La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La grabación difundida sobre el caso del huachicol fiscal no es una filtración menor ni un episodio más en la larga lista de escándalos de la administración pasada. Es una conversación directa, documentada, entre el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar —posteriormente asesinado— y dos figuras centrales de la Secretaría de Marina: el entonces titular, José Rafael Ojeda Durán, y quien hoy encabeza la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles. En ese encuentro, el oficial expone con detalle el esquema de corrupción que operaba en las Aduanas desde 2021, cuando por decisión presidencial la Marina asumió su control con la promesa de limpiar redes históricas de contrabando, evasión fiscal y colusión empresarial. Lo que relata no son sospechas, sino mecanismos precisos, nombres propios y cifras descomunales que configuran uno de los mayores desfalcos al erario en la historia contemporánea: el llamado huachicol fiscal, cuyo daño estimado ronda los 600 mil millones de pesos.
Guerrero Alcántar explicó cómo funcionaba la estructura, cómo se manipulaban importaciones, cómo se subvaluaban combustibles y cómo se pretendía involucrarlo para legitimar operaciones irregulares. En el centro de la denuncia aparecieron los sobrinos del entonces secretario Ojeda, Fernando Farías Laguna —actualmente prófugo— y Manuel Roberto Farías Laguna, hoy detenido y sujeto a proceso. El audio revela no sólo conocimiento, sino deliberación. En un momento crucial de la conversación, Ojeda plantea dos caminos: “destaparlo todo” sin importar quién caiga o “cerrarlo internamente”, cambiar mandos y dispersar responsabilidades. No es una frase menor; es la admisión de que el problema existía y era conocido en la cúspide del mando naval. Pidió que todo se pusiera por escrito. El contralmirante lo hizo. Días después fue transferido a Puerto Chiapas; antes de asumir, solicitó vacaciones en Manzanillo. Ahí fue ejecutado por sicarios en motocicleta. El principal denunciante del esquema había sido eliminado.
Meses después, cuando el daño fiscal ya no podía ocultarse y la presión mediática crecía, comenzaron las detenciones. Hasta ahora se reportan once personas procesadas, entre empresarios y agentes aduanales, y únicamente un integrante de la Marina —Manuel Roberto Farías— enfrenta cargos. Sin embargo, el núcleo del escándalo permanece intacto: el audio acredita que el exsecretario y el actual titular de la Semar tuvieron conocimiento directo del esquema. La responsabilidad, en este contexto, no es sólo penal; es política y administrativa, ya sea por acción o por omisión. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado recientemente las acusaciones vertidas en el libro de Julio Scherer Ibarra, argumentando que no alimentará polémicas sin sustento. Pero aquí no se trata de un libro ni de testimonios indirectos: existe una grabación. Y esa grabación obliga a responder si el discurso oficial de “cero impunidad” es un principio o una consigna circunstancial.
El episodio también ocurre en un momento delicado para el entorno presidencial. Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de López Obrador y hoy coordinador de asesores de Sheinbaum, apareció en el informe de la gobernadora Margarita González en Cuernavaca bajo una atmósfera de incomodidad evidente. La denuncia pública de Scherer sobre presuntos vínculos y triangulaciones financieras lo persigue, y el silencio institucional no ha logrado disipar dudas. En política, el silencio puede ser estrategia, pero también síntoma de vulnerabilidad.
Se fue. Pero no cayó.
Marx Arriaga dejó la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública envuelto en elogios desde Palacio Nacional, con reconocimiento institucional y la promesa implícita de nuevas responsabilidades. No salió bajo investigación, ni bajo señalamiento formal, ni bajo revisión administrativa. Salió, según el discurso oficial, por la puerta grande, después de haber encabezado uno de los proyectos más polémicos del sexenio anterior: la reconfiguración ideológica de los libros de texto gratuito que marcarán a generaciones completas.
El mensaje fue claro: su trabajo fue “sobresaliente”. Así lo definió el poder. Y en la lógica interna del movimiento, eso equivale a blindaje político.
No es menor el contexto. Arriaga no sólo enfrentó críticas externas por el contenido de los libros, sino que mantuvo confrontaciones abiertas con sectores académicos, con especialistas y, según versiones internas, incluso con el propio secretario Mario Delgado, a quien públicamente retó en más de una ocasión. A pesar de ello, la reprimenda no fue para él. El regaño presidencial fue para Delgado por no haber cuidado las formas de la destitución.
Es decir, el problema no fue el fondo. Fue la forma.
Con Arriaga se confirma una regla no escrita pero perfectamente entendida dentro del oficialismo: la 4T no enjuicia a nadie de la 4T.
Las excepciones son contadas y, por lo general, están vinculadas a rupturas o a casos donde la presión externa es insostenible. Hernán Bermúdez Requena, vinculado a La Barredora, cayó cuando el escándalo se volvió internacional. Diego Rivera Navarro fue detenido cuando el expediente ya no admitía contención. Pero hacia adentro, el escudo militante opera con eficacia.
El antecedente más claro fue Ignacio Ovalle Fernández, responsable de Segalmex, donde las irregularidades estimadas por organizaciones civiles rondaron los 15 mil millones de pesos. El desfalco terminó por sepultar a Seguridad Alimentaria Mexicana, pero Ovalle no enfrentó consecuencias proporcionales al daño. Se reubicó.
Hoy, las revelaciones de Julio Scherer Ibarra apuntan hacia operadores de primer nivel, mencionan presuntos desvíos de 27 mil millones de pesos en el caso de las indemnizaciones de Luz y Fuerza del Centro, y sugieren vínculos políticos incómodos. No obstante, el discurso oficial insiste en que no hay materia penal que perseguir.
La narrativa es otra: mirar hacia atrás.
Esa es la paradoja.
En el México de la transformación se castiga el ayer, pero el presente se administra políticamente. Y mientras la oposición exige coherencia entre discurso y acción, el oficialismo responde con la máxima que ya forma parte del manual no escrito del poder:
Ni con ese ayer… ni con nuestro hoy.
La oportunidad no llegó en forma de decreto ni de reforma estructural. Llegó en forma de libro y de crisis interna. Las revelaciones de Julio Scherer Ibarra en “Ni venganza, ni perdón”, sumadas al episodio público protagonizado por Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública, le abrieron a Claudia Sheinbaum un espacio político inesperado: la posibilidad de comenzar a desmontar, pieza por pieza, al ala dura del obradorismo que aún conserva posiciones estratégicas dentro del aparato gubernamental y que durante años operó como bloque ideológico autónomo, muchas veces por encima de las estructuras formales del Estado.
El libro de Scherer no es un ejercicio literario menor ni un ajuste emocional. Es un documento político que reabre heridas del sexenio anterior y señala, con nombres propios, la forma en que operaba el círculo rojo del poder. Alejandro Gertz Manero aparece como destinatario central del texto, pero los efectos colaterales alcanzan a Jesús Ramírez Cuevas, a Andrés Manuel López Beltrán y a diversos operadores del bloque más radical del movimiento. Scherer describe presiones, desvíos de poder, decisiones ideológicas impuestas como política pública y una disputa permanente por el control institucional. No es casual que las revelaciones emerjan justo cuando el obradorismo atraviesa su proceso de redefinición interna y cuando la presidenta aún busca consolidar su propia arquitectura de mando.
La disputa escaló cuando Mario Delgado intentó introducir cerca de cien ajustes a los libros impresos en el sexenio anterior, incluyendo la eliminación de prólogos y correcciones de forma y fondo detectadas en revisiones técnicas. Arriaga se negó. No sólo desobedeció, sino que acusó públicamente a la SEP de traicionar el proyecto educativo de López Obrador. El conflicto dejó de ser técnico y se convirtió en político: quién manda en el nuevo gobierno y hasta dónde llega la herencia ideológica del anterior.
Su salida fue un espectáculo en sí mismo. Acusó desalojo con fuerza pública; la SEP lo negó y anunció la conversión de su plaza a libre designación. Ofreció conferencia de prensa, exigió oficio formal de destitución y denunció una supuesta “captura de la derecha” dentro de la dependencia. Mario Delgado reconoció desacuerdos por actualización de contenidos y confirmó que se le había ofrecido un cargo diplomático. El propio Arriaga reveló que se trataba de una embajada en Costa Rica, la cual rechazó “por respeto a la causa”. El detalle no es menor: la designación de embajadores depende de la Presidencia. Eso indica que la decisión final no provenía de un subsecretario ni de presiones externas, sino del despacho presidencial.
El episodio mostró dos cosas. Primero, que Sheinbaum no está dispuesta a permitir enclaves ideológicos que operen por cuenta propia. Segundo, que el obradorismo duro aún se resiste a aceptar que el sexenio cambió. Durante casi cien horas Arriaga ocupó una oficina que ya no era suya, como si negociara condiciones o esperara instrucciones de alguna madrina poderosa del pasado. Finalmente salió con su oficio en mano y un cuadro de Carlos Marx bajo el brazo, declarando en el metro que jamás pidió dinero ni incurrió en irregularidades. Hasta ahora no hay investigación administrativa abierta. Hay salida política, no castigo judicial.
Todo esto se inserta en un patrón más amplio. Hugo López-Gatell fue enviado a Europa; Gertz Manero salió de la Fiscalía rumbo a Londres; Francisco Garduño dejó Migración; Romero Tellaeche fue removido del CIDE; Adán Augusto abandonó la coordinación de Morena en el Senado. Son movimientos que, más que rupturas, configuran un reacomodo silencioso del poder. Sheinbaum intenta recuperar un hiperpresidencialismo que López Obrador nunca le transfirió plenamente y que quedó fragmentado entre tribus, lealtades cruzadas y figuras con respaldo propio.
Aquí es donde el libro de Scherer adquiere relevancia estratégica. No sólo documenta el pasado; legitima ajustes en el presente. Las revelaciones permiten a la presidenta tomar distancia del bloque más radical sin confrontarlo frontalmente. En política, las crisis ajenas pueden convertirse en herramientas propias. Y lo que parecía un conflicto editorial en la SEP terminó siendo una pieza más en la reconfiguración del tablero interno del obradorismo.
El sexenio anterior terminó. El proyecto no. La disputa por su interpretación apenas comienza.
La señal es mala. Muy mala. Y dentro de Morena deberían estar leyéndola con atención quirúrgica.
El hecho de que el Partido Verde y el Partido del Trabajo hayan logrado frenar los aspectos medulares de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum no es un simple desacuerdo técnico; es un recordatorio de que la mayoría legislativa del oficialismo no es homogénea ni automática. Según Ricardo Monreal, no existe acuerdo con los aliados en materia de reducción de plurinominales ni en el ajuste al financiamiento público de los partidos. En consecuencia, la reforma podría enviarse “descafeinada”: la posible, no la deseada.
Monreal lo sintetizó con una frase que, en política, suele ser confesión: “Nadie está obligado a lo imposible”. Traducido: no habrá ruptura con las rémoras, pero tampoco habrá reforma profunda. Persistirá el propósito, pero nacerá mocho.
Adiós reforma electoral estructural.
En teoría, Verde y PT cuidan su parcela de poder y su supervivencia presupuestal. En la práctica, su resistencia impide que Morena concentre aún más espacios legislativos bajo el seudónimo de “movimiento”. Porque sin plurinominales, muchos partidos —incluidos los aliados— simplemente desaparecerían del mapa parlamentario. Y esa desaparición no conviene a quienes viven de la negociación permanente.
El Verde, por su parte, opera con mayor estridencia. Los senadores Manuel Velasco y Luis Armando Melgar han encabezado la resistencia abierta contra cualquier reducción que afecte la representación proporcional. Argumentan defensa de la pluralidad, pero también protegen su estructura de poder. Su cálculo es simple: sin pluris, el Verde se reduce drásticamente; con ellas, mantiene influencia nacional más allá de su fuerza territorial real.
Lo paradójico es que, en su defensa, terminan beneficiando a la oposición que Morena pretendía debilitar. PRI, PAN y MC conservarán sus espacios proporcionales al menos para la próxima Legislatura. No es un triunfo ideológico de la oposición; es una consecuencia de la aritmética legislativa del oficialismo.
La pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es quién manda realmente en la coalición gobernante. Porque cuando los aliados frenan al partido dominante, el mensaje es claro: la hegemonía tiene límites.
Y en política, los límites suelen ser el principio de algo más grande.
Los asistentes lo recuerdan con precisión.
En una reunión celebrada hace un par de semanas en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue categórica: no se autorizará el uso del presupuesto federal para financiar precampañas de candidatos del movimiento. La advertencia no fue retórica. Frente a coordinadores parlamentarios, operadores políticos y altos funcionarios, la presidenta pidió vigilancia estricta contra cualquier desvío de recursos públicos y dejó claro que los programas sociales no deben convertirse en botín personal ni en plataforma anticipada de promoción política.
En el encuentro se abordaron distintos temas —agenda legislativa, reformas pendientes, selección de candidaturas—, pero el mensaje central fue político: los apoyos sociales son de Estado, no patrimonio partidista. Sheinbaum subrayó que continuará sus propias giras por el país para promover los programas implementados desde el sexenio anterior y fortalecidos en el suyo, pero bajo un control centralizado del crédito político.
No todos salieron cómodos de esa reunión.
Los coordinadores parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal, con intereses claros en posicionar a perfiles como Andrea Chávez en Chihuahua y Saúl Monreal en Zacatecas, habrían entendido que la jefa del Ejecutivo no está dispuesta a ceder el manejo simbólico de más de un billón de pesos destinados a pensión para adultos mayores, becas, apoyos a madres solteras y demás transferencias sociales. Dos fuentes coinciden: Sheinbaum pretende asumir personalmente el liderazgo narrativo de esa política social.
Y en estricto sentido tiene razón: se trata de programas institucionales que deberían estar blindados de apropiaciones partidistas. No pertenecen a Morena ni a sus aspirantes. Son política pública financiada con recursos federales.
Sin embargo, aquí aparece la contradicción.
Mientras el discurso presidencial llama a evitar el uso electoral de los programas, en paralelo se prepara la maquinaria territorial para las 17 gubernaturas de 2027. Y el instrumento más efectivo para ello vuelve a ser la estructura del Bienestar. Delegaciones estatales se perfilan como plataformas de lanzamiento para futuros candidatos, permitiéndoles recorrer municipios, entregar apoyos y construir presencia política bajo el paraguas federal.
Lo adelantamos en enero: febrero sería el mes de las encuestas internas para privilegiar favoritos y medir negativos. La operación está en marcha. Delegados del Bienestar serán, salvo popularidad insuperable de algún perfil externo, los próximos abanderados.
Dos nombres ya estaban sobre la mesa.
Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, apunta a Colima para suceder a Indira Vizcaíno. No es una designación menor. La entidad arrastra problemas graves de violencia, y en el entorno personal del propio Delgado pesan episodios sensibles, como el asesinato de su tía María Eugenia Delgado y su prima Sheila Amezcua. Algunos interpretaron ese escenario como obstáculo; todo indica que no lo es. El Verde ha insinuado encuestas, pero la decisión parece encaminada.
El segundo caso es Rafael Marín Mollinedo. El responsable de la Agencia Nacional de Aduanas tendría lista una renuncia posdatada para el 1 de marzo. Ese mismo día asumiría la delegación del Bienestar en Quintana Roo tras la salida de Arturo Abreu. Movimiento quirúrgico. Plataforma territorial asegurada. Campaña en preparación, aunque nadie lo llame así.
En ambos casos se repite el patrón: discurso de neutralidad presupuestal arriba, operación territorial abajo.
Sheinbaum quiere centralizar el mérito y evitar cacicazgos internos. Los aspirantes quieren territorio, visibilidad y contacto directo con beneficiarios.
El equilibrio será frágil.
Porque en política, quien entrega el apoyo suele quedarse con la foto. Y quien tiene la foto, suele quedarse con la candidatura.
Este fin de semana Claudia Sheinbaum vuelve a Coahuila. No es una visita menor ni protocolaria. Es una gira de trabajo que incluye Monclova, Saltillo y San Pedro de las Colonias, en un momento donde la narrativa de seguridad, la operación territorial rumbo a 2027 y el equilibrio político interno del movimiento están en plena reconfiguración.
La presidenta iniciará actividades el sábado 21 de febrero en Monclova. Alrededor de las diez de la mañana encabezará un acto de entrega de viviendas, previsiblemente acompañada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Más tarde se trasladará a Saltillo para presidir el arranque de obra del Hospital General Regional, un proyecto que conecta con la narrativa federal de fortalecimiento del sistema de salud, uno de los ejes que Sheinbaum ha querido distinguir respecto al sexenio anterior. Hospitales y vivienda: infraestructura tangible, resultados medibles.
La gira continuará el domingo 22 en San Pedro de las Colonias, donde encabezará la entrega de apoyos sociales dirigidos a población urbana y ejidal. Y aquí la lectura es política: Coahuila es un estado donde la operación social federal convive con un gobierno estatal de oposición. No es territorio de Morena. No es bastión guinda. Es terreno de contraste.
La visita ocurre en un contexto interesante. Mientras a nivel nacional se discute el giro en seguridad, la reforma electoral descafeinada y las tensiones internas del obradorismo, Coahuila aparece como ejemplo de coordinación institucional. Ya lo vimos en la mañanera: reconocimiento explícito del secretario Omar García Harfuch al trabajo conjunto con el gobierno estatal.
El mensaje es claro: en Coahuila hay colaboración sin subordinación. Hay coordinación sin confrontación. Y eso políticamente le conviene a ambos lados.
Sheinbaum refuerza su narrativa de unidad nacional y operación eficaz. Manolo Jiménez consolida su posición como uno de los gobernadores mejor evaluados del país, con respaldo federal público en materia de seguridad.
En un país donde la polarización suele ser rentable, Coahuila ofrece otra fotografía: institucionalidad, estabilidad y acuerdos operativos.
La presidenta viene, entrega, arranca obra y se va. Pero deja mensajes. Y en política, los mensajes siempre pesan más que los actos protocolarios.
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