I.- CUANDO LAS CIFRAS NO COINCIDEN, LA PERCEPCIÓN MANDA
En Gómez Palacio algo no cuadra. Mientras la CANACO advierte un incremento en los asaltos a tiendas de conveniencia, particularmente a la cadena Oxxo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) asegura que las cifras oficiales no coinciden con lo señalado por el organismo empresarial. En medio de esta discrepancia, el ayuntamiento ha salido a enviar un mensaje de calma: todo está bajo control. Pero cuando se trata de seguridad pública, no basta con que “los números oficiales” digan que la situación está estable. La percepción ciudadana, especialmente la del sector comercial, también cuenta. Y mucho. El titular de la DSPM, Luis Alberto Duarte, sostiene que existen únicamente 10 denuncias formales ante la Vice fiscalía, y que se han logrado cinco detenciones, todas de personas reincidentes. Incluso, destacó que en enero no hubo denuncias y que se trabaja en coordinación con cerca de 190 comités de seguridad, incluidos 15 específicos de tiendas Oxxo.
II.- POSTURA DE LA VICEFISCALÍA
Por su parte, el vicefiscal Juan Francisco Ángeles Zapata, respalda esta postura: las cifras oficiales se basan en denuncias formales y carpetas de investigación debidamente integradas. Sin denuncia, no hay delito estadístico. Sin dictamen pericial, no hay judicialización posible.
Y ahí está el punto neurálgico del debate. Si la CANACO habla de más asaltos de los que reconocen las autoridades, ¿estamos frente a una cifra negra elevada? ¿Hay robos que no se denuncian por desconfianza o por considerar que no vale la pena hacerlo? ¿O existe una sobredimensión del problema por parte del sector empresarial? Reducir el tema a una diferencia de números es simplificarlo demasiado. El fondo es la confianza. Cuando los comerciantes sienten que la incidencia va en aumento, aunque las estadísticas formales no lo reflejen, el problema ya existe en el ánimo colectivo. La seguridad no es solo un indicador técnico; es también una percepción social. Y cuando esa percepción se deteriora, impacta en inversión, empleo y tranquilidad ciudadana.
Es positivo que haya coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que se realicen detenciones y que se refuercen protocolos como el uso del botón de pánico, la capacitación del personal y el ajuste de horarios. Pero también, sería sano reconocer que el diálogo con el sector empresarial no puede convertirse en un intercambio de descalificaciones.
III.- ¿TODO ESTÁ EN ORDEN EN GÓMEZ PALACIO?...
La autoridad afirma que todo está en orden. La CANACO sostiene que los asaltos preocupan. Entre ambas posturas queda la ciudadanía, preguntándose a quién creerle. Quizá el verdadero reto no sea ganar la discusión pública sobre las cifras, sino transparentarlas por completo, homologar criterios y abrir mesas de trabajo donde los datos sean compartidos con claridad. Porque cuando Ayuntamiento y sector empresarial no logran ponerse de acuerdo en algo tan sensible como la seguridad, el mensaje que se envía no es de control, sino de desconexión.
En seguridad pública, minimizar tampoco ayuda. Pero exagerar, tampoco.
Lo que Gómez Palacio necesita no es una competencia de estadísticas, sino una estrategia clara, verificable y consensuada que devuelva algo más importante que cualquier número: la confianza.
IV.- GUILLERMO ADAME SE VA CON TODO CONTRA LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR
El programa federal La Escuela es Nuestra nació con una premisa atractiva: entregar directamente los recursos a madres y padres de familia para que decidieran en qué invertir en sus planteles. La idea, en el papel, parecía empoderar a la comunidad escolar y eliminar intermediarios. Sin embargo, en Durango —particularmente en la región Laguna— la realidad está exhibiendo las grietas de un modelo que privilegió lo político sobre lo técnico. El secretario de Educación del estado, Guillermo Adame Calderón, ha encendido una alerta seria: existen planteles con problemas eléctricos derivados de obras e instalaciones realizadas sin acompañamiento especializado. Aires acondicionados colocados sin estudios de carga, infraestructura que rebasa la capacidad de los transformadores y fallas que hoy afectan el servicio educativo. No se trata de culpar a los padres de familia. Ellos hacen lo que consideran mejor para sus hijos con los recursos disponibles. El problema es estructural: las reglas de operación del programa, diseñadas por la Secretaría del Bienestar, excluyen la intervención formal de instancias técnicas estatales o especializadas como el INIFED. Es decir, se deposita el dinero, pero no el conocimiento. Una escuela no es una vivienda particular. Su infraestructura eléctrica, hidráulica y estructural responde a cálculos específicos. Alterarla sin estudios previos no es solo un error administrativo; es un riesgo técnico y financiero. Cada transformador dañado, cada sobrecarga, cada falla representa recursos adicionales que deberán destinarse a corregir lo que pudo prevenirse: Que la Secretaría de Educación haya tenido que reunirse al menos tres veces con la CFE para buscar soluciones revela la magnitud del problema. La pregunta de fondo es inevitable: ¿Por qué un programa que maneja recursos públicos para infraestructura escolar no contempla obligatoriamente supervisión técnica institucional?
