I.- ENTRE LA CONFIANZA Y LA TENTACIÓN DEL DINERO PÚBLICO
El caso del Telebachillerato Comunitario La Popular, en Gómez Palacio, abre una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué tan blindados están los recursos públicos cuando se entregan directamente a la comunidad?
El programa federal, “La Escuela es Nuestra”, nació con una lógica que, en principio, parece correcta. En lugar de que el dinero se pierda en la burocracia o en contratos inflados, se deposita directamente en manos de los comités de padres de familia para que decidan cómo mejorar sus escuelas. La idea, es empoderar a la comunidad educativa. Pero, esa misma confianza, sin vigilancia efectiva, puede convertirse en un terreno fértil para irregularidades.
La denuncia por la desaparición de 600 mil pesos destinados a la construcción de aulas en el Telebachillerato La Popular, no es un asunto menor. Es dinero público. Es dinero que tenía un destino claro: infraestructura para estudiantes que muchas veces estudian en condiciones precarias.
Más grave aún es que, de acuerdo con lo expuesto por padres de familia y autoridades regionales del programa, la tesorera del comité habría reconocido en reuniones que no tiene el dinero. Incluso, según el propio director regional de Bienestar, su respuesta fue contundente: “prefiero pagar con cárcel”. Una frase que, por sí sola, debería encender todas las alarmas institucionales.
Este caso revela un vacío peligroso en el modelo operativo del programa. Si bien es cierto que los comités escolares son elegidos por la comunidad y que la dependencia federal no administra directamente el recurso, también es cierto que se trata de dinero público. Y cuando el dinero público desaparece, alguien tiene que responder.
II.- LA IMPROVISACIÓN POLÍTICA
El riesgo es que situaciones como esta terminen erosionando la confianza en programas que, en muchos casos, sí han beneficiado a cientos de escuelas en el país. Pero también, es un error minimizar el problema bajo el argumento de que se trata de “casos aislados”. En materia de recursos públicos, un solo caso ya es demasiado.
Aquí hay tres víctimas claras: los estudiantes, que se quedaron sin aulas, los padres de familia, que confiaron en un comité, y el propio programa social que ahora carga con la sospecha.
La denuncia ante la fiscalía general de la República, deberá seguir su curso y determinar responsabilidades. Pero, más allá de lo jurídico, queda una pregunta de fondo: ¿quién vigila a los vigilantes cuando el dinero se entrega directamente a la comunidad?
Los programas sociales no solo necesitan presupuesto; necesitan mecanismos sólidos de transparencia, acompañamiento técnico y auditoría permanente. Porque cuando el control es débil, la tentación puede ser demasiado grande. Mientras tanto, en el Telebachillerato La Popular, los alumnos siguen esperando lo más básico: salones de clase.
III.- MIENTRAS SE MANIFIESTAN CIENTOS DE PERSONAS DEJAN DE RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA
La manifestación de brazos caídos realizada por personal sindicalizado en la Jurisdicción Sanitaria Número 02 deja una pregunta incómoda que nadie parece querer responder con claridad: ¿quién paga realmente las consecuencias de las disputas entre trabajadores y autoridades?
Durante 12 horas, usuarios que acudieron al primer nivel de atención se encontraron con puertas prácticamente cerradas, consultas suspendidas y servicios detenidos. Incluso, la jornada de vacunación en el Centro de Salud Isauro Venzor fue cancelada. Para muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores, madres con niños o personas sin recursos para acudir a un médico privado, el centro de salud es la única opción.
El sindicato argumenta que la protesta busca visibilizar carencias reales: falta de medicamentos, escasez de insumos y condiciones laborales precarias que —según señalan— llevan más de un año sin resolverse. También acusan omisión de las autoridades estatales, quienes presuntamente han ignorado llamados y solicitudes para revisar la situación en las unidades de salud de La Laguna.
La dirigente sindical aseguró que el segundo nivel de atención, como el Hospital General de Gómez Palacio, continuó operando con normalidad. Sin embargo, el primer nivel es precisamente la puerta de entrada al sistema de salud. Ahí se atienden consultas básicas, prevención, seguimiento de enfermedades crónicas y vacunación. Aquí es donde surge la contradicción. El sindicato asegura que su lucha también es por los pacientes, pero cuando la protesta implica detener la atención médica, el mensaje que recibe la ciudadanía es distinto. Porque al final, en el campo de batalla entre trabajadores y autoridades, el paciente termina siendo el daño colateral. Esto no significa ignorar las demandas del personal de salud. Si faltan medicamentos, insumos o condiciones dignas de trabajo, es obligación del gobierno atenderlo de inmediato. Los médicos, enfermeras y trabajadores de salud no deberían laborar en condiciones precarias. Pero tampoco se puede normalizar que la protesta se traduzca en consultas canceladas, vacunas suspendidas y ciudadanos sin atención médica. El problema de fondo es estructural. El sistema de salud público lleva años arrastrando carencias, improvisaciones administrativas y conflictos laborales que estallan periódicamente. Y cada vez que eso ocurre, la escena se repite: trabajadores protestando, autoridades guardando silencio y pacientes esperando.
