I.- EL FRAUDE QUE SUPLANTA A LA AUTORIDAD
La inseguridad no siempre se manifiesta con estruendo ni con patrullas a toda velocidad. A veces se cuela por el teléfono, con una voz firme que aparenta autoridad y que busca sembrar miedo. Eso es lo que hoy enfrentan comerciantes y ciudadanos en la Región Lagunera de Durango: una modalidad de fraude que suplanta a Protección Civil para extorsionar bajo la amenaza de multas o clausuras. En Gómez Palacio, el director de Protección Civil, Alfonso Mijares Ramírez, ha denunciado que falsos gestores están llamando a negocios para exigir pagos indebidos. La advertencia es clara: la dependencia no realiza inspecciones por teléfono, no solicita información técnica de instalaciones por esa vía y, mucho menos, programa cobros en sitio tras una llamada. Aun así, se reciben hasta diez reportes semanales por intentos de fraude, lo que evidencia que el problema no es aislado, sino sistemático. En Lerdo la situación no es distinta. El director Sinhué Ortiz Alba, informó que incluso un pequeño comerciante fue amenazado con el cierre de su local mediante una llamada similar. Se trata de un patrón que busca aprovecharse del desconocimiento y del temor legítimo que puede generar una supuesta sanción oficial. Este fenómeno revela varias aristas preocupantes. Primero, la vulnerabilidad de los pequeños negocios, que operan muchas veces al día con márgenes reducidos y bajo presión constante. Segundo, la sofisticación de quienes delinquen, al apropiarse del lenguaje institucional para dar credibilidad a la amenaza. Y tercero, la necesidad urgente de fortalecer la cultura de la denuncia y la verificación.
II.- PERSONAL IDENTIFICADO
Las autoridades han recordado que el personal oficial siempre acude en vehículos rotulados, con chalecos y gafetes de identificación. Ese dato, que podría parecer obvio, se vuelve crucial en un contexto donde la desinformación es terreno fértil para el engaño. Pero más allá de la alerta inmediata, el reto es mayor. La seguridad pública no solo implica combatir delitos violentos; también exige cerrar el paso a estas prácticas que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando un delincuente suplanta a una autoridad, no solo roba dinero: mina la credibilidad del gobierno y siembra sospecha en la relación entre autoridad y sociedad. La solución pasa por la prevención, la difusión constante de información oficial y la coordinación entre corporaciones. También por una ciudadanía más informada, que no ceda ante presiones telefónicas y que reporte de inmediato cualquier intento de extorsión a las líneas de emergencia. En tiempos donde la tecnología facilita la comunicación, también abre nuevas puertas al delito. La respuesta, entonces, debe ser igual de ágil y contundente. No se trata solo de advertir; se trata de blindar a la comunidad frente a quienes, desde el anonimato de una llamada, pretenden lucrar con el miedo.
III.- QUE LA MUERTE NO SEA UNA MULTA MÁS
A casi dos décadas de la tragedia en Mina Pasta de Conchos, el dolor sigue siendo una herida abierta en la memoria obrera del país. La visita de Napoleón Gómez Urrutia a Gómez Palacio no fue un acto protocolario más: fue un recordatorio de que la deuda con los trabajadores mineros sigue vigente y de que la impunidad no puede continuar disfrazada de sanciones administrativas. Acompañado por la senadora Margarita Valdés y la diputada Marina Vitela, el dirigente nacional minero anunció la presentación de una iniciativa ante la Cámara de Diputados para tipificar el “homicidio industrial”. La propuesta no es menor: busca que la negligencia empresarial en materia de seguridad deje de resolverse con multas y pase al terreno de la responsabilidad penal. El planteamiento parte de una verdad incómoda pero contundente: cuando por omisión, descuido o irresponsabilidad se mantienen condiciones inseguras, no estamos ante accidentes inevitables, sino ante decisiones que cuestan vidas. La diferencia entre un error administrativo y una conducta criminal radica en el resultado. Y cuando ese resultado es la muerte de un trabajador, el Estado no puede responder con una simple sanción económica. La figura de “homicidio industrial” abre un debate profundo. Por un lado, coloca en el centro la dignidad del trabajador y el derecho a regresar con vida a casa. Por otro, obliga a revisar hasta qué punto las leyes actuales han sido suficientes para prevenir tragedias. Si las multas no han sido disuasivas, si las sanciones administrativas no han cambiado conductas, entonces la discusión sobre penas de cárcel deja de ser radical para convertirse en necesaria. Sin embargo, el contexto actual añade una capa más de preocupación. Tras el encuentro sindical, Gómez Urrutia también se refirió a los hechos violentos en Concordia, donde diez trabajadores fueron secuestrados y cinco de ellos localizados sin vida. Este escenario confirma que el sector minero no solo enfrenta riesgos laborales históricos, sino también la amenaza creciente del crimen organizado. La combinación es alarmante: inseguridad en los centros de trabajo y violencia externa que pone en riesgo a quienes viven de la minería. En ambos casos, el denominador común es la vulnerabilidad del trabajador. La iniciativa sobre homicidio industrial no resolverá por sí sola la compleja realidad del sector, pero envía un mensaje político claro: la vida no puede ser una variable de ajuste en la ecuación empresarial. La rentabilidad no puede imponerse sobre la seguridad. Y la muerte de un obrero no puede quedar archivada como un “incidente”. Si algo dejó Pasta de Conchos, fue la lección de que la impunidad prolonga el dolor. Tipificar el homicidio industrial sería, al menos, un paso hacia la justicia preventiva: no esperar a que ocurra la tragedia para lamentarla, sino construir un marco legal que obligue a prevenirla.
