La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Estados Unidos nunca ha sido discreto en la relación bilateral. Ni lo fue ayer ni lo es hoy.
En la relación con Washington, la confidencialidad dura lo que conviene.
Hoy, a Claudia Sheinbaum, le está ocurriendo algo parecido.
Washington ya montó un esquema de vigilancia sobre los proveedores energéticos de Cuba, aunque la presidenta niegue haber adquirido compromiso alguno. Y no se trata solo de crudo.
Y como aquí siempre adelantamos escenarios, van más datos.
Marco Rubio mantiene diálogo constante con la comunidad cubana en Florida, pero también con actores de la cúpula habanera. El primer tema sobre la mesa no es ideológico, es logístico: ¿a dónde mandar a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a varios más cuando llegue el momento? No se trata de discursos ni de consignas; se trata de salidas, refugios, tiempos y costos.
Y el remate, que explica la tensión regional:
No se planea una invasión a Cuba. Pero en los tableros de la geopolítica ya se asoma la posibilidad de un acuerdo con Rusia para acelerar un cambio de régimen, a escasos kilómetros marítimos del territorio mexicano. Presión económica, asfixia energética, aislamiento diplomático y salidas negociadas: el manual está escrito desde hace décadas.
Y aquí entra el dato incómodo que ya circula en corrillos diplomáticos y judiciales:
En Cortes federales de Estados Unidos se mueven expedientes vinculados al sector energético mexicano, particularmente a esquemas de corrupción en Pemex, con nombres que ya no pertenecen al pasado, sino al corazón del obradorismo.
Como en tiempos de Zedillo, la historia se repite: Washington habla, decide… y luego filtra. Y a México, otra vez, le toca enterarse después.
El pasado 14 de enero, tras una llamada de 14 minutos con Claudia Sheinbaum, el mandatario republicano reiteró su rechazo a que México siguiera enviando crudo a La Habana, y al menos hasta ahora los envíos han sido cancelados o pospuestos, en línea con el informe de Bloomberg sobre la remoción de los cargamentos del calendario de Pemex coincidiendo con la presión de Washington.
Pero no fue la única primicia que después se confirmó. La semana pasada también adelantamos el plan federal para respaldar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, asegurar su permanencia hasta el final de su sexenio y cerrar filas desde el centro.
Ese dato se confirmó días después con la visita de Sheinbaum a Baja California, un acto que funcionó tanto como señal política como operación de contención interna.
De ahí el cierre de filas en Baja California. De ahí la advertencia a legisladores. De ahí el mensaje implícito a entidades como Coahuila, Campeche y otros donde Morena sigue más ocupado en dirimir liderazgos que en construir base social.
La presión de Trump no solo empuja decisiones de política exterior. Ordena la política interior. Obliga a la presidenta a ejercer el poder sin titubeos y a recordarles a los suyos que el proyecto no es un botín, sino una responsabilidad.
Y en política, cuando el centro se endurece, no es por capricho: es porque el margen de error se agotó.
El regaño no fue anécdota: el video se volvió viral, pero el fondo es más profundo.
El dato relevante no es el regaño. Es lo que detonó. En Palacio Nacional tomaron nota. Y no sólo por Baja California.
El problema, sin embargo, no es exclusivo del sureste.
En Coahuila ocurre algo parecido.
Diputados locales, regidores y figuras municipales de Morena llevan meses más concentrados en disputarse quién representa “la voz legítima del movimiento” en el estado que en hacer trabajo territorial. No hay coordinación, no hay narrativa común y, lo más grave, no hay presencia constante en colonias, ejidos ni comunidades.
Cada uno juega su propio partido.
Eso también se ve desde Palacio Nacional.
Porque para la presidenta el riesgo es el mismo en Baja California, Campeche o Coahuila: que el movimiento empiece a parecerse demasiado a lo que prometió erradicar. Que el poder se administre hacia adentro y se olvide hacia afuera.
Hay memoria. Y hay antecedente.
San Quintín fue el escenario, pero el destinatario es nacional. Y en estados como Coahuila, donde Morena sigue sin aterrizar una estrategia clara de territorio, el mensaje debería leerse con atención.
Adán Augusto: relevo, supervivencia y reacomodo del obradorismo.
Todo comenzó antes de lo que hoy se reconoce públicamente.
La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado no fue un hecho aislado, sino parte de un reacomodo mayor cuyo objetivo es llegar ordenados a 2027: 17 gubernaturas en juego y la renovación total de la Cámara de Diputados.
Lejos de un castigo, a Adán Augusto se le asigna un encargo protagónico, pero distinto. Deja la vitrina institucional de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para volver a la operación territorial, donde siempre ha sido más eficaz. La instrucción es clara: fortalecer candidaturas, cerrar filas regionales y servir de enlace político con Palenque, ese rancho cuyo nombre —dicen algunos— ya incomoda en ciertos círculos.
El movimiento tiene una explicación adicional. Según versiones recogidas dentro del partido, Andrés Manuel López Beltrán —secretario de Organización de Morena— perdió la confianza de la presidenta. La confrontación con Claudia Sheinbaum no fue privada ni menor. Como dirigente partidista, Andy se habría resistido a acatar líneas institucionales, consultando directamente a su padre qué podía o no hacer, en lugar de atender a Palacio Nacional o a la dirigencia formal.
La reacción presidencial fue tan seca como política: “recuerda que no tienes fuero”. Ahí se marcó el distanciamiento. Y ahí entra Adán Augusto como línea conductora del sur al centro, para seleccionar prospectos, aplicar estrategias y evitar que el partido se fracture rumbo a las elecciones.
Los siguientes movimientos darán más pistas. En las próximas semanas se conocerá quiénes serán enviados como delegados especiales del Bienestar a los estados, con una misión no escrita pero evidente: ir por los palacios de gobierno.
El Grupo Tabasco y el espejo de Atlacomulco, aquí aparece el paralelismo histórico.
Todavía se debate si el expresidente retiró el manto protector a su “hermano” político o si las presiones internas y externas —especialmente de Estados Unidos— precipitaron un movimiento que estaba previsto más adelante. Lo cierto es que sorprendió incluso a su propia bancada.
El Grupo Tabasco aún conserva posiciones clave: Octavio Romero Oropeza en el Infonavit, y en el sexenio pasado controló espacios como el SAT, la Tesorería de la Federación y el gobierno de Chiapas, entonces en manos de Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto.
La salida de Adán Augusto cierra un ciclo de desgaste que llevaba casi un año acumulándose. Todo se aceleró en febrero de 2025, cuando se hizo pública la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. A partir de ahí, el tabasqueño pasó de operador clave del obradorismo a lastre político permanente.
Pese a todo, resistió. Mantuvo la coordinación, el respaldo de la bancada y nunca enfrentó una investigación formal. El mensaje era claro: los escándalos no bastaban para moverlo.
Hasta que el contexto cambió… ¿Presión desde Washington?
El momento de la renuncia no es casual. Durante 2025, el gobierno de Sheinbaum enfrentó una presión creciente de Estados Unidos: entregas de capos, despliegues en la frontera, operativos contra el fentanilo y la cancelación de envíos de petróleo a Cuba.
Nunca se probaron formalmente las supuestas exigencias de Trump para entregar políticos. Pero con la salida de Adán Augusto, esas versiones reaparecen.
Salida pactada, futuro intacto.
Dentro del partido, la lectura es doble. Adán Augusto fue opositor interno de Sheinbaum desde la contienda presidencial y, como coordinador, bloqueó reformas incómodas, como la del nepotismo electoral. Su salida fortalece a la presidenta, pero no elimina su influencia.
Un día después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adán Augusto aseguró que su renuncia fue “personal” y que nadie se la pidió. La versión oficial dice que avisó a Rosa Icela Rodríguez y que se va “en buena onda”. La versión política es otra.
Porque nada de esto ocurre sin el visto bueno de Palenque.
Y porque en Morena, como en la vieja política, no siempre cae el que se va. A veces, sobrevive el que cambia de trinchera.
Coahuila: alianzas, ventajas y una oposición en extinción.
En Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo escenificaron unidad, pero nadie en el cuarto de guerra se engaña: no se trata de un proyecto ideológico compacto, sino de una alianza administrada con bisturí. La presencia de Luisa María Alcalde y Alberto Anaya sirvió para confirmar que competirán juntos en la elección del 7 de junio, cuando se renovará el Congreso local. Un día antes, con la mira puesta en 2027, el gesto incluyó también al Verde.
El mensaje fue directo: la coalición se maneja con pragmatismo, no como un bloque monolítico. Cada partido cuida su parcela. Por lo pronto, este año el Partido Verde irá con candidaturas propias en los 16 distritos, en un estado que está por cumplir casi un siglo de dominio priista en la gubernatura, pero cuyo Congreso dejó hace tiempo de ser monocolor. La apuesta no es el Ejecutivo, es ensanchar posiciones legislativas en un tablero cada vez más plural.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas no sólo mantiene control político del estado, sino que encabeza las encuestas nacionales como el gobernador mejor evaluado y más confiable de México. No es un dato menor en un contexto donde la mayoría de los mandatarios estatales navegan entre desgaste, confrontación o crisis de seguridad.
Ese posicionamiento no proviene de discursos estridentes ni de pleitos con la federación, sino de un principio básico que hoy escasea en la política nacional: congruencia. Discurso alineado con acción, coordinación institucional sin estridencias y resultados medibles. Mientras en otros estados Morena y sus aliados libran batallas internas, en Coahuila el gobierno estatal mantiene estabilidad, control territorial y agenda propia.
Y aquí aparece el gran ausente: el PAN.
Acción Nacional en Coahuila atraviesa su fase terminal. Hoy, si usted hace memoria y enumera nombres como Jorge Zermeño, Memo Anaya, Gerardo “El Quillo” Aguado, Sergio Lara Galván, Chuy de León Tello o cualquier otro referente histórico, lo que observa no es renovación, sino extinción. Sin estructura, sin liderazgo visible, sin discurso y sin territorio, el PAN se ha convertido en el patito feo de la elección.
Después de esta contienda, difícilmente volverá a levantarse. Ni en 2027, ni en 2029, mucho menos en 2030. En Coahuila, Acción Nacional parece haber firmado ya su certificado de defunción política.
Campeche: el espejo invertido.
Ahora son diputados locales de Morena quienes desafían abiertamente los principios de la 4T. Un grupo de diez legisladores, encabezados por Antonio Jiménez, rompió la disciplina partidista y se aliaron con la oposición para restaurar el fuero constitucional, reformando —en una sesión a puerta cerrada— la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
No fue un desliz. Fue una decisión política calculada.
En lo político, la movida apunta a debilitar a Morena desde dentro, erosionar la narrativa de “mayoría moral” y abrirle espacio a la oposición en vísperas de un ciclo electoral que ya asoma complicado. En lo legal, la restitución del fuero no es inocente: ofrece protección anticipada en un contexto de investigaciones sensibles.
Campeche muestra lo que ocurre cuando el poder se fragmenta, los liderazgos se desalinean y la disciplina se rompe. Coahuila, en cambio, exhibe lo contrario: congruencia, control político y ventaja electoral.
Dos estados. Dos rutas. Y una lección incómoda para Morena: la unidad no se decreta; se administra.
La alianza aguanta… la reforma no.
Nadie se engaña. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo seguirán aliados durante el resto del sexenio. La instrucción baja clara desde Palacio Nacional: no romper el bloque en un momento donde la presión externa —Washington, seguridad, comercio— y la interna —gobernadores, congresos locales, 2027— exige cohesión.
Pero una cosa es la alianza electoral y otra muy distinta tragar completo la reforma electoral.
Ahí está el verdadero nudo político de este cierre de semana.
La resistencia ya no es discreta. El senador chiapaneco Luis Armando Melgar ha sido frontal: no hace falta una reforma electoral si se vulneran los principios de la democracia y la representatividad. No habla solo. A su lado, Manuel Velasco sostiene la misma línea: aliados sí, subordinados no.
Los plurinominales no se van.
La discusión no es nueva. Desde Carlos Salinas de Gortari se habla de recortar plurinominales; Enrique Peña Nieto también lo prometió; Andrés Manuel López Obrador lo revivió con fuerza el 6 de febrero de 2024, y hoy Claudia Sheinbaum carga con esa herencia política.
El encargado de empujar el proceso, Pablo Gómez, ha dejado entrever algo más delicado: relativizar la autonomía del INE, encabezado por Guadalupe Taddei. Y ahí la resistencia crece, incluso entre aliados que han acompañado a Morena en casi todo.
Porque una cosa es abaratar elecciones y otra muy distinta debilitar al árbitro en un contexto donde Morena ya enfrenta rupturas internas, como en Campeche, o tensiones abiertas con el PT, como en Oaxaca.
La salida intermedia.
En medio del jaloneo empieza a tomar forma una opción pragmática: listas de plurinominales, no su eliminación. “Es la mejor salida” —dice Hugo Éric Flores—“en Baja California funcionó y permitió construir mayorías sin borrar la representación”.
Mientras Coahuila exhibe congruencia, control y un gobernador —Manolo Jiménez— que encabeza las encuestas nacionales de confianza, otros estados muestran fisuras, alianzas tensas y legisladores que juegan por la libre.
Coahuila hoy camina con otra lógica: orden, congruencia y tiempos claros. Los fuegos artificiales personales no solo no ayudan, estorban. Y eso, tarde o temprano, también pasa factura.
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