, y Luis Donaldo Colosio Riojas cumple con ese requisito. El problema no es jurídico, sino político. Movimiento Ciudadano tiene en Sonora un piso electoral todavía modesto. En la elección presidencial de 2024, el candidato naranja Jorge Álvarez Máynez obtuvo poco más de 100 mil votos en el estado, dentro de una votación total que superó el millón de sufragios. Construir una candidatura competitiva exigiría multiplicar esa base, crear estructura municipal y enfrentar la inevitable etiqueta de “candidato importado”.
Mientras tanto, en Nuevo León la ecuación es distinta. Ahí Movimiento Ciudadano enfrenta el desafío de conservar el gobierno estatal cuando termine el mandato de Samuel García en 2027. En ese escenario surge otro nombre dentro del propio movimiento: Mariana Rodríguez Cantú. Su candidatura a la alcaldía de Monterrey en 2024, aunque derrotada, le permitió obtener más de 170 mil votos y consolidar una presencia política real dentro del electorado metropolitano. Si Colosio opta por Sonora, Mariana podría convertirse en la figura natural para defender la gubernatura. Si Colosio decide quedarse en Nuevo León, el tablero interno del partido cambiaría y Mariana podría buscar una candidatura al Senado.
La biografía personal de Colosio explica en parte ese perfil. Creció y se formó en Nuevo León bajo la tutela de su tía Diana Laura Riojas tras el asesinato de su padre y la muerte de su madre. Durante años se mantuvo alejado de la política, incluso por consejo del priista Ricardo Canavati Tafich, quien lo impulsó en su etapa profesional dentro de un despacho jurídico. Pero el peso del apellido terminó arrastrándolo inevitablemente hacia la arena pública.
El debate sobre su futuro político se entrelaza además con movimientos más amplios en el tablero nacional. En Nuevo León, por ejemplo, tanto Morena como Movimiento Ciudadano tienen interés en frenar al priista Adrián de la Garza, quien derrotó a Mariana Rodríguez en la contienda municipal de Monterrey en 2024. La posibilidad de que Colosio se traslade políticamente a Sonora despejaría el camino para que Mariana se convierta en la carta fuerte del movimiento naranja en el estado.
En Sonora, por otro lado, el escenario también tiene su propia carga simbólica. El gobernador Alfonso Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta en los años previos a su asesinato en 1994. Una eventual candidatura del hijo del excandidato presidencial en esa entidad tendría inevitablemente resonancias históricas que podrían jugar tanto a favor como en contra.
Detrás de estas jugadas también aparece una lectura más amplia: la posible reconfiguración de alianzas rumbo a 2027 y 2030. En algunos círculos políticos se especula incluso con la posibilidad de que Movimiento Ciudadano termine sustituyendo al Partido Verde o al PT como aliado legislativo del oficialismo si las tensiones entre Morena y sus socios actuales continúan creciendo.
Porque en la política mexicana los apellidos ayudan, abren puertas y generan expectativas. Pero a la hora de ganar elecciones, la historia demuestra que nunca son suficientes por sí solos.
El PRI conmemoró ayer su aniversario número 97. Llegó a la fecha con los achaques propios de la edad, con el desgaste natural de quien ejerció el poder durante décadas y con la carga histórica de sus errores. Pero también con algo que pocos partidos en México pueden presumir: haber moldeado buena parte de la arquitectura política del país.
Porque, si se mira con frialdad histórica, el viejo partido tricolor no solo gobernó México durante gran parte del siglo XX. También procreó una larga descendencia política. Algunos de sus hijos se rebelaron en los años ochenta y noventa cuando consideraron que el patriarca ya no repartía la herencia como ellos querían. De ese enojo nació el PRD, formado por antiguos priistas que decidieron construir su propia casa política.
Con el tiempo, aquellos hijos también tuvieron descendencia. De esa segunda generación surgió Morena, un movimiento que hoy gobierna el país y que se presenta como ruptura con el pasado, aunque buena parte de sus cuadros políticos se formaron precisamente en las filas del viejo partido.
Y en ese sentido, el viejo PRI —con todos sus defectos, contradicciones y nostalgias— puede presumir algo que ningún otro partido ha logrado: haber sido la casa donde se formó gran parte de la clase política que hoy gobierna México.
Por eso, pese a los augurios de quienes lo han dado por muerto varias veces, el abuelo sigue ahí. Disminuido, sí. Golpeado, también. Pero todavía respirando en un sistema político que, para bien o para mal, sigue teniendo mucho de su ADN.
Los alcaldes de las principales ciudades del país colocaron sobre la mesa un tema que desde hace años se repite en voz baja en los gobiernos municipales: la seguridad pública no puede seguir siendo una responsabilidad fragmentada. Reunidos en Coahuila, los integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) pidieron al Gobierno federal fortalecer la coordinación con estados y municipios para enfrentar el avance de la violencia en distintas regiones del país.
La voz que encabezó ese planteamiento fue la del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien recientemente asumió la presidencia nacional de la Asociación durante la sesión celebrada en la capital coahuilense. En su mensaje de toma de protesta, Díaz subrayó que las capitales concentran buena parte de la actividad económica, administrativa y social del país, pero paradójicamente enfrentan limitaciones presupuestales y operativas para atender problemas como la inseguridad, la movilidad o el crecimiento urbano.
La elección de Coahuila como sede del encuentro no fue casual. El estado se ha convertido en referencia nacional en materia de seguridad pública y coordinación institucional. En ese contexto, Díaz González destacó que el modelo aplicado en la entidad —basado en colaboración permanente entre federación, estado, municipios, fuerzas armadas y sociedad civil— demuestra que la coordinación real puede generar resultados tangibles.
La Asociación de Ciudades Capitales de México, creada hace algunos años cuando Manolo Jiménez Salinas era alcalde de Saltillo, nació precisamente con ese propósito: articular una agenda común entre las capitales del país para intercambiar experiencias, impulsar políticas públicas conjuntas y gestionar recursos federales que permitan fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.
Hoy, ya como gobernador de Coahuila, Jiménez continúa respaldando esa iniciativa como un espacio de diálogo institucional entre distintos niveles de gobierno. El planteamiento central es sencillo: las ciudades capitales concentran población, infraestructura estratégica, servicios y actividad económica, por lo que su estabilidad y seguridad tienen impacto directo en el desarrollo de cada entidad.
En ese sentido, la presidencia de Javier Díaz al frente de la Asociación abre una nueva etapa para este organismo que busca posicionarse como interlocutor entre los gobiernos locales y la Federación. Su mensaje fue claro: sin coordinación real entre los tres niveles de gobierno será difícil construir soluciones duraderas a los problemas que hoy enfrentan las principales ciudades del país.
Porque cuando se trata de seguridad, desarrollo urbano y gobernabilidad, las capitales del país no solo representan centros administrativos. Representan también el pulso real de lo que ocurre en cada estado.
El debate sobre la violencia vicaria comienza a escalar en Coahuila y amenaza con convertirse en algo más que una discusión jurídica. Lo que inició como una duda técnica sobre la correcta aplicación de la ley ya provocó un intercambio de posiciones entre el Poder Judicial y el Congreso local, un escenario que podría derivar en un choque de criterios entre poderes.
El origen de la discusión se encuentra en el exhorto que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, envió al Congreso del Estado para solicitar una revisión de la figura legal de la violencia vicaria. El planteamiento busca aclarar si la redacción actual del Código Penal establece que este delito se aplica exclusivamente contra padres varones o si la norma debería revisarse para precisar su alcance jurídico.
La postura del Poder Judicial surgió tras un acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional, donde por unanimidad los magistrados respaldaron enviar este exhorto al Legislativo. La intención, según explicó el propio Mery Ayup, no es desvirtuar la finalidad protectora de la norma, sino evitar interpretaciones jurídicas que puedan generar tensiones o inconsistencias en su aplicación. El presidente del tribunal subrayó que el principio que debe prevalecer por encima de cualquier debate es el interés superior de la niñez, especialmente en contextos de conflictos familiares donde los menores pueden convertirse en víctimas indirectas.
Sin embargo, la reacción del Congreso fue inmediata. La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, cuestionó públicamente la iniciativa del magistrado presidente al señalar que desconocía que el Poder Judicial pudiera enviar exhortos al Congreso. Con ello, lo que comenzó como una solicitud técnica terminó abriendo un debate institucional sobre los alcances de cada poder en la discusión legislativa.
Y en este caso, como lo recordó el propio tribunal, la prioridad debe ser el interés superior de la niñez.
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