La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El aviso previo llegó desde Washington. El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó un complejo turístico presuntamente vinculado al entramado financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, atribuido a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. La reacción mexicana fue la habitual: Hacienda “toma nota”, la UIF revisa, se abre una investigación administrativa y se promete actuar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene razón. Pero detrás de ese trámite burocrático se estaba gestando algo mayor: la localización precisa del fundador del CJNG y la decisión de ir por él.
La narrativa oficial lo ha resumido en una frase que ya es doctrina: coordinación sin subordinación. Inteligencia del norte, operación del sur. Washington aporta datos, geolocaliza objetivos, comparte información estratégica; el Gabinete de Seguridad mexicano ejecuta con fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Es una fórmula que no nació ayer. Ha cambiado de nombre —Plan Mérida con Felipe Calderón fue el más visible— y fue ferozmente criticada por Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición. Sin embargo, tras años de enfriamiento en la cooperación con agencias como la DEA, CIA o FBI, hoy la coordinación con la administración de Donald Trump parece no solo normalizada, sino intensificada por la presión bilateral.
El operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con el abatimiento de El Mencho, representa hasta ahora el mayor golpe de la administración de Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que la acción derivó de labores de inteligencia militar con información complementaria de autoridades estadounidenses. El objetivo inicial era detenerlo y trasladarlo a la Ciudad de México para su eventual entrega a Estados Unidos; ese era el guion. Pero algo salió mal. El círculo de seguridad del capo respondió con una capacidad de fuego superior a la prevista y el enfrentamiento terminó con su muerte cuando, herido, era evacuado.
Con el paso de las horas se confirmó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional en distintos ataques vinculados a la reacción del CJNG. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de manera escueta; la ausencia de detalles alimentó rumores y desinformación. En paralelo, desde el Ejército se activó código rojo ante reportes de posibles represalias contra familiares de militares y bases operativas, un eco inquietante del antecedente sinaloense tras la captura y posterior traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, que derivó meses después en una guerra interna que aún no termina.
El golpe tiene dimensiones políticas y estratégicas. En Estados Unidos se interpretó como una señal de que México entendió el clima en Washington tras la caída de los aranceles globales y la expectativa de mayores exigencias en materia de seguridad. Extraoficialmente se habla de un Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto contra los Cárteles que habría sido clave en el mapeo de redes del CJNG desde diciembre pasado. La cooperación existe y es profunda, aunque el discurso doméstico insista en la no subordinación.
Sin embargo, la historia no termina con la muerte del líder. La experiencia comparada sobre descabezamiento de organizaciones criminales muestra que la eliminación de un jefe no implica la desaparición del grupo; con frecuencia abre ciclos de fragmentación y violencia por la sucesión. El CJNG, descrito por el Tesoro estadounidense como una organización transnacional diversificada —narcotráfico, huachicol, extorsión, fraudes—, posee redes regionales y fortaleza financiera suficientes para reacomodarse. El riesgo no es la venganza inmediata, sino la demostración de fuerza de los aspirantes a sucederlo.
En ese contexto, la segunda fase —la contención y prevención de represalias— es ahora la prioridad. No basta el golpe espectacular; se requiere inteligencia sostenida, coordinación real con estados y municipios y una comunicación institucional robusta que evite pánico y rumores. La administración de la crisis también se mide por la continuidad de la vida cotidiana: movilidad, comercio, escuelas, aeropuertos. Lo ocurrido dejó ver dónde el CJNG tiene mayor influencia y dónde debe ajustarse la estrategia.
En términos de opinión pública, un sondeo de la consultora De las Heras realizado al día siguiente del operativo otorgó una calificación de 8.3 al despliegue de las fuerzas armadas; 55% consideró que la imagen presidencial mejoró y 28% que empeoró. Es el efecto inmediato del liderazgo en crisis. Pero las encuestas capturan el instante, no el desenlace. La verdadera prueba no es el domingo del operativo, sino los meses posteriores, cuando se sabrá si México evitó convertirse en otro Sinaloa o si el reacomodo criminal abre una nueva etapa de violencia.
La inquietud no es ajena a la Federación Mexicana de Futbol. Directivos y organizadores saben que la estabilidad es un activo indispensable cuando se trata de un torneo que mueve miles de millones de dólares y millones de visitantes. Guadalajara albergará cuatro partidos y en marzo está programado un amistoso de alto perfil entre México y Portugal, con Cristiano Ronaldo como principal figura. La Federación Portuguesa ya anunció una “evaluación continua” sobre las condiciones de seguridad; Air Canada suspendió vuelos a Puerto Vallarta; y la FIFA solicitó garantías formales para el desarrollo del campeonato. Aunque públicamente no hay intención de retirar sedes, la realidad es que el país está bajo observación.
Desde Palacio Nacional la consigna fue clara: “México es fuerte y continúa su vida normal”. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la mayor parte del país hay plena normalidad y ofreció garantías totales para selecciones y aficionados. A su voz se sumaron la Femexfut, la Liga MX y gobernadores de las sedes mundialistas con la promesa de operativos especiales encabezados por Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías locales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En Nuevo León, incluso, el gobernador Samuel García presentó el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, una alianza con la iniciativa privada para rehabilitar espacios urbanos, fortalecer la seguridad y proyectar una imagen moderna de cara al torneo. El mensaje es inequívoco: el Mundial no se toca.
La pregunta de fondo es si el golpe al crimen organizado será seguido por una estrategia de contención eficaz que disipe cualquier duda antes de que el primer silbatazo inaugure la Copa. Porque en el tablero mundialista no solo se juegan goles; también se juega soberanía, confianza y liderazgo. Y en ese terreno, el adversario no siempre está en la cancha.
La elección de 2024 dejó una fotografía clara del país: una hiperconcentración del poder y, al mismo tiempo, un vacío político considerable. Claudia Sheinbaum ganó con 59% de los votos; Xóchitl Gálvez obtuvo 27% y Jorge Álvarez Máynez 10%. Es decir, alrededor de 40% del electorado eligió algo distinto a Morena-PT-PVEM, mientras casi 39% simplemente no salió a votar. Millones que no se alinean ni con el oficialismo ni con la oposición tradicional. Ese es el tamaño del espacio disponible rumbo a 2027: un mercado real, medible y cansado.
Pero el dato más incómodo no es aritmético, sino emocional. Dos de cada tres mexicanos no confían en los partidos políticos, según Inegi. No es solo un problema ideológico; es una crisis de credibilidad. Morena tiene narrativa diaria desde Palacio Nacional; fija agenda, repite mensaje y construye identidad frente a un adversario. La oposición responde tarde y a la defensiva. PAN y PRI cargan desgaste histórico; Movimiento Ciudadano no logra consolidación nacional. En ese terreno emergen intentos de nuevos partidos que buscan representar a clases medias urbanas que no quieren regresar al PRI, a jóvenes que no conectan con discursos setenteros, a votantes conservadores desencantados del PAN y, en general, a ciudadanos que ya no creen.
Tres proyectos destacan. Somos México, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto, pretende erigirse como opción institucionalista defensora de contrapesos y órganos autónomos; su desafío es demostrar que no es reciclaje partidista. Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), con raíces en el antiguo PES y estructura evangélica, tiene experiencia en alianzas y vocación de bisagra; el riesgo es repetir hábitos de partido satélite. México Tiene Vida, de perfil provida y conservador, logró registro local en Nuevo León y busca ampliar agenda más allá del eje moral, aunque arrastra señalamientos de cercanía con actores de MC y del oficialismo. Las tres superaron el mínimo de afiliaciones, lo que implica estructura y recursos; el reto es pasar de oposición testimonial a alternativa creíble.
En el trasfondo está el dinero. El financiamiento público para partidos nacionales en 2026 supera los 7 mil millones de pesos. Desde 2015 a 2025 han recibido alrededor de 75 mil millones. El incentivo es enorme; también el riesgo, pues no alcanzar 3% implica perder registro. El dilema es si la reforma electoral tocará ese dinero o solo reacomodará cuotas de poder.
El conflicto es doble: político y operativo. Político porque los aliados no quieren perder plurinominales ni financiamiento; operativo porque el texto debe armonizarse con la Constitución y superar la prueba de los 90 días previos al proceso electoral de 2027. Hay propuestas polémicas, como modificar la fórmula de asignación de pluris —100 para los mejores segundos lugares y 100 designados por partidos—, reducir senadores de 128 a 96 eliminando plurinominales, recortar 25% de financiamiento y permitir participación abierta de partidos en consultas como la revocación de mandato. Se plantea también reducir consejeros del INE y desaparecer OPLES permanentes. Nada, en cambio, sobre sanciones efectivas por financiamiento ilícito.
En otro frente, el movimiento obrero tradicional ha encontrado su fórmula de transición. Tal como adelantamos desde diciembre, Carlos Aceves del Olmo dejó oficialmente la conducción de la Confederación de Trabajadores de México y el relevo recae en Tereso Medina. La decisión no fue producto del azar ni de una competencia abierta, sino de semanas de negociación interna entre federaciones estatales y sindicatos nacionales que optaron por una salida en unidad para evitar fracturas en una central que durante años fue ignorada desde Palacio Nacional.
El contexto es revelador. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la CTM y otras centrales tradicionales quedaron fuera del radar político. El nuevo sindicalismo impulsado por la reforma laboral y el protagonismo de figuras como Pedro Haces con la CATEM desplazaron al viejo aparato cetemista. Sin embargo, con Claudia Sheinbaum el tono parece distinto. La presidenta envió en son de paz al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, a tender puentes. La señal es clara: la CTM ya no será invisible. Nueva política obrera, más pragmática que ideológica.
La elección fue negociada y planchada. Tereso Medina, líder histórico en Coahuila y figura conocida en los pasillos del sindicalismo nacional, fue impulsado por sus antecesores y encontró en el diputado Fernando Salgado un aliado estratégico. Salgado declinó a sus aspiraciones para ocupar la secretaría general y, salvo sorpresa de última hora, asumirá como secretario general adjunto, consolidando una fórmula de equilibrio interno. La prioridad era evitar competencia y exhibir cohesión; el mensaje, mostrar renovación sin ruptura.
La influencia gubernamental en este proceso no pasa desapercibida. Para la 4T, recomponer la relación con la CTM tiene sentido político y electoral. Los gobiernos recientes han mantenido distancia con la clase trabajadora organizada y no siempre la han incorporado en negociaciones clave como el T-MEC. Ahora, con casi un millón 873 mil afiliados registrados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y más de 13 mil contratos colectivos vigentes, la CTM sigue siendo un actor con peso específico. Y votos son votos.
La pregunta no es si habrá diálogo con Palacio, sino en qué términos. La CTM quiere recuperar centralidad; el gobierno quiere estructura territorial y legitimidad laboral. El entendimiento parece conveniente para ambos. El viejo movimiento obrero priista se reacomoda en tiempos de la 4T. Cambian los actores, se ajustan los pactos, pero la lógica de poder permanece.
Y así, entre unidad negociada y pragmatismo político, Tereso Medina toma las riendas de la CTM en una etapa que promete menos estridencia y más cálculo. En política laboral, como en otras arenas, nada se mueve sin acuerdos previos… ¡Enhorabuena a Tereso Medina, nuestro paisano y amigo!
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