La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Julio Scherer Ibarra no eligió cualquier momento para reaparecer. Su libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder, escrito junto a Jorge Fernández Menéndez y concluido desde octubre, no es un ejercicio literario ni un ajuste emocional. Es un ajuste político. Y cae en un momento particularmente delicado para el obradorismo.
Su reaparición coincide simbólicamente con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General. No es casualidad. Scherer ha señalado al fiscal como uno de los principales instigadores de la ofensiva en su contra. Presentó denuncias que fueron desechadas. Hoy contesta con un libro que más que memorias parece expediente. Y apenas se conoció un capítulo.
En ese adelanto coloca en el centro de la escena a Jesús Ramírez Cuevas, vocero histórico de López Obrador y hoy coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. La acusación es delicada: sostiene que Ramírez utilizó su cercanía con el entonces presidente para impulsar un decreto a favor de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que habría costado alrededor de 27 mil millones de pesos al erario. Más aún, sugiere que parte de esos recursos terminaron financiando la campaña de Clara Brugada. De confirmarse, sería un golpe directo a la narrativa de austeridad y pureza que sostuvo la 4T durante seis años.
Pero no se detiene ahí. Scherer también desliza supuestos vínculos entre Ramírez Cuevas y el empresario asesinado Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue relacionado con presunto financiamiento político en el noreste del país. Según el testimonio, Carmona habría sido presentado a figuras como Mario Delgado y al propio López Obrador. Son señalamientos de alto calibre. Y no parecen improvisados.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que en su administración no hay corrupción. Lo repite con convicción. Sin embargo, algunos casos y ciertos funcionarios parecen empeñados en desmentirla.
El pasado 4 de febrero, una empresa de seguridad privada presentó una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, presidida por Ricardo Mejía Berdeja. El señalamiento es grave: acusa la existencia de filtros técnicos fabricados para excluir a competidores con experiencia comprobada mediante requisitos no previstos legalmente, como la certificación ISO 17024.
El objetivo, según la denuncia, sería favorecer sistemáticamente a un grupo de empresas encabezadas por SERPROSEP, proveedor recurrente en contrataciones públicas de vigilancia y seguridad.
Lo más delicado no es el pasado, sino el futuro. Según los oficios dirigidos a las autoridades, el esquema estaría por replicarse en próximas convocatorias del IMSS-Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Es decir, el mecanismo no sería aislado, sino replicable.
México volvió a ubicarse en los últimos lugares del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional. Obtuvo 27 puntos sobre 100 y se colocó en el lugar 141 de 182 países, dentro del quintil inferior del ranking global, al nivel de países como Pakistán y Camerún.
Es cierto que subió un punto respecto a 2024 —de 26 a 27— pero la propia organización advierte que variaciones marginales no representan cambios estructurales. La tendencia de fondo es clara.
No es percepción aislada. Es deterioro acumulado.
Y aquí aparece el punto neurálgico.
Transparencia Internacional sostiene que la principal barrera contra la corrupción es un Poder Judicial fuerte e independiente. Sin embargo, el nuevo diseño judicial mexicano —electo con bajísima participación y marcado por la influencia de los llamados acordeones— enfrenta cuestionamientos tempranos por contratos polémicos y decisiones alineadas con el partido gobernante.
El nuevo brote de sarampión en México pudo haber sido mucho peor. No lo fue en su momento porque entre 2010 y 2011 el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, emprendió una de las campañas de vacunación más amplias en la historia reciente del país. La Organización Panamericana de la Salud recomendó inmunizar a 19 millones de jóvenes de entre 19 y 29 años. México no solo cumplió la meta: la superó. Se aplicaron más de 23 millones de dosis.
Con el arribo de la 4T, el modelo cambió. Desde Palacio Nacional se optó por rediseñar la política sanitaria, se modificaron esquemas de adquisición, se centralizaron procesos y se interrumpieron dinámicas que habían sido constantes durante décadas. En ese periodo, Hugo López-Gatell asumió un papel protagónico en la conducción técnica de la política epidemiológica.
Hoy el país enfrenta un rebrote que ya suma 28 muertes y 2,467 casos confirmados. Las cifras son contundentes. Y lo más delicado es que no se trata de una enfermedad nueva ni de una vacuna inexistente. El sarampión es prevenible y la inmunización está disponible.
El problema no es tecnológico. Es administrativo y político.
Entre 2022 y 2025 el gobierno dejó sin ejercer 51 mil 537 millones de pesos destinados a vacunación. Solo en 2025 quedaron 645 millones sin utilizar. En términos presupuestales, el recurso estaba. En términos sanitarios, la cobertura no fue suficiente.
La salud pública no admite improvisaciones ni pausas sexenales. Los virus no distinguen entre proyectos políticos.
El sarampión no es solo un problema epidemiológico. Es un recordatorio de que las decisiones técnicas no pueden subordinarse a narrativas.
Y en este caso, el costo no se mide en puntos porcentuales. Se mide en vidas.
Lo dijimos aquí en diciembre pasado: no hay condiciones para una visita papal a México.
Pero esta semana el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, fue claro y contundente: el Papa León XIV no tiene programado ningún viaje ni a Estados Unidos ni a México.
Sin rodeos. Sin ambigüedades.
Bruni no explicó razones. El Vaticano rara vez lo hace. Pero el contexto habla por sí mismo:
México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio y el periodismo. La violencia contra miembros del clero ha sido documentada por organismos internacionales y por la propia Iglesia mexicana. Los asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales “El Gallo” y Joaquín Mora “El Mora”, el 20 de junio de 2022, siguen siendo una herida abierta. Más allá de la detención del presunto responsable, la percepción de impunidad permanece.
La narrativa oficial insiste en un dato contundente: una reducción del 42% en homicidios durante lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. La cifra se repite en conferencias, gráficas y reportes como prueba de un nuevo enfoque en materia de seguridad. Es el argumento central para sostener que el timón cambió.
Pero al mismo tiempo, otro dato corre en sentido contrario. México Evalúa documenta un crecimiento del 213% en desapariciones en la última década: de 4,144 en 2015 a 12,872 en 2025. Una cifra descomunal que no puede relativizarse con facilidad.
La realidad terminó por imponerse con el caso de los diez trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa. Cinco cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas. La versión oficial habló de una “confusión” por parte de un grupo criminal. Pocos la creyeron.
La minería es uno de los sectores más presionados por el crimen organizado. El derecho de piso no es secreto. Las represalias tampoco. Lo más revelador es que la localización de los cuerpos no provino de un sofisticado sistema de inteligencia, sino de una llamada anónima recibida en el C5 de Durango. Diecisiete días después del secuestro.
Esa es la fotografía completa.
Y en medio de ese escenario nacional complejo, apareció un contraste que no pasó desapercibido.
Mientras en varios estados el debate gira en torno a si la estrategia funciona o no, Coahuila volvió a colocarse en el centro de la conversación nacional. En la mañanera de Claudia Sheinbaum se reconoció públicamente la estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, especialmente en materia de seguridad.
No fue una mención protocolaria. En voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el Gobierno federal destacó la participación de la Policía de Coahuila en detenciones relevantes recientes. La palabra clave fue coordinación.
En un país donde la fragmentación institucional suele ser la regla, Coahuila aparece como modelo operativo. Y ese reconocimiento tiene nombre propio: Manolo Jiménez Salinas.
El gobernador ha mantenido una línea clara: inversión en equipamiento, fortalecimiento policial, trabajo permanente con fuerzas federales y liderazgo territorial. Sin estridencias, sin confrontaciones innecesarias, sin discursos grandilocuentes.
No es casual que hoy figure en el primer lugar nacional como el gobernador más confiable de México y uno de los mejor evaluados en seguridad en diversas mediciones.
Ponga atención. Febrero no es un mes cualquiera. Es el punto de arranque real para la definición de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.
La regla no escrita es sencilla: primero los delegados del Bienestar… salvo que exista un perfil con popularidad insuperable que obligue a modificar la ruta. Esa es la clave del proceso.
El mecanismo será escalonado. Primero vendrá una encuesta interna para ratificar a quienes ya están palomeados o, en su defecto, detectar aspirantes con posicionamiento social evidente.
¿Quién levantará esos números? No serán casas encuestadoras tradicionales. La estructura descansará en los operadores de programas sociales, los llamados Siervos de la Nación, que conocen el territorio sección por sección.
La segunda fase llegará en abril. Se designarán encargados estatales del reparto de programas sociales. No es una coincidencia administrativa. Es el preámbulo para convertirlos en candidatos formales hacia octubre o noviembre.
La operación proyectada hacia 2027 no tiene precedente, ni siquiera en los años del viejo PRI hegemónico. El cálculo es matemático. Existen alrededor de 74 mil secciones electorales en el país. A cada una se destinarían diez Siervos de la Nación. Eso implica 740 mil operadores. Cada uno comprometería a diez más, generando 7.4 millones de movilizadores. Y cada movilizador buscaría convencer a diez electores. El resultado teórico: 74 millones de votos.
La base de esta proyección son los beneficiarios de los programas sociales: Adultos Mayores, Mujeres del Bienestar, Salud Casa por Casa, Rita Cetina y otros esquemas. Sobre ellos descansa la estructura electoral.
En el papel, la operación luce perfecta. En teoría, significaría dominio absoluto en la Cámara de Diputados en 2027. Adiós oposición.
Pero la política no siempre obedece a fórmulas aritméticas.
Mientras tanto, la reforma electoral comienza a tomar forma y ya tiene beneficiarios claros. El PVEM y el PT conservarán sus plurinominales. Sin ellos, simplemente no sobreviven políticamente. Ricardo Monreal confirmó que no desaparecerán, aunque aún no se detalla el mecanismo final.
La fórmula que se perfila es sencilla: quienes hagan campaña, compitan y obtengan segundo lugar podrían acceder por lista. Morena confía en ganar la mayoría de los distritos; sus aliados aseguran así su supervivencia legislativa.
En San Luis Potosí el mensaje fue clarísimo. Ricardo Gallardo tendrá manos libres para definir la sucesión. Con reforma constitucional o sin ella, con discurso feminista o sin él, Ruth González Silva está lista para ser candidata.
En Quintana Roo el tablero también se mueve. El llamado Niño Verde, Jorge Emilio González, impulsa a Eugenio “Gino” Segura como sucesor de Mara Lezama. Pero emerge otro nombre con peso: Rafael Marín Mollinedo, actual titular de Aduanas y cercano a López Obrador desde los inicios. El eventual paso previo sería su llegada a la delegación del Bienestar. ¿La compensación al Verde? La alcaldía de Benito Juárez, Cancún, para Verónica Lezama. Política de compensaciones. Nada nuevo bajo el sol.
Mientras tanto, en Zacatecas se asoma Morena contra Morena. Saúl Monreal recibe señales, pero Ulises Mejía Haro construye estructura paralela con migrantes. En Campeche, Layda Sansores enfrenta una rebelión interna tras intentar imponer deuda pública por mil millones de pesos. Diez diputados morenistas rompieron disciplina, restauraron el fuero y exhibieron fractura. La respuesta presidencial fue críptica: “Serenidad y paciencia; amor y paz para todos”. Traducción política: crisis abierta.
La maquinaria es enorme. Pero también lo es el desgaste.
Y en Coahuila…
Mientras el oficialismo afina su operación nacional, en Coahuila el escenario es distinto.
Aquí no se decide desde delegaciones del Bienestar ni mediante operadores federales. El tablero local tiene dinámicas propias.
Morena y el PT han confirmado alianza en el estado, pero el contexto es diferente al del sur. Aquí no hay hegemonía guinda. Aquí el voto se disputa en territorio real, no en proyección matemática.
Y en medio de ese panorama, el PAN parece el verdadero patito feo de la contienda. Si usted recuerda nombres como Jorge Zermeño, Memo Naya, El Quillo, Sergio Lara o algunos más, entenderá que Acción Nacional vive una etapa terminal en Coahuila. Después de esta elección difícilmente levantará cabeza en 2027, 2029 o 2030.
En contraste, el gobernador Manolo Jiménez Salinas mantiene el primer lugar en las encuestas nacionales como el mandatario más confiable del país. No es un dato menor en un entorno donde la percepción lo es todo. Su principal activo ha sido la congruencia: coordinación con la Federación en seguridad sin estridencias, estabilidad institucional y resultados medibles.
Desde el 11 de diciembre pasado, la enfermedad obligó a Carlos Aceves del Olmo a retirarse de la dirigencia de la CTM.
Forzado por las circunstancias, Aceves convocó a la creación de un consejo provisional mientras arranca el proceso formal de sucesión. Pero la disputa es real y ya tiene nombres.
Entre los aspirantes figuran Fernando Salgado, Ismael Flores Cantú y Tereso Medina, este último señalado como el favorito de Aceves. Medina, líder de la Federación de Trabajadores de Coahuila y dirigente del sindicato nacional metal-mecánico, no es visto como un perfil renovador. Más bien representa continuidad. En contraste, Fernando Salgado, secretario general adjunto, intenta presentarse como una opción de reorganización mediante alianzas con bases laborales que durante años fueron desplazadas.
El efecto ha sido claro: fuga de liderazgos, pérdida de influencia y migración hacia estructuras cercanas a la 4T. El caso paradigmático es Napoleón Gómez Urrutia, cuyo regreso al país fue posible bajo el paraguas del fuero legislativo impulsado por López Obrador. No ha sido el único.
En ese vacío creció la CATEM de Pedro Haces. Hoy, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México es más numerosa, más influyente y más cercana al poder que la propia CTM. Haces no solo se independizó del viejo cetemismo; también lo derrotó en varios frentes internos. El último choque fue precisamente con Aceves del Olmo.
En la disputa por lo que queda —incluido su imponente edificio en la calle Vallarta— también aparece Gerardo Cortés García, del sindicato nacional de harineros y panificadores, vinculado a empresas como Bimbo México. Pero el fondo no es el inmueble ni los cargos; es la sobrevivencia.
El sindicalismo mexicano dejó de ser instrumento de presión corporativa para convertirse en pieza dentro del nuevo tablero político.
La pregunta es si la CTM entenderá que la nostalgia no es estrategia. O si celebrará su 90 aniversario como museo… de lo que fue.
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